Por desgracia, cada vez estoy más convencido de que el sistema político español se asemeja a una ecuación de primer grado, en la que la única y suprema incógnita que despejar es la suma de votos. De ahí que a los políticos se les sorprenda en no pocas ocasiones con el pie cambiado, y deban apresurarse a resolver los problemas ocasionados por la conducta social cuando éstos ya han ingresado en el santuario de la alta matemática. Y sorprende que sea así cuando han de administrar a una sociedad en exceso transparente, dócil la mayor parte del tiempo y aún anclada en una consideración de los poderes públicos demasiado simplista, basada fundamentalmente en la convicción de que de ellos han de emanar todas las acciones encaminadas a preservar su bienestar, sin que medie para lograrlo el esfuerzo o la consideración de la excelencia. De ahí que se acepte la concesión de responsabilidades esenciales para el buen desarrollo social y económico de una sociedad a individuos que no han acreditado su capacidad para desempeñarlas, y que están donde están porque han sido designados por aquellos que han obtenido la confianza popular en las urnas. Así, España se ha convertido en un país de listas, en cuya composición no participa el ciudadano y que se convierten en nóminas difusas de una opción partidista, que aplica para su composición máximas no siempre acordes con las necesidades reales del deseado electorado. Disciplina y lealtad corporativa son los axiomas que naturalizan la carrera política, y todo aquel que decida emprenderla ha de saber -y sabe- que debe renunciar a una parte importante de su personalidad y, en no pocas ocasiones, a su libertad intelectual. El cálculo electoral preside todas las decisiones de los partidos políticos y sus electos, lo cual contribuye a adulterar la acción legislativa convirtiéndola en un mercado de intereses y conveniencias que destruye la más esencial doctrina democrática, y que ensombrece la percepción que todo representante político con poder o sin él ha de tener de la realidad social y económica del territorio que administra. Al disidente, ese que experimenta una claridad de ideas repentina y reconoce sus errores, sólo le queda el camino de la dimisión y el olvido. Y siendo la carrera política una vía tan atractiva para alcanzar la notoriedad social y económica, imposible o al menos improbable en condiciones normales, comprendo que nuestras personalidades electas convivan a diario con el espectro del miedo y rindan ante él buena parte de sus actos.
La dimisión de Alex de la Iglesia como presidente de la Academia del Cine es el perfecto corolario del estado de postración en el que se encuentra el debate de ideas en nuestro país. Alguien que ya no ha de demostrar su valía profesional, pues pruebas de ello hay en cantidad, asumió un cargo institucional de alta notoriedad social con el deseo manifiesto de ordenar la casa con método y sentido común. Consciente del enorme poder de la razón y las palabras, el cineasta casi consiguió conjurar la entropía en la que se hallaba el universo del cine en España, devolviendo la ilusión a sus habitantes, restañando viejas heridas, y dotando de verosimilitud a un oficio sumido en la incomprensión popular. Labor digna de encomio si no hubiese sido por el ingenuo idealismo de su artífice. Mientras se dedicó a gestionar las labores domésticas del cine español todo fue bien, aun con difíciles tareas como pulir la controvertida Ley del Cine. Pero bastó que se viera obligado a traspasar el umbral de la cómoda madriguera corporativa, y enfrentarse con las fieras sociales y políticas en la pugna por la mal denominada 'Ley Sinde', para que toda la utopía que sustentaba su gestión fuese aniquilada en un par de embates.
Políticos, artistas, empresarios y usuarios de Internet -más que menos organizados- libran una batalla caracterizada por la confusión: todos contra todos sin saber muy bien quien es el enemigo. Mientras, esos entes difusos que hacen caja con el bien ajeno permanecen emboscados en los alrededores de la liza, esperando a que los contendientes se despedacen, sabedores de que sus negocios están a salvo bien protegidos por la inmensidad tecnológica y una errónea concepción social del valor del producto cultural. Aprovechan éstos el miedo -en eso estoy de acuerdo con las reflexiones de Amador Fernández-Savater-, la ignorancia y los intereses particulares para fortalecer sus métodos, pero con esas plumas se escribe la historia de los despropósitos y no creo que el resultado de todo este proceso solucione un mal arraigado en el hábito de la ciudadanía.
Quizás si se centrara el debate en la cuestión esencial, que no es otra que el uso indebido de los bienes ajenos, y no en lo circunstancial, que son los métodos para disponer de aquellos, se podría lograr apaciguar el ánimo y alcanzar lugares comunes en los que nadie resultase perjudicado. Pero si los políticos siguen atendiendo a sus intereses electorales y los usuarios de internet se enrocan en la defensa del fraude, movidos por una falaz interpretación de la libertad, es difícil que en España se pueda proteger el producto cultural de las agresiones de los depredadores.
Una retirada a tiempo es una victoria, afirman los teóricos de la guerra. Y Alex de la Iglesia ha sabido tomar una decisión poco habitual en quienes saborean las mieles del poder. La metafísica de este desencuentro es lo más triste e inquietante, porque si quien desea poner cordura en el delirio ha de retirarse a sus aposentos derrotado por los burócratas, representantes espurios de la voluntad popular, el futuro de la cultura de este país, y de éste en sí mismo, se me antoja amenazante.
Repentinas reflexiones inducidas por la rutina, esbozos de lo que quizás pueda ser o no y emociones que me producen la música, el arte o la literatura, y que me gusta compartir.
miércoles, 26 de enero de 2011
lunes, 17 de enero de 2011
La perversión de la controversia
Debo expresar mis reservas acerca de la capacidad intelectual del individuo que, al parecer, fue quien agredió al consejero de Cultura murciano pues, si se confirma su delito, con el historial que identifica su personalidad difícilmente podría aceptar que tuviese alguna inquietud ideológica lo suficientemente estructurada como para relacionarlo con una opción política convencional. Quien emplea la violencia gratuita para expresar sus sentimientos carece de la estabilidad emocional precisa para ser aceptado como parte de una grupo social.
Espero por tanto que todos esos periodistas concienciados que vienen relatando los sucesos que acontecen desde que el político murciano fuera salvajemente atacado, aportando información y opiniones no siempre veraces o suficientemente contrastadas, sean capaces de analizar ahora con profesionalidad los hechos y mostrar la realidad en su justa dimensión y significado. Para empezar sería conveniente que explicaran qué entienden por extrema izquierda, y las razones que les llevan a relacionar al individuo detenido con esa opción ideológica. Luego deberían continuar discerniendo entre la naturaleza real de la agresión y las acusaciones gratuitas de connivencia entre los agresores y el discurso político de los partidos de izquierda, que han vertido tanto representantes del Gobierno regional como del partido al que pertenecen. Sería muy grave que, ya que no han sido capaces de imprimir prudencia a las primeras informaciones, una vez demostrada la relación de dicho individuo con esa agresión, no restablezcan la verdad o exijan que lo hagan a quienes expresaron esas calumnias con total desprecio de la responsabilidad exigida en el desempeño de su labor pública.
Sería igualmente grave y condenable que quedara impregnada en la opinión pública la sospecha de que esa agresión despreciable ha tenido su origen en la legítima controversia política, expresada por los partidos de la oposición, los sindicatos y cuantos ciudadanos la aceptan y apoyan.
Siento un intenso asco por quienes se valen de la violencia para saciar sus emociones, y una profunda tristeza por el daño que ha sufrido el consejero. Nadie merece un trato semejante. Pero estoy convencido de que quienes le agredieron no lo hicieron por razones personales o ideológicas, sino por esas pulsiones desnaturalizadas que caracterizan a las personas socialmente inadaptadas y emocionalmente desestabilizadas. No creo que los inadaptados precisen de un más o menos acalorado debate político o de frecuentes protestas sociales con lemas enfáticos, como argumentos para estimular su ya esencial gusto por la violencia. Sencillamente, como las alimañas, esperan el momento propicio para llevar a cabo sus fechorías.
Por eso, deseo que la serenidad y la cordura se impongan en el debate político, pues de otra forma sólo se les estaría otorgando a los violentos el caos que persiguen. Superado el choque emocional, debe la derecha reconocer su exceso y, si no pedir disculpas como sería apropiado, al menos alejar la controversia política de las garras de la perversión a la que se empeñan en conducirla con un incongruente sentido de la competición, que no contribuye a ofrecer a la ciudadanía la necesaria confianza para sentirse protegidos.
Me consta que Pedro Alberto Cruz es una persona inteligente y, por eso, sólo espero de él que, cuando se recupere, aporte la necesaria sensatez para que los acontecimientos transcurran a partir de ahora por los caminos de la razón.
Espero por tanto que todos esos periodistas concienciados que vienen relatando los sucesos que acontecen desde que el político murciano fuera salvajemente atacado, aportando información y opiniones no siempre veraces o suficientemente contrastadas, sean capaces de analizar ahora con profesionalidad los hechos y mostrar la realidad en su justa dimensión y significado. Para empezar sería conveniente que explicaran qué entienden por extrema izquierda, y las razones que les llevan a relacionar al individuo detenido con esa opción ideológica. Luego deberían continuar discerniendo entre la naturaleza real de la agresión y las acusaciones gratuitas de connivencia entre los agresores y el discurso político de los partidos de izquierda, que han vertido tanto representantes del Gobierno regional como del partido al que pertenecen. Sería muy grave que, ya que no han sido capaces de imprimir prudencia a las primeras informaciones, una vez demostrada la relación de dicho individuo con esa agresión, no restablezcan la verdad o exijan que lo hagan a quienes expresaron esas calumnias con total desprecio de la responsabilidad exigida en el desempeño de su labor pública.
Sería igualmente grave y condenable que quedara impregnada en la opinión pública la sospecha de que esa agresión despreciable ha tenido su origen en la legítima controversia política, expresada por los partidos de la oposición, los sindicatos y cuantos ciudadanos la aceptan y apoyan.
Siento un intenso asco por quienes se valen de la violencia para saciar sus emociones, y una profunda tristeza por el daño que ha sufrido el consejero. Nadie merece un trato semejante. Pero estoy convencido de que quienes le agredieron no lo hicieron por razones personales o ideológicas, sino por esas pulsiones desnaturalizadas que caracterizan a las personas socialmente inadaptadas y emocionalmente desestabilizadas. No creo que los inadaptados precisen de un más o menos acalorado debate político o de frecuentes protestas sociales con lemas enfáticos, como argumentos para estimular su ya esencial gusto por la violencia. Sencillamente, como las alimañas, esperan el momento propicio para llevar a cabo sus fechorías.
Por eso, deseo que la serenidad y la cordura se impongan en el debate político, pues de otra forma sólo se les estaría otorgando a los violentos el caos que persiguen. Superado el choque emocional, debe la derecha reconocer su exceso y, si no pedir disculpas como sería apropiado, al menos alejar la controversia política de las garras de la perversión a la que se empeñan en conducirla con un incongruente sentido de la competición, que no contribuye a ofrecer a la ciudadanía la necesaria confianza para sentirse protegidos.
Me consta que Pedro Alberto Cruz es una persona inteligente y, por eso, sólo espero de él que, cuando se recupere, aporte la necesaria sensatez para que los acontecimientos transcurran a partir de ahora por los caminos de la razón.
El discurso de las bestias
Una de las apoteosis en las fiestas de los Caballos del Vino es la subida al castillo de Caravaca de la Cruz. Consiste el festejo en que las bestias engalanadas que antes han desfilado por la localidad, asciendan en el menor tiempo posible a la cima de una empinada cuesta abarrotada de público. Para conseguir un buen resultado, los mozos excitan al jamelgo azotando sus testículos con una fina y flexible vara de madera; luego, cuando consideran que el animal está suficientemente estimulado, lo lanzan en frenética carrera guiado por unos cuantos de esos peculiares conductores mientras la muchedumbre se aparta conforme avanza la comitiva. Ese trayecto está limitado por la muralla del castillo a un lado y un barranco no muy profundo aunque escarpado al otro, y no es raro que durante el acontecimiento haya algún espectador que resulta herido. El plano de visión que ofrece la cuesta a quien se encuentra en ella esperando la llegada de las bestias, impide comprobar la dirección de éstas hasta que están prácticamente encima, a menos que se fije la mirada en el penacho que remata la testuz del jamelgo para seguir su derrota y poder apartarse antes de ser arrollado. Quien participa en esta carrera, ya sea competidor o espectador, sabe del riesgo que corre. El único actor que es ajeno a las consecuencias de sus actos es el caballo.
Si los políticos estudiaran más la Historia sabrían que cuando se han empeñado en tensar demasiado el hilo invisible que les une a la sociedad que han prometido atender y a la que, les guste más o menos, siguen perteneciendo, no suelen salir bien parados. La ciudadanía tolera sus privilegios siempre que se siente atendida en sus necesidades básicas, y disfruta de la seguridad que le permite aspirar a la mejora de sus condiciones de vida. La reivindicación o la protesta en esas circunstancias se percibe como un matiz que modera el equilibrio en dicha relación, pero nunca como una amenaza. El político siempre debe tener en cuenta su personal contingencia, y más aún cuando se viven momentos tan difíciles como los presentes.
Aunque muchos se empeñen en relativizarlo, en España se ha roto ese equilibrio. Las especiales características de esta crisis han dibujado un escenario muy exigente para las emociones, al quebrarse la capacidad de las instituciones para moderar el efecto del deterioro económico. Esa circunstancia no sólo ha dado lugar a las consecuencias tradicionales de cualquier crisis, como son la recesión productiva, el aumento del paro y el empobrecimiento de la población, sino que ha diluido las expectativas privando a la sociedad de la imprescindible seguridad que les permite afrontar el devenir como una oportunidad y no como un riesgo. Esa falta de perspectiva tiene un componente emocional que se refleja en la percepción social de los privilegios políticos, despejando el camino para que transiten libremente la demagogia, la manipulación y las pasiones.
Los políticos deberían tener en cuenta ese componente emocional para administrar con prudencia sus actos y sus palabras. La ciudadanía ve debilitada su fortaleza intelectual y se torna permeable a los instintos; corren así sus miembros el riesgo de convertirse en bestias. Para un político desaprensivo es el material propicio para alcanzar la cima del poder en el menor tiempo posible y ganar así la competición. Enmascara la evidencia del deterioro de su imagen ante una sociedad agraviada por su ineficacia, empleando un discurso banal y demagógico pero peligrosamente cargado de agresividad y victimismo. Esas arengas surten un efecto nocivo en una masa social cautiva de las pasiones y carente de sentido crítico, en la que no todos son capaces de discernir el método idóneo para resolver los problemas, ni de interpretar con acierto los actos y decisiones de quienes consideran responsables del daño que les aflige.
Saben o deberían saber los políticos que vivimos momentos trágicos, en buena medida causados por una gestión nefasta de los recursos públicos. Por eso no es hora de alardes ni de soberbia, sino de cautela, solidaridad y diálogo. Se espera de ellos altura de miras, sentido de Estado y, sobre todo, recato. Su figura está en entredicho provocada por una quiebra de la confianza social, ante la cual sus privilegios se advierten como un agravio más que añadir a una larga lista de actitudes intolerables para ciudadanos que sufren unas condiciones de vida inaceptables. Sabe o debería saber cualquiera que asuma una actividad pública que este es el escenario propicio para la irresponsabilidad. Saben o deberían saber esas mismas personas públicas que la legítima reivindicación de los derechos sociales y laborales no puede convertirse en coartada de las ambiciones políticas, como tampoco debe ser el argumento para justificar una mala administración. Y saben o deberían saber que es muy grande el riesgo de no cuidar las formas.
Por todo esto considero incomprensible que, ante un hecho tan lamentable como la agresión infligida al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, aquellos que han de dar ejemplo de prudencia y responsabilidad sigan atizando la incongruencia, con sermones emotivos y acusaciones arbitrarias, en vez de apelar a la cordura e interpretar con cautela y sensatez un suceso que en nada tiene que ver con la legítima aspiración de una sociedad, ajena por completo a esas actitudes incontroladas y vergonzosas. Demonizar una ideología relacionándola con actos de esa naturaleza o culpar al adversario político de alentarlos, no son más que ejemplos de un ladino oportunismo que sólo consigue excitar aún más los ánimos y alimentar el discurso de las bestias.
Es el momento de la reflexión. Hechos como al que me refiero deberían servir para dar una oportunidad al entendimiento y no para alentar la confrontación con argumentos falaces e insultantes. Es necesario despojar al discurso público de agresividad y banalidad, y conferirle un sentido constructivo en el que la controversia y el debate de ideas primen sobre el axioma doctrinario o partidista. En la misma medida, conviene relativizar el contenido de la protesta por parte de sus receptores, a la vez que quienes la administran sean capaces de impedir los actos de vandalismo verbal y material, identificando y expulsando a quienes los cometan. En fin, si el civismo y la sensatez se impusieran en el empeño por hallar soluciones a esta maldita crisis, posiblemente no tendríamos que lamentar más agresiones como la sufrida por Cruz ya que habríamos aprendido a seguir el penacho de las bestias en su frenético ascenso a la cima y sabremos apartarnos antes de que nos arrollen.
Si los políticos estudiaran más la Historia sabrían que cuando se han empeñado en tensar demasiado el hilo invisible que les une a la sociedad que han prometido atender y a la que, les guste más o menos, siguen perteneciendo, no suelen salir bien parados. La ciudadanía tolera sus privilegios siempre que se siente atendida en sus necesidades básicas, y disfruta de la seguridad que le permite aspirar a la mejora de sus condiciones de vida. La reivindicación o la protesta en esas circunstancias se percibe como un matiz que modera el equilibrio en dicha relación, pero nunca como una amenaza. El político siempre debe tener en cuenta su personal contingencia, y más aún cuando se viven momentos tan difíciles como los presentes.
Aunque muchos se empeñen en relativizarlo, en España se ha roto ese equilibrio. Las especiales características de esta crisis han dibujado un escenario muy exigente para las emociones, al quebrarse la capacidad de las instituciones para moderar el efecto del deterioro económico. Esa circunstancia no sólo ha dado lugar a las consecuencias tradicionales de cualquier crisis, como son la recesión productiva, el aumento del paro y el empobrecimiento de la población, sino que ha diluido las expectativas privando a la sociedad de la imprescindible seguridad que les permite afrontar el devenir como una oportunidad y no como un riesgo. Esa falta de perspectiva tiene un componente emocional que se refleja en la percepción social de los privilegios políticos, despejando el camino para que transiten libremente la demagogia, la manipulación y las pasiones.
Los políticos deberían tener en cuenta ese componente emocional para administrar con prudencia sus actos y sus palabras. La ciudadanía ve debilitada su fortaleza intelectual y se torna permeable a los instintos; corren así sus miembros el riesgo de convertirse en bestias. Para un político desaprensivo es el material propicio para alcanzar la cima del poder en el menor tiempo posible y ganar así la competición. Enmascara la evidencia del deterioro de su imagen ante una sociedad agraviada por su ineficacia, empleando un discurso banal y demagógico pero peligrosamente cargado de agresividad y victimismo. Esas arengas surten un efecto nocivo en una masa social cautiva de las pasiones y carente de sentido crítico, en la que no todos son capaces de discernir el método idóneo para resolver los problemas, ni de interpretar con acierto los actos y decisiones de quienes consideran responsables del daño que les aflige.
Saben o deberían saber los políticos que vivimos momentos trágicos, en buena medida causados por una gestión nefasta de los recursos públicos. Por eso no es hora de alardes ni de soberbia, sino de cautela, solidaridad y diálogo. Se espera de ellos altura de miras, sentido de Estado y, sobre todo, recato. Su figura está en entredicho provocada por una quiebra de la confianza social, ante la cual sus privilegios se advierten como un agravio más que añadir a una larga lista de actitudes intolerables para ciudadanos que sufren unas condiciones de vida inaceptables. Sabe o debería saber cualquiera que asuma una actividad pública que este es el escenario propicio para la irresponsabilidad. Saben o deberían saber esas mismas personas públicas que la legítima reivindicación de los derechos sociales y laborales no puede convertirse en coartada de las ambiciones políticas, como tampoco debe ser el argumento para justificar una mala administración. Y saben o deberían saber que es muy grande el riesgo de no cuidar las formas.
Por todo esto considero incomprensible que, ante un hecho tan lamentable como la agresión infligida al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, aquellos que han de dar ejemplo de prudencia y responsabilidad sigan atizando la incongruencia, con sermones emotivos y acusaciones arbitrarias, en vez de apelar a la cordura e interpretar con cautela y sensatez un suceso que en nada tiene que ver con la legítima aspiración de una sociedad, ajena por completo a esas actitudes incontroladas y vergonzosas. Demonizar una ideología relacionándola con actos de esa naturaleza o culpar al adversario político de alentarlos, no son más que ejemplos de un ladino oportunismo que sólo consigue excitar aún más los ánimos y alimentar el discurso de las bestias.
Es el momento de la reflexión. Hechos como al que me refiero deberían servir para dar una oportunidad al entendimiento y no para alentar la confrontación con argumentos falaces e insultantes. Es necesario despojar al discurso público de agresividad y banalidad, y conferirle un sentido constructivo en el que la controversia y el debate de ideas primen sobre el axioma doctrinario o partidista. En la misma medida, conviene relativizar el contenido de la protesta por parte de sus receptores, a la vez que quienes la administran sean capaces de impedir los actos de vandalismo verbal y material, identificando y expulsando a quienes los cometan. En fin, si el civismo y la sensatez se impusieran en el empeño por hallar soluciones a esta maldita crisis, posiblemente no tendríamos que lamentar más agresiones como la sufrida por Cruz ya que habríamos aprendido a seguir el penacho de las bestias en su frenético ascenso a la cima y sabremos apartarnos antes de que nos arrollen.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)