Que no decaiga

Son aún pocos, demasiado pocos. Pero muy repartidos no sólo en España sino también en Europa y, poco a poco, en América. Están bien organizados y desbordan ideas. No es un movimiento de indignados (etiqueta poco convincente) sino de desamparados, de gente capaz de mirar más allá de los convencionalismos que se sienten despojados de su derecho a la dignidad. Han sido muchos años de silencio, contemplando cómo una casta de advenedizos se ha aprovechado de la confianza de la sociedad para alcanzar una posición social y económica inmerecida, imposible de no haber logrado un cargo público, a la misma velocidad que desarrollan una insólita indiferencia capaz de llevarles a despreciar los valores más sagrados de la civilización. Esa burla constante de los políticos por todo lo que se ha peleado durante tantos años, por la ley, por la decencia y la honradez es suficiente razón para que esas miles de personas ocupen el único lugar que le es propio, la calle, y clamen por una sociedad más cívica y unos políticos responsables y honestos.

¡Claro que otra democracia es posible! Una democracia sin indeseables, sin corruptos, sin ineptos que sólo aspiran a alcanzar una notoriedad que les es vedada por su negligencia, advenedizos que ingresan en las instituciones por el simple hecho de pertenecer a un clan familiar o al círculo íntimo de negociantes sin escrúpulos, amparados por charlatanes que usurpan la palabra en medios de comunicación sometidos a los intereses corporativos de los partidos políticos, espectros sin voluntad ni amor propio que renuncian a su libertad por acatar una disciplina partidista, fanáticos y oportunistas, arribistas y aduladores, gentes que han vendido su conciencia por la promesa de un plato de lentejas. Esa no es la democracia que se merecen los millones de personas que cada día se esfuerzan por sobrevivir y mantener activo un país que se desangra por sus cuatro costados.

La democracia real es la que cuenta con el ciudadano, la que emana de su estricta voluntad y no la que determinan el capital ni los grupos de presión. Ni el dinero ni la fe han de arrogarse el poder de influir en las decisiones de los políticos, pues estos se deben única y exclusivamente al pueblo que les paga el sueldo cada mes. Para eso es fundamental saber de dónde sacan los partidos políticos el dinero para funcionar, y que esas cuentas se fiscalicen como las de cualquier otra empresa. Ahí radica el origen de todos los males de esta democracia fraudulenta. Un dinero oscuro que sirve para comprar voluntades y aspiraciones, y llenar los bolsillos de astutos vasallos y poderosos benefactores.

El dinero público no puede ser jamás mercancía para conservar el poder. Es insano para cualquier sociedad civilizada que la Administración pública sea el principal cliente en un sistema de libre mercado, y genere una deuda inasumible a costa de inversiones innecesarias y fraudulentas. Ese es el camino de la sumisión a la casta financiera y el de la ruina para un país. Los cargos electos no tienen derecho a mercadear con el dinero de todos en beneficio propio y corporativo, y mucho menos empleando como coartada la necesidad de sanear la deuda pública para subsanar los excesos de la banca. Es hora de que las instituciones públicas se alejen de las entidades financieras estableciendo una mera relación comercial y no complementaria. Reforzar los organismos fiscalizadores del Estado, como el Banco de España o las comisiones de control del mercado, con profesionales independientes y eficientes sería un paso apreciable en el camino de la normalización. Un Estado no puede ser cautivo de los especuladores. Y es obsceno ver cómo los partidos eligen a los directivos de las cajas de ahorros y algunos políticos hacen el agosto en sus consejos de administración. Y aún nos quieren hacer creer que es una relación noble y desinteresada. Como obsceno es que sean los partidos políticos quienes determinen la composición de las principales instituciones de un Estado como la Justicia. Todo conforma una enfermiza red de intereses y vasallajes que deteriora la democracia.

El Estado ha de limitarse a vigilar el buen funcionamiento de las instituciones, no a administrarlas en beneficio del partido de turno que gobierne. La democracia real es la que responde ante los ciudadanos y asume las responsabilidades de la mala gestión, ya que el buen hacer les será premiado con la reelección. Y en ese juego no pueden participar los ineptos, corruptos, soberbios, codiciosos o perezosos. Han de ser los propios partidos los que, a la luz de las demandas populares, depuren sus organizaciones para despejar sospechas y dotar a sus propuestas de la credibilidad que requiere la sensatez.

Pero para alcanzar ese objetivo es necesario una sociedad formada, instruida y solidaria, capaz de analizar con criterio propio las necesidades reales del colectivo y demandar a los políticos el cumplimiento de sus responsabilidades, más allá de afinidades, militancias o lealtades. La sociedad ha de prepararse para asumir el reto de sanear las instituciones con ideas y propuestas posibles, protegiendo los valores universales de la convivencia y abogando por adquirir los conocimientos precisos que le permitan reforzar sus razones. Es un esfuerzo ímprobo que requiere de la voluntad de todos los que aspiran a que España quede a salvo de esa banda de individuos que han dejado de ser de nuestro mundo.

Esta rebelión ciudadana no puede acabar el domingo. Debe continuar cada vez con más fuerza, con más ímpetu, más organizada y, sobre todo, alejada de las veleidades del poder. Es la voz de los ciudadanos y estoy seguro que, superado el trance electoral, si se sigue oyendo sumará muchas más personas a una causa que no puede ni debe decaer.