Tras el trámite electoral y con la inapelable aunque falaz sentencia de las urnas, la revuelta cívica que inundó España durante la campaña electoral empieza a agonizar. Superada la sorpresa inicial y el interés que suscitó una reacción popular que demostró sorprendentes dotes de organización, quienes durante ese momento transigieron con mal disimulado cinismo se muestran hoy expeditivos y exigentes con las autoridades para acaben con la fiesta. Y no son pocos los cargos públicos autonómicos y municipales que, una vez garantizada su estabilidad social, económica y emocional durante cuatro años más, se destapan la nariz y reclaman el desalojo de las plazas ocupadas por los revoltosos. Afortunadamente, en aquellos lugares donde no hay policía autonómica es la representación del Gobierno central la que debe decidir qué hacer, y empiezo a dudar de la templanza demostrada hasta ahora ante tanta y tan intensa presión por parte de unas instituciones sometidas al absolutismo de la derecha por expresa decisión del electorado.
El desalojo de la Plaza de Cataluña por parte de la policía catalana puede marcar el inicio de una cadena de acciones contundentes en el resto de España, si las delegaciones del Gobierno no son capaces de soportar el asedio de la derecha. Tampoco contribuye a la estabilidad de la protesta que los medios de comunicación hayan perdido interés en su existencia, ocupándose ahora de una actualidad que difumina el sentido de estas movilizaciones imponiendo un positivismo perverso que las aleja del sentir popular. Ese enfriamiento informativo en medios de comunicación menos significados permite que aquellos que nutren el prontuario de la extrema derecha se ceben con los revoltosos, y se constituyan como portavoces de la voluntad popular mayoritaria simplemente echando mano a la sentencia electoral.
Imagino por lo que he hablado con algunos de los promotores de esta protesta, que la mayoría de quienes tienen una percepción real de la situación política en España sabían que el interlocutor que surgiera de las urnas iba a ser un elemento crucial para el éxito de su iniciativa. Y obviamente la derecha no es la más idónea para el debate. Ahora bien, una vez que hemos entregado el poder a los conservadores -a pesar de la insignificante ganancia de votos con respecto a 2007- toca decidir rápidamente qué hacer con lo logrado hasta ahora con la revuelta. Configurar un discurso coherente y posible, armarlo con argumentos ideológicos e intelectuales y estructurar una organización que permita dotar al movimiento de los instrumentos precisos para mantener la protesta por otros métodos más continuos y perdurables son pasos necesarios para que el esfuerzo no haya sido en vano.
Creo que las propuestas esenciales, reformar la ley electoral, controlar mejor las cuentas de los partidos políticos y depurar las instituciones, son posibles y necesarias. Sólo queda darles cuerpo y lograr el consenso para reforzarlas ante futuras acciones ciudadanas. Este movimiento se ha de convertir en un grupo de presión al que los partidos de izquierda tenga en cuenta para diseñar sus estrategias, de forma que manteniendo la independencia sea posible hacer frente a la arbitrariedades de la derecha y conseguir un país mejor y más justo.
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