El tiempo lo dirá

"No va a haber rescate ni el rescate es una opción". Nadie debería olvidar estas palabras porque es seguro que compondrán un dogma dentro de pocas semanas. Ese juicio categórico expresado por la portavoz del Gobierno de España, en respuesta quizás a la pregunta de algún periodista, es en realidad uno de esos mandatos pronunciados por quien ostenta la autoridad que le confiere el poder, confiado en este caso por una mayoría electoral, aunque la derecha española lo considere más fruto de un designio divino. Y aunque haya pasado desapercibido por reiterativo, determinará la interpretación del significado de los sucesos que están por acaecer, estableciendo esa habitual controversia que propone el dictado de la fe. Está por ver cual será la nomenclatura elegida para designar el suceso que se avecina, y que será asumida como doctrina por los vasallos del poder y divulgada por los apóstoles de la confusión informativa, a fin de que la opinión pública se sumerja una vez más en el dilema retórico y olvide la auténtica naturaleza del hecho así como sus consecuencias.

La palabra rescate ha quedado estigmatizada en el relato de la pugna política, evitado por unos para encubrir su incompetencia y empleado por otros para enardecer a sus adeptos que elevan el tono de la protesta sin abandonar siquiera la fila que conduce al matadero. Una polémica pueril que entretiene a las gentes en medio de la devastación. Pero una vez más, la derecha está manejando con habilidad los recursos de la dialéctica en su empeño por enmascarar uno de los acontecimientos más determinantes para el futuro de todo un país. Qué más da cómo se le quiera llamar a esa ofrenda al capitalismo canónico, si en realidad lo que está en juego es el papel de la ciudadanía en la estructura social de este país.

Pues llámese rescate, crédito, donación, ayuda o limosna, a lo que estamos asistiendo es al fracaso rotundo del estado de derecho, a un expolio de las libertades comunes sin precedentes que conduce a un nuevo modelo de colonización que nos convertirá en súbditos de un amo indefinido y desalmado, insensible a los preceptos básicos de la humanidad. Es el tributo por pertenecer a un universo difuso lleno de codicia e intereses particulares, en el que los seres humanos se han convertido en enemigos unos de otros y de sí mismos. Un caos del que se aprovechan los dueños del poder para mover las piezas del tablero a su antojo, seguros de que jamás tendrán que pisar el campo de batalla.

Mientras, cautiva de sus ambiciones, la clase política prefiere eludir su deber con la sociedad para no arriesgar sus aspiraciones electorales y, con ello, esos privilegios de que disfruta gracias a la confianza obtenida de la ciudadanía. Los políticos han aceptado con entusiasmo su papel de marionetas gobernadas por el capital, pues saben que no hay otra opción a menos que prefieran poner en peligro su cómoda autoridad. Se han convertido en la perfecta y audaz vanguardia de ese poder financiero que se oculta entre bastidores y dirige los destinos del mundo, modulando el dogal según dispongan las circunstancias en cada momento. En ese negocio, el conflicto se da por descontado e incluso calculadas las bajas en el balance general. El resultado siempre arroja beneficios.

Así ha sido a lo largo de la Historia y no tenía por qué ser diferente ahora. La Humanidad lleva enferma de ambición desde su origen, y el transcurso del tiempo ha reseñado los apogeos del mal como periodos catárticos en los que se renueva la versión del poder económico en virtud del resultado sociopolítico de los mismos. El proceso histórico ha estado marcado por esos ciclos que determinan la evolución de las sociedades e identifican el balance de fuerzas geoestratégicas. Y en todos ellos, el capital ha sido siempre el único superviviente, adaptando sus métodos a cada nuevo escenario resultante. De las ruinas causadas por cada tragedia nacen sociedades escarmentadas y más fuertes que, sin embargo, se van debilitando conforme acostumbran los recursos a sus necesidades hasta convertirse de nuevo en presas fáciles para el capital. Ese declive social suele engendrar poderes políticos frágiles y acomodaticios que permeabilizan las estructuras económicas, haciéndolas mucho más vulnerables a las pretensiones del poder financiero. Es el momento idóneo para asestar un nuevo golpe a los gobiernos endebles y hacer caja. Europa atraviesa ahora uno de esos periodos críticos.

En toda guerra hay un frente y una retaguardia. En el conflicto que enfrenta al poder financiero con los estados, también. Resignadas Grecia, Irlanda y Portugal, el frente se ha trasladado a España e Italia, mientras que en la retaguardia alemana y francesa se contempla con inquietud la contienda, preocupados por las consecuencias que les pueda acarrear su resultado. Hasta ahora, ambos países y sus naciones afines apoyan la causa de los asediados, pero nadie sabe hasta cuando mantendrán esa postura si ven peligrar sus intereses. Esa incertidumbre entenebrece las expectativas españolas e italianas, cada vez más desprotegidos ante el implacable asalto de los depredadores.

Europa se debate así entre la solidaridad demandada por los preceptos de la Unión o la resignación ante la imposibilidad de salvar a sus aliados menos capaces, arriesgando tanto la estabilidad de los países mejor dotados como la de la propia institución multinacional. En vista de las actitudes adoptadas por los estados donantes en los últimos años, cabe pensar que éstos sólo reaccionan cuando el declive de los débiles pueda afectar a sus intereses domésticos. Y es claro que emplear con España e Italia las mismas recetas que con Grecia, Irlanda y Portugal es inviable hoy por hoy. No hay capacidad suficiente en la Unión Europea para cubrir las necesidades de estos dos países sin que se resienta la estabilidad del conjunto y, por tanto, la propia de los estados más solventes. Ningún político en su sano juicio abogaría por ayudar a los españoles, si con ello pone en peligro sus aspiraciones de poder en su territorio.

Las palabras son sólo palabras, lo que cuentan son los hechos. Y de ahí el empeño frenético de las autoridades europeas en encontrar alguna alternativa que permita aliviar el estado financiero de España e Italia sin tener que recurrir al rescate integral a la griega. Es posible que finalmente den con la solución y puedan salvar el tipo sin demasiado daño, pero la factura que pasarán a los rescatados en cualquier caso será tan cuantiosa que empequeñecerá los sacrificios ya impuestos hasta ahora, y condicionará el futuro de sus respectivas sociedades.

En tales circunstancias, lo inquietante es no saber con certeza de qué lado están los gobiernos español e italiano. Ambos parten en una situación de desventaja ante sus dificultades financieras, y en ambos casos han preferido aplicar las recetas más gravosas para la ciudadanía sin que ésta haya pasado aún de la simple protesta, debido quizás al peso de la incertidumbre o por humano instinto de supervivencia. Sin embargo, poco o nada parece haberse avanzado en la solución del problema con las medidas impuestas hasta ahora por los gobiernos y ambos países parecen condenados a una larga temporada entre tinieblas, terminada la cual nadie parece saber qué nos espera.

Tanto en España como Italia se ha sometido el interés general al político, aunque existe una diferencia fundamental entre ambos. Mientras que en Italia el Gobierno es interino y pronto se celebrarán unas elecciones que determinarán qué partido habrá de culminar la obra emprendida por el gabinete técnico de Monti, en España es un gobierno elegido en las urnas el que debe afrontar el desafío de la crisis. El primer ministro italiano no tiene mucho que perder en este combate, pues sabe que cumplido su mandato podrá dejar el cargo sin que nadie le reproche fraude político alguno, dejando en manos de los diferentes partidos la responsabilidad de atraer la confianza del electorado con sus programas de gestión. No tiene Monti, por tanto, la necesidad de ocultar a los italianos la verdadera dimensión de la crisis que les afecta ni emboscar con sofismas o falacias las medidas que está llevando a cabo, sean o no eficaces o agraven más o menos la situación de los ciudadanos.

Como tampoco debería hacerlo el gobierno español si la honestidad presidiese su gestión. Sin embargo, el gabinete de Rajoy ha dejado claro que su principal objetivo es preservar el poder a toda costa, reduciendo el concepto de interés general a un simple ardid argumental, y se ha pertrechado de una ingente cantidad de recursos dialécticos para enmascarar el fruto de su incompetencia; para ello ha emprendido una previsible campaña de control estricto de todos los medios públicos y privados que permiten a la ciudadanía adquirir la información precisa para formarse una idea clara de lo que está sucediendo y desarrollar así su sentido crítico, además de vaciar de contenido al Parlamento imponiendo el peso de su absolutismo y dejando el debate en manos de sicarios y bufones. La derecha ha impuesto la oscuridad informativa para confundir a la sociedad en un momento crucial para sus intereses. Para cuando enciendan las luces, quizás no nos guste lo que veamos.

Asidos a esa particular visión trascendental del poder, la derecha española acata con entusiasmo los preceptos del capitalismo canónico para imponer un concepto de estructura socioeconómica ya experimentado por Thatcher en Gran Bretaña, durante la década de 1980. La primera ministra británica supo llevar a cabo su modelo ultraliberal atrayéndose a la conservadora clase media con medidas proteccionistas y proscribiendo el poder sindical con mano dura, pero también aprovechando con habilidad y en beneficio propio esos caprichos que el azar puso en su camino como la guerra de las Malvinas o el debilitamiento del bloque soviético. El resultado fueron casi once años en el poder y la forja de un ejemplo para muchos políticos de derechas en todo el mundo.

Pero ni Rajoy es Thatcher ni España, Gran Bretaña ni el contexto económico es similar ni por asomo al que se encontró la hija del tendero. Es completamente absurdo, por inútil, pretender cambiar el modo de vida de un país como España de la noche a la mañana, por mucho que se empeñen en que las circunstancias obligan a ello, y se impongan las medidas con esa vehemencia impostada que apenas logra ocultar el desasosiego que embarga a unos ministros conscientes del alto riesgo que conlleva su aplicación en una sociedad poco acostumbrada a valerse por sí misma.

Los españoles no entendemos la libertad tal y como se concibe en la Europa de Lutero. En un país tradicionalmente inculto y con un alto arraigo religioso, los conceptos de autoridad y poder se confunden. La figura del patrón paternalista, severo y protector, se ha impuesto a lo largo de la Historia y desde aquel 'Vivan las cadenas' con que las masas recibieron la vuelta de Fernando VII y su teocracia absolutista hasta la pervivencia durante 40 años de la dictadura cruel de Franco, la necesidad de seguridad ha jugado un papel esencial en la conducta de los españoles hasta hacernos merecedores de la sentencia de Benjamin Franklin para quien aquel que renuncia a la libertad por un poco de seguridad, no merece lo uno ni lo otro. Y así, más allá de lo que dictaría la propia razón, en España se ha preferido acatar las normas impuestas por cada régimen a cambio de esa protección que permitiera una existencia sin demasiados sobresaltos.

De ahí que el sentido de lo público esté íntimamente ligado a esa idea de protección ante la que se aceptan los sacrificios. Por eso, es difícil entender que dicho sacrificio se relacione con una merma en la seguridad aceptada como parte de nuestra relación de convivencia con las instituciones. Cambiar ese principio se antoja una tarea titánica que si hoy se acepta con aparente resignación es, precisamente, porque el ciudadano tiene la certeza de que todo puede revertirse cuando cambie el color político del Gobierno de turno. Ese es el principal activo de la democracia que aterroriza a la derecha.

Sin embargo, y más allá de las veleidades autoritarias de los paladines del neoliberalismo, la democracia española se encuentra en grave peligro. Una de las condiciones indispensables para que el pueblo ejerza su derecho a elegir a quienes han de gobernarlo es la certeza de que esas personas dispondrán de la libertad necesaria para llevar a cabo su programa de gobierno. Sin esa premisa de poco sirve el ejercicio de la democracia, puesto que el gobierno resultante en unas elecciones tuteladas no podrá atender el mandato de la ciudadanía. España se encamina hacia un territorio insólito en su historia contemporánea, pues jamás ha visto subyugada su soberanía desde la invasión napoleónica. Ahora, el invasor no tiene rostro pero es muy poderoso.

El principal riesgo que corre España si se acepta la intervención de las autoridades europeas, es que nuestro país se convertirá en vasallo de pleno derecho del poder financiero. A partir de ese momento, este gobierno y todos los que luego vengan deberán rendir cuentas a un amo que no entiende de identidades ni nacionalidades, sencillamente quiere su dinero y de paso ganar todo el que pueda. Y no es que España acate unas normas por pertenecer a un organismo multinacional a cambio de los beneficios que conlleva dicha pertenencia, sino que deberá someterse al dictado de unos intereses que sólo persiguen el beneficio propio y ofrecen a cambio apenas el privilegio de la supervivencia. Así se pierde la libertad y la protección, como vaticinara Franklin.

Y así, la pregunta que me inquieta es: ¿Es nuestro gobierno cómplice de esta maniobra al saber que si propicia esa invasión de nuestra soberanía se garantizará el poder, convirtiéndose a España en un estado vasallo y erigiéndose como único garante de la estabilidad nacional?

Mucho me temo que así es, pero el tiempo lo dirá.