El peso del genio (A propósito de la derrota de Alex de la Iglesia)

Por desgracia, cada vez estoy más convencido de que el sistema político español se asemeja a una ecuación de primer grado, en la que la única y suprema incógnita que despejar es la suma de votos. De ahí que a los políticos se les sorprenda en no pocas ocasiones con el pie cambiado, y deban apresurarse a resolver los problemas ocasionados por la conducta social cuando éstos ya han ingresado en el santuario de la alta matemática. Y sorprende que sea así cuando han de administrar a una sociedad en exceso transparente, dócil la mayor parte del tiempo y aún anclada en una consideración de los poderes públicos demasiado simplista, basada fundamentalmente en la convicción de que de ellos han de emanar todas las acciones encaminadas a preservar su bienestar, sin que medie para lograrlo el esfuerzo o la consideración de la excelencia. De ahí que se acepte la concesión de responsabilidades esenciales para el buen desarrollo social y económico de una sociedad a individuos que no han acreditado su capacidad para desempeñarlas, y que están donde están porque han sido designados por aquellos que han obtenido la confianza popular en las urnas. Así, España se ha convertido en un país de listas, en cuya composición no participa el ciudadano y que se convierten en nóminas difusas de una opción partidista, que aplica para su composición máximas no siempre acordes con las necesidades reales del deseado electorado. Disciplina y lealtad corporativa son los axiomas que naturalizan la carrera política, y todo aquel que decida emprenderla ha de saber -y sabe- que debe renunciar a una parte importante de su personalidad y, en no pocas ocasiones, a su libertad intelectual. El cálculo electoral preside todas las decisiones de los partidos políticos y sus electos, lo cual contribuye a adulterar la acción legislativa convirtiéndola en un mercado de intereses y conveniencias que destruye la más esencial doctrina democrática, y que ensombrece la percepción que todo representante político con poder o sin él ha de tener de la realidad social y económica del territorio que administra. Al disidente, ese que experimenta una claridad de ideas repentina y reconoce sus errores, sólo le queda el camino de la dimisión y el olvido. Y siendo la carrera política una vía tan atractiva para alcanzar la notoriedad social y económica, imposible o al menos improbable en condiciones normales, comprendo que nuestras personalidades electas convivan a diario con el espectro del miedo y rindan ante él buena parte de sus actos.

La dimisión de Alex de la Iglesia como presidente de la Academia del Cine es el perfecto corolario del estado de postración en el que se encuentra el debate de ideas en nuestro país. Alguien que ya no ha de demostrar su valía profesional, pues pruebas de ello hay en cantidad, asumió un cargo institucional de alta notoriedad social con el deseo manifiesto de ordenar la casa con método y sentido común. Consciente del enorme poder de la razón y las palabras, el cineasta casi consiguió conjurar la entropía en la que se hallaba el universo del cine en España, devolviendo la ilusión a sus habitantes, restañando viejas heridas, y dotando de verosimilitud a un oficio sumido en la incomprensión popular. Labor digna de encomio si no hubiese sido por el ingenuo idealismo de su artífice. Mientras se dedicó a gestionar las labores domésticas del cine español todo fue bien, aun con difíciles tareas como pulir la controvertida Ley del Cine. Pero bastó que se viera obligado a traspasar el umbral de la cómoda madriguera corporativa, y enfrentarse con las fieras sociales y políticas en la pugna por la mal denominada 'Ley Sinde', para que toda la utopía que sustentaba su gestión fuese aniquilada en un par de embates.

Políticos, artistas, empresarios y usuarios de Internet -más que menos organizados- libran una batalla caracterizada por la confusión: todos contra todos sin saber muy bien quien es el enemigo. Mientras, esos entes difusos que hacen caja con el bien ajeno permanecen emboscados en los alrededores de la liza, esperando a que los contendientes se despedacen, sabedores de que sus negocios están a salvo bien protegidos por la inmensidad tecnológica y una errónea concepción social del valor del producto cultural. Aprovechan éstos el miedo -en eso estoy de acuerdo con las reflexiones de Amador Fernández-Savater-, la ignorancia y los intereses particulares para fortalecer sus métodos, pero con esas plumas se escribe la historia de los despropósitos y no creo que el resultado de todo este proceso solucione un mal arraigado en el hábito de la ciudadanía.

Quizás si se centrara el debate en la cuestión esencial, que no es otra que el uso indebido de los bienes ajenos, y no en lo circunstancial, que son los métodos para disponer de aquellos, se podría lograr apaciguar el ánimo y alcanzar lugares comunes en los que nadie resultase perjudicado. Pero si los políticos siguen atendiendo a sus intereses electorales y los usuarios de internet se enrocan en la defensa del fraude, movidos por una falaz interpretación de la libertad, es difícil que en España se pueda proteger el producto cultural de las agresiones de los depredadores.

Una retirada a tiempo es una victoria, afirman los teóricos de la guerra. Y Alex de la Iglesia ha sabido tomar una decisión poco habitual en quienes saborean las mieles del poder. La metafísica de este desencuentro es lo más triste e inquietante, porque si quien desea poner cordura en el delirio ha de retirarse a sus aposentos  derrotado por los burócratas, representantes espurios de la voluntad popular, el futuro de la cultura de este país, y de éste en sí mismo, se me antoja amenazante.