Imaginen a alguien que gasta enormes cantidades de dinero en juegos de azar con el propósito de proporcionar una buena vida a su familia, y cuando después de mucho perder logra ganar una fortuna se encuentra con que su pareja lo ha abandonado harta de sus insensateces y los acreedores le han vuelto a dejar en la
ruina. Ha sido víctima de una de esas paradojas indeseables en la que el ansiado éxito conduce a una
situación aún peor que la de partida.
Cataluña y España se encaminan irremediablemente hacia una de esas situaciones, pues con todas las
vías de diálogo colapsadas y una relación de franca confrontación, el más que probable éxito electoral
del frente nacionalista catalán obligará a sus promotores a la declaración unilateral de independencia,
asumiendo de ese modo unas consecuencias impredecibles.
Ya no caben más dilaciones ni malabarismos retóricos; el camino está trazado y lleva al desafío. Las
leyes y la voluntad del Gobierno central impiden otra opción. Ni siquiera si se produjese un cambio de
color político en el Estado a fin de año, y accediera al poder un gobierno más posibilista, sería posible
una solución satisfactoria para ambas partes, pues la necesaria reforma de la Constitución para permitir
iniciar el proceso secesionista exigiría un consenso que la derecha nunca estaría dispuesta a alcanzar,
mientras posea una fuerza política suficiente en las instituciones.
Por otro lado, cualquier desviación de la ruta independentista traicionaría el ideario que sustancia el
movimiento y frustraría las expectativas de la masa social que lo respalda, que ya se encuentra al límite
del hartazgo tras tanta reivindicación inane. De ese modo, si termina pesando el pragmatismo, como ha
sucedido en la Grecia de Tsipras, a los promotores de la independencia les sobreviene un arresto de
prudencia, y deciden no arriesgar el bienestar de los catalanes en una aventura de incierto resultado, la
única alternativa que les resta es la renuncia y su posterior desaparición del mapa político español,
adaptando sus partidos al escenario legal vigente en el país. Y así se produciría la primera de esas
paradojas indeseables, pues el éxito electoral del frente nacionalista puede conducir a su desaparición y
al fortalecimiento de los vínculos entre Cataluña y España.
Ahora bien, si los nacionalistas decidieran jugar la baza de lo inesperado y cumplieran sus propósitos,
nada garantiza que las autoridades de Madrid y Bruselas estén realmente preparadas para hacer frente
a la nueva situación que se plantearía. La gran relevancia social y económica de Cataluña en el contexto
europeo obligaría a las instituciones de la UE a abordar la crisis con mucha más cautela de la que se
deduce de las invectivas pronunciadas por algunos de sus líderes, a demanda de Rajoy.
La cartesiana Europa ha demostrado poca agilidad de respuesta cuando la realidad desborda sus
cálculos. Ya se sufrió con la crisis económica de 2008 y ahora se vuelve a repetir con la migratoria. La
frecuente colisión de los intereses políticos y económicos de los diversos países de la UE ralentiza,
cuando no impide, las reacciones ante situaciones críticas. Bruselas suele confiar demasiado en el
cálculo analítico y en el poder persuasivo de sus burócratas, pero no siempre le ha de salir tan bien la
jugada como en el caso de Grecia.
Y menos cuando lo que está en juego es la estabilidad de las inversiones. Ya está más que demostrado que el dinero y la política (por ese orden) marcan el ritmo decisorio en las instituciones europeas. Y en Cataluña, como en Grecia, el objetivo tácito es proteger las inversiones a toda costa. Tales intereses confluyentes en una región demasiado importante y dinámica, obligaría a los países de la UE a reformular sus cálculos para proteger a sus inversores, y no sería aventurado pensar que, tras un primer rechazo protocolario, se inclinaran por el mal menor de una Cataluña independiente pero convenientemente controlada. Incluso si con tal postura contrarían al Gobierno español y elevan el riesgo de activar procesos similares en otras regiones de Europa. El dinero es el dinero.
Y menos cuando lo que está en juego es la estabilidad de las inversiones. Ya está más que demostrado que el dinero y la política (por ese orden) marcan el ritmo decisorio en las instituciones europeas. Y en Cataluña, como en Grecia, el objetivo tácito es proteger las inversiones a toda costa. Tales intereses confluyentes en una región demasiado importante y dinámica, obligaría a los países de la UE a reformular sus cálculos para proteger a sus inversores, y no sería aventurado pensar que, tras un primer rechazo protocolario, se inclinaran por el mal menor de una Cataluña independiente pero convenientemente controlada. Incluso si con tal postura contrarían al Gobierno español y elevan el riesgo de activar procesos similares en otras regiones de Europa. El dinero es el dinero.
Tampoco Rajoy tendría mucho margen de maniobra ante un órdago semejante. Si se descarta la
intervención militar, pues ningún presidente de gobierno en su sano juicio tomaría semejante decisión,
las sanciones que podría imponer al comercio catalán no se prolongarían demasiado en el tiempo,
sencillamente por que ello perjudicaría también a la economía española, dada la enorme cantidad de
intereses económicos que mantienen las empresas de todo el país en Cataluña. Eso sin contar con el
desgaste político que le acarrearía someter a los habitantes de esa región a una campaña de acoso
demasiado agresiva, sobre todo cuando el PP está a las puertas de unas elecciones generales en las
que puede perder el poder.
Todo ello conduciría a la derecha a otra de esas paradojas indeseables, según la cual disponiendo de
todos los recursos para haber negociado una salida razonable a la crisis catalana, autorizando sin más el
referéndum exigido por la Generalitat, ha preferido la confrontación como táctica política en busca de
réditos electorales.
Claro que la independencia tampoco es sinónimo de estabilidad, pues de alcanzarse ese estadio estaría
por ver si el nuevo Gobierno catalán es capaz de administrar el éxito. No sería raro prever un
enfrentamiento entre los partidos que componen la actual coalición independentista, dadas las profundas
diferencias ideológicas que los separan. Una mala gestión de la gobernabilidad podría abocar a una
ruptura institucional y a la inevitable convocatoria de nuevas elecciones, en las que una derrota del frente
nacionalista llevaría a la posible reversión de la situación al punto de partida y culminando así el proceso
de independencia en un más que probable fiasco.
A fin de cuentas, este es uno de esos ejemplos de la necedad los políticos al entablar un estúpido
combate de orgullos en el que da igual quien venza porque siempre terminan perdiendo los mismos: los
ciudadanos. Y esa es la más indeseable de las paradojas.
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