Sospecho, temo, prevengo

Sospecho que tras las insistentes demandas de los comerciantes de la Puerta del Sol y ahora de la patronal madrileña está la mano de la derecha rediviva.


Tras la lamentable, innecesaria e inútil acción policial en Barcelona contra los acampados en la Plaza de Cataluña, y la parva respuesta política ante la imprudencia y desfachatez del consejero de Interior catalán, muchos de los gobernantes autonómicos y municipales han redoblado sus presiones para que el Ministerio del Interior disuelva las concentraciones.
La derecha, legitimada por las urnas, nunca ha aceptado tal protesta aunque la haya tolerado mientras duraba la campaña.
Ahora que el PSOE está tocado de muerte quieren rematarlo y han abierto varios frentes en su asedio al poder, entre los que se encuentran el movimiento 15 M.
Con Rubalcaba, ministro del Interior, como posible candidato a las Generales, la protesta ciudadana adquiere un cariz esencial en esa campaña de aniquilación.
Es curioso que tras inducir a la ruptura del pacto con los sindicatos sobre convenios colectivos, la patronal madrileña haya asumido el protagonismo en esa reclamación de desalojo. No es un secreto la afinidad al PP del presidente de los empresarios de Madrid.
El objetivo es forzar al ministro a ordenar ese desalojo para manchar su imagen ante la ciudadanía y mermar sus posibilidades electorales.

Temo que el desinterés creciente de los medios de comunicación y la presión de los comerciantes y determinadas asociaciones ciudadanas cercanas al PP obliguen a Interior a tomar medidas.


Los comerciantes de las zonas de protesta han adoptado una postura victimista ante la continuidad de las acampadas, apelando al manido chantaje de la pérdida de empleo. ¿Es cierto que iban a contratar a 1.500 personas este mes? ¿Es cierto que sufren tan onerosas pérdidas? Es la opinión de una asociación y no se disponen de datos fehacientes para contrastarla.
Los medios de comunicación han ido perdiendo interés por estas protestas a medida que sus propuestas no se concretan y empiezan a contemplarlas como algo insustancial que ha perdida la fuerza de la sorpresa inicial. La derecha mediática aprovecha esa retirada de los focos para arremeter con inusitada fuerza contra los acampados, empleando la demagogia más soez y exigiendo medidas contundentes para acabar con su protesta. Y han convertido al Gobierno en el responsable de un problema de orden público
El Ejecutivo se debe a todos los ciudadanos y, aunque hasta ahora ha mantenido una actitud comprensiva y tolerante con los revoltosos, no tengo claro que pueda soportar mucho más tiempo el acoso de los empresarios, los políticos de la derecha y sus medios de comunicación afines. Y más cuando ese descontento se está extendiendo por otras ciudades aunque las acampadas no lleguen ni por asomo a las dimensiones de la de Sol.

Prevengo de que todo el esfuerzo realizado por tantos miles de personas no sirva de nada si finalmente consigue la derecha convertir la protesta en un inconveniente, que fuerce un desalojo prematuro de las acampadas.

La esencia de una protesta ha de ser enfrentar a las reacciones de los afectados por ellas. Es evidente que el malestar expresado por la patronal madrileña y los políticos de derechas a quienes sirve es un síntoma de que la revuelta empieza a tener sus consecuencias.
El Gobierno habría de tomar medidas, pero no de la naturaleza que reclama la derecha sino precisamente atendiendo las demandas de los acampados. Sería provechoso que unos y otros hablaran e intentaran entenderse para naturalizar unas propuestas tan necesarias como posibles. El diálogo es fundamental en este proceso y unos y otros lo han de emplear para que todo lo sucedido hasta ahora tenga sentido. Y ese diálogo se debe plantear sobre unas bases de generosidad y razón.
Evidentemente, de ese debate han de nacer unos compromisos que con el debido control lleguen a dar lugar a propuestas factibles para mejorar nuestro sistema democrático. Ese acuerdo beneficiaría las aspiraciones de unos y otros, dado que tanto necesita la izquierda renovar su ideario como a los revoltosos tener un referente político para conseguir hacer realidad sus demandas.
El resto de partidos de la izquierda habrían de contribuir con sus ideas y propuestas a que dicho acuerdo diera lugar a una hora de ruta que permitiera reformar aquellas leyes y modelos que perjudican a la democracia. Para ello deberían despojarse de sus intereses partidistas y atender a las demandas ciudadanas.
Obviamente ese diálogo sólo se podría iniciar sobre un programa que recoja las demandas posibles para un sistema constitucional como el nuestro, además de una metodología argumentada que permita ofrecer los mecanismos jurídicos y políticos para hacerlas realidad, huyendo de retóricas y romanticismos.
La dispersión de las posturas ideológicas y corporativas de los acampados no ayuda en ese proceso, por lo que sería conveniente armar un discurso coherente que identifique el movimiento con el mayor apoyo posible, de forma que queden aislados los grupos más reaccionarios.

Sólo así creo que se podría evitar que la derecha se salga con la suya. Demostrando que la ciudadanía sabe emplear mejor las palabras que las porras.

La tregua se acaba

Tras el trámite electoral y con la inapelable aunque falaz sentencia de las urnas, la revuelta cívica que inundó España durante la campaña electoral empieza a agonizar. Superada la sorpresa inicial y el interés que suscitó una reacción popular que demostró sorprendentes dotes de organización, quienes durante ese momento transigieron con mal disimulado cinismo se muestran hoy expeditivos y exigentes con las autoridades para acaben con la fiesta. Y no son pocos los cargos públicos autonómicos y municipales que, una vez garantizada su estabilidad social, económica y emocional durante cuatro años más, se destapan la nariz y reclaman el desalojo de las plazas ocupadas por los revoltosos. Afortunadamente, en aquellos lugares donde no hay policía autonómica es la representación del Gobierno central la que debe decidir qué hacer, y empiezo a dudar de la templanza demostrada hasta ahora ante tanta y tan intensa presión por parte de unas instituciones sometidas al absolutismo de la derecha por expresa decisión del electorado.

El desalojo de la Plaza de Cataluña por parte de la policía catalana puede marcar el inicio de una cadena de acciones contundentes en el resto de España, si las delegaciones del Gobierno no son capaces de soportar el asedio de la derecha. Tampoco contribuye a la estabilidad de la protesta que los medios de comunicación hayan perdido interés en su existencia, ocupándose ahora de una actualidad que difumina el sentido de estas movilizaciones imponiendo un positivismo perverso que las aleja del sentir popular. Ese enfriamiento informativo en medios de comunicación menos significados permite que aquellos que nutren el prontuario de la extrema derecha se ceben con los revoltosos, y se constituyan como portavoces de la voluntad popular mayoritaria simplemente echando mano a la sentencia electoral.

Imagino por lo que he hablado con algunos de los promotores de esta protesta, que la mayoría de quienes tienen una percepción real de la situación política en España sabían que el interlocutor que surgiera de las urnas iba a ser un elemento crucial para el éxito de su iniciativa. Y obviamente la derecha no es la más idónea para el debate. Ahora bien, una vez que hemos entregado el poder a los conservadores -a pesar de la insignificante ganancia de votos con respecto a 2007- toca decidir rápidamente qué hacer con lo logrado hasta ahora con la revuelta. Configurar un discurso coherente y posible, armarlo con argumentos ideológicos e intelectuales y estructurar una organización que permita dotar al movimiento de los instrumentos precisos para mantener la protesta por otros métodos más continuos y perdurables son pasos necesarios para que el esfuerzo no haya sido en vano.

Creo que las propuestas esenciales, reformar la ley electoral, controlar mejor las cuentas de los partidos políticos y depurar las instituciones, son posibles y necesarias. Sólo queda darles cuerpo y lograr el consenso para reforzarlas ante futuras acciones ciudadanas. Este movimiento se ha de convertir en un grupo de presión al que los partidos de izquierda tenga en cuenta para diseñar sus estrategias, de forma que manteniendo la independencia sea posible hacer frente a la arbitrariedades de la derecha y conseguir un país mejor y más justo.

La hora después.

Falta poco menos de una hora para que todo acabe y sepamos quien deberá escuchar las demandas de los ciudadanos durante los próximos cuatro años en nuestras ciudades y regiones. Ahora sólo me pregunto si los ciudadanos querrán ser escuchados o, como suele suceder, volverán a sus quehaceres cotidianos sin importarles lo que hagan los políticos con su dinero y sus vidas.

Las matemáticas me conducen al pesimismo. Son muchos, demasiados, los que aceptan esta democracia sin caer en la cuenta de sus fallos, se conforman con su insignificancia a cambio de una falsa estabilidad. No reparan en las dificultades que cada día han de afrontar miles de sus semejantes, y prefieren la dulce indiferencia a la amarga certeza. Sólo estimula mi ilusión saber que hay quien es capaz de hacer oír su voz, más allá de las necesidades personales y en favor de un nuevo modelo de convivencia que tenga en cuenta a todos, indiferentes y concienciados. Pero aún son pocos, muy pocos.

Esos a quienes hoy renovaremos el contrato por cuatro años más saben que el grito ensordecedor de esa minoría no acallará el no menos ensordecedor alarido de la complacencia. Sus cálculos son simples pero muy reveladores: hay 20 millones de electores que les apoyan y los revoltosos apenas suman unos cientos de miles. El sistema de elección les favorece, pues la dispersión de los rebeldes les resta fortaleza y su indefinición partidista sólo contribuye a reforzar las opciones mayoritarias. Esas cuentas son inapelables, y son las que valen, las que realmente ensordecen a quienes asumen la responsabilidad del gobierno del pueblo.

La mala noticia es que mañana seguirán en sus cargos los mismos corruptos, ineptos, advenedizos, oportunistas, arribistas e indeseables. Seguirán mercadeando con nuestro dinero, despilfarrándolo, alimentando a charlatanes, aduladores y empresarios arteros, repartiendo cargos y sueldos entre amigos, parientes y cortesanos, manteniendo las deudas a los incautos que trabajaron para sus instituciones, controlando los medios de producción, sumiendo a la educación en el dogmatismo y la ruina, utilizando las instituciones públicas para financiar a sus partidos, entreteniendo al pueblo con festejos absurdos y llevando al olvido a la cultura.

Desde luego, la mejor noticia del día es que la revolución cívica que inunda España continuará. Pero no sé hasta cuando ni cómo. Ese es el verdadero dilema. El principal valor de esta realidad ha sido demostrar la capacidad de las gentes, de determinadas gentes, para organizar una acción espontánea y bien estructurada sin caer en la tentación del corporativismo. Los políticos que hoy renueven sus cargos deben tomar buena nota de ello, pues aunque con su desprecio cínico les dejen morir de inanición la certeza de estos revolucionarios de saberse capaces de plantarles cara ha de ser suficiente para que piensen muy bien los pasos que habrán de dar a partir de ahora.

Quizás en el siguiente asalto haya muchos más y al final las matemáticas se pueden abonar al optimismo.

Que no decaiga

Son aún pocos, demasiado pocos. Pero muy repartidos no sólo en España sino también en Europa y, poco a poco, en América. Están bien organizados y desbordan ideas. No es un movimiento de indignados (etiqueta poco convincente) sino de desamparados, de gente capaz de mirar más allá de los convencionalismos que se sienten despojados de su derecho a la dignidad. Han sido muchos años de silencio, contemplando cómo una casta de advenedizos se ha aprovechado de la confianza de la sociedad para alcanzar una posición social y económica inmerecida, imposible de no haber logrado un cargo público, a la misma velocidad que desarrollan una insólita indiferencia capaz de llevarles a despreciar los valores más sagrados de la civilización. Esa burla constante de los políticos por todo lo que se ha peleado durante tantos años, por la ley, por la decencia y la honradez es suficiente razón para que esas miles de personas ocupen el único lugar que le es propio, la calle, y clamen por una sociedad más cívica y unos políticos responsables y honestos.

¡Claro que otra democracia es posible! Una democracia sin indeseables, sin corruptos, sin ineptos que sólo aspiran a alcanzar una notoriedad que les es vedada por su negligencia, advenedizos que ingresan en las instituciones por el simple hecho de pertenecer a un clan familiar o al círculo íntimo de negociantes sin escrúpulos, amparados por charlatanes que usurpan la palabra en medios de comunicación sometidos a los intereses corporativos de los partidos políticos, espectros sin voluntad ni amor propio que renuncian a su libertad por acatar una disciplina partidista, fanáticos y oportunistas, arribistas y aduladores, gentes que han vendido su conciencia por la promesa de un plato de lentejas. Esa no es la democracia que se merecen los millones de personas que cada día se esfuerzan por sobrevivir y mantener activo un país que se desangra por sus cuatro costados.

La democracia real es la que cuenta con el ciudadano, la que emana de su estricta voluntad y no la que determinan el capital ni los grupos de presión. Ni el dinero ni la fe han de arrogarse el poder de influir en las decisiones de los políticos, pues estos se deben única y exclusivamente al pueblo que les paga el sueldo cada mes. Para eso es fundamental saber de dónde sacan los partidos políticos el dinero para funcionar, y que esas cuentas se fiscalicen como las de cualquier otra empresa. Ahí radica el origen de todos los males de esta democracia fraudulenta. Un dinero oscuro que sirve para comprar voluntades y aspiraciones, y llenar los bolsillos de astutos vasallos y poderosos benefactores.

El dinero público no puede ser jamás mercancía para conservar el poder. Es insano para cualquier sociedad civilizada que la Administración pública sea el principal cliente en un sistema de libre mercado, y genere una deuda inasumible a costa de inversiones innecesarias y fraudulentas. Ese es el camino de la sumisión a la casta financiera y el de la ruina para un país. Los cargos electos no tienen derecho a mercadear con el dinero de todos en beneficio propio y corporativo, y mucho menos empleando como coartada la necesidad de sanear la deuda pública para subsanar los excesos de la banca. Es hora de que las instituciones públicas se alejen de las entidades financieras estableciendo una mera relación comercial y no complementaria. Reforzar los organismos fiscalizadores del Estado, como el Banco de España o las comisiones de control del mercado, con profesionales independientes y eficientes sería un paso apreciable en el camino de la normalización. Un Estado no puede ser cautivo de los especuladores. Y es obsceno ver cómo los partidos eligen a los directivos de las cajas de ahorros y algunos políticos hacen el agosto en sus consejos de administración. Y aún nos quieren hacer creer que es una relación noble y desinteresada. Como obsceno es que sean los partidos políticos quienes determinen la composición de las principales instituciones de un Estado como la Justicia. Todo conforma una enfermiza red de intereses y vasallajes que deteriora la democracia.

El Estado ha de limitarse a vigilar el buen funcionamiento de las instituciones, no a administrarlas en beneficio del partido de turno que gobierne. La democracia real es la que responde ante los ciudadanos y asume las responsabilidades de la mala gestión, ya que el buen hacer les será premiado con la reelección. Y en ese juego no pueden participar los ineptos, corruptos, soberbios, codiciosos o perezosos. Han de ser los propios partidos los que, a la luz de las demandas populares, depuren sus organizaciones para despejar sospechas y dotar a sus propuestas de la credibilidad que requiere la sensatez.

Pero para alcanzar ese objetivo es necesario una sociedad formada, instruida y solidaria, capaz de analizar con criterio propio las necesidades reales del colectivo y demandar a los políticos el cumplimiento de sus responsabilidades, más allá de afinidades, militancias o lealtades. La sociedad ha de prepararse para asumir el reto de sanear las instituciones con ideas y propuestas posibles, protegiendo los valores universales de la convivencia y abogando por adquirir los conocimientos precisos que le permitan reforzar sus razones. Es un esfuerzo ímprobo que requiere de la voluntad de todos los que aspiran a que España quede a salvo de esa banda de individuos que han dejado de ser de nuestro mundo.

Esta rebelión ciudadana no puede acabar el domingo. Debe continuar cada vez con más fuerza, con más ímpetu, más organizada y, sobre todo, alejada de las veleidades del poder. Es la voz de los ciudadanos y estoy seguro que, superado el trance electoral, si se sigue oyendo sumará muchas más personas a una causa que no puede ni debe decaer.