El plan oculto de la derecha

Prepárese la audiencia para asistir un nuevo acto de la espectacular epopeya de la derecha española en su asalto al poder. Pues si alguien piensa que la dimisión del presidente del País Valenciano es un suceso que obedece a la lógica política y la ética humana se equivoca. Es sencillamente el paso necesario para salvar las opciones electorales del partido al que pertenece.

Fracasada la 'vía Fabra', al no poder obstruir la labor judicial mediante sucesivos recursos dilatorios o alterando la titularidad del proceso alimentando la humana ambición de los jueces con destinos agradables o ascensos soñados, así como la de su ejecución sumaria al negarse el afectado a aceptar el suicidio moral reconociendo su culpa, sólo le quedaba a los estrategas del PP la opción del ingenio. Y visto que el pudor y los escrúpulos no forman parte del ideario que sustancia las acciones de sus líderes, han elegido el muy cristiano método del sacrificio-redención para presentar al convicto como víctima de un sistema injusto y un mártir de la noble causa que representa las aspiraciones de su líder político.

Tienen los cerebros del PP mucho tiempo hasta el juicio para convertir al reo en agraviado, mediante la artera coartada del arrepentimiento por un pecado venial que no habría de empañar su honradez innata. El que sea un jurado popular el que deba deliberar sobre la culpabilidad de Camps hace mucho más fácil apelar a la compasión y el perdón, ofreciendo a sus miembros el gesto de dignidad que significa la dimisión en el empeño por demostrar su inocencia sin dañar la imagen de su partido. Actitud que de inmediato obligó a cambiar la redacción de la ordenanza general, pasando del pésame al encomio y de ahí al contraataque.

Y así, excluido el duelo, no han pasado ni 24 horas desde la dimisión del presidente valenciano y todos los vicarios del PP a lo largo y ancho del país repiten el mantra ordenado: "Camps es un buen hombre y mejor gestor al que han elegido mayoritariamente los ciudadanos, cuya inocencia demostrará en el juicio al que se verá sometido por la inquina del adversario político"; y a continuación incorporar un corolario siniestro con el que pretenden desviar la atención de la opinión pública: "Rubalcaba debe aprender de la decisión de Camps y dimitir como candidato del PSOE por colaborar con ETA". La derecha se lanza así a degüello sobre una presunción para tapar sus evidencias.

El siguiente paso es ganar a la opinión pública mediante una intensa y pertinaz campaña de declaraciones institucionales y orgánicas cargadas de vehemencia, insidias, acusaciones vanas, falacias, demagogia y furia, con las que pretenden inocular en la ciudadanía tantas dudas sobre el proceso judicial como sospechas de connivencia entre el poder judicial y el político representado por el Gobierno del Estado. En ese esfuerzo jugarán un papel fundamental los medios de comunicación afines, a través de los cuales su habitual legión de esbirros a sueldo se desgañitará en la defensa de esos preceptos. Los adeptos al PP en Valencia harán el resto cantando las alabanzas del líder caído, y exigiendo su pronta restitución al mismo tiempo que pedirán la cabeza de quienes le han agraviado.

El fin último de este proceso es condicionar la percepción de quienes habrán de ejercer como jurado popular, presentado a Camps no cómo un político corrupto sino como un ser humano que ha podido cometer un error y está dispuesto a redimir su culpa. En definitiva se trata de humanizar la figura del reo para hacerlo más cercano al ciudadano que habrá de determinar si merece la pena culparle por lo que ha hecho, más allá de las evidencias de delito.

Es no obstante esta una apuesta arriesgada que puede estallarle en plena cara a los arteros estrategas de la derecha española, aunque vista la tibieza con que han respondido desde los partidos de la oposición no sería de extrañar que salieran airosos. Por mucho que erijan este mezquino edificio sobre los cimientos de la mentira y la insidia.

¿Es la mentira lo que queremos?

Una vez que la 'banda de los cuatro' dirigentes del PP valenciano, encabezada por el mismísimo presidente del Gobierno de esa comunidad, se haya declarado culpable de los delitos por los que iban a ser juzgados, la sociedad española se enfrenta al dilema crucial de valorar no ya el comportamiento fraudulento por el que serán condenados, sino la actitud que todos ellos han mostrado ante las acusaciones hoy probadas y aceptadas, así como la de los líderes de su partido y, por encima de todo, la de la propia organización política a la que representan en sí misma. Es fundamental que todo esto se tenga en cuenta, y más cuando llueve sobre mojado, puesto que no es la primera vez que el PP fundamental una estrategia política sobre la mentira y el obstruccionismo a la justicia y las instituciones de toda índole.

El ciudadano debe concluir si la mentira es aceptable en el juego político, si aquellos en quienes ha depositado su confianza para que gestionen su estabilidad social y económica son dignos de poseer semejante poder, cuando se muestran incapaces no ya de realizar esa labor con honradez y dignidad sino de empañarla con la mentira y la manipulación.

Es un momento crucial para el futuro de un país sumido en una crisis de valores inédita, no tanto por la novedad en sus rasgos internos como por constituir un rasgo definitorio ante el mundo al que pertenecemos. La imagen de las instituciones españolas en un contexto internacional quedaría en entredicho si la ciudadanía no impusiese una condena ejemplar a los que traicionan su confianza, más allá de la que la justicia les haya aplicado. El castigo del pueblo ha de ser implacable, a no ser que prefiera ser cómplice de tales delitos y asumir su condición de coartada para el fraude y la mentira.

Decía que llueve sobre mojado porque no es la primera vez que la derecha se ampara en la mentira para eludir sus responsabilidades, y proteger sus privilegios institucionales. No se debe olvidar jamás el mezquino tratamiento que le dispensó el Gobierno del PP a los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Ni siquiera habían recuperado los restos de las víctimas cuando altos cargos de aquel Ejecutivo, encabezados por su presidente, José María Aznar, y destacados dirigentes del PP mintieron sin escrúpulos ni decencia a la opinión pública. Y lo peor fue que, demostrada su iniquidad, mantuvieron esa mentira viva con un vigor inusitado durante el tiempo que transcurrió hasta la sentencia que demostraba su equivoco, y aún más allá hoy siguen algunos aferrados a ese embuste sin que se haya oído una condena clara por parte de quienes les amparan.

Y no, no fueron aquellos tristes sucesos los que llevaron al PSOE a la victoria. Si acaso constituyeron un siniestro corolario a cuatro años de mentiras e insidias, desprecios y silencios, bien reflejados en el desastre del Prestige o el accidente del avión militar en Turquía, pero elevados a la categoría de arte con el irritante empeño por llevar al país a una guerra absurda y falaz, tal y como su evolución se ha encargado de demostrar, empleando argumentos pueriles unos e insultantes los más y procedimientos legales y legislativos absolutamente tendenciosos cuando no fraudulentos. Aquel 'creanme, en Irak hay armas de destrucción masiva' quedará en la lápida de la Historia como uno de los epígrafes más perversos y desalmados que identificó un periodo cargado de sombras y desprecio. Y mientras eso sucedía en los exteriores del poder, en la intimidad se gestaba el mal que hoy ha eclosionado y que se niegan a aceptar: una crisis económica brutal y una enorme estafa no dejan de ser ingredientes indispensables de un estilo de vida tan atractivo como nocivo, al que sin embargo se entregó una sociedad demasiado confiada, desinformada, ambiciosa e imprudente. Los ciudadanos sufrieron cuatro años de rancio autoritarismo y al final pasaron una factura más onerosa de la que los confiados líderes del PP esperaban. Pero hoy pagamos las consecuencias de aquella farsa.

Es la herencia envenenada que nos legaron quienes hoy se ofrecen como salvadores de una patria que ellos han contribuido a demoler. No es nuevo que la derecha, como garante de la oligarquía y los valores individuales, jamás ha aceptado una derrota. Basta con echar la mirada atrás y comprobar que los conservadores cuando han sido privados del poder lo han intentado recuperar por todos los medios posibles, sin escrúpulo alguno. Si en 1934 fue el poder económico y la Iglesia las que espolearon el asalto de la derecha al Gobierno republicano, desde 2004 se sumó el poder mediático y la acción desestabilizadora de las comunidades autónomas en un empeño casi fanático por recuperar el poder. Sin descanso, el PP ha ahogado en todos los frentes la labor del gobierno socialista, que ha sufrido como nunca antes las consecuencias de sus errores, llevando al país a una situación insostenible que ha traído como consecuencia el descontento general de una sociedad necesitada de soluciones a sus problemas.

La mentira, la demagogia y el filibusterismo han sido las armas que ha empleado la derecha para conducir a España al caos. Si bien, una magnífica estrategia de comunicación les ha permitido presentar a la sociedad un panorama en el que ellos aparecen como únicos garantes de la estabilidad. Tanto que incluso la mentira se acepta como mal menor siempre que la gestión de gobierno sirva para cubrir unas necesidades esenciales. El PP ha sabido modular con una precisión de relojero los tiempos de este acoso y la participación de cada uno de sus actores afines para cohesionarlo. El resultado es una imagen de inestabilidad que perjudica a la credibilidad del país en los foros internacionales y, lo que es peor, espolea la acción especulativa de los mercados ante una aparente cuando no deliberada paralización del mercado financiero interno. ¿Volvería la inversión si vuelve el PP al poder? Habrá que verlo, aunque no sería de extrañar una reactivación económica al amparo de una más que probable desregulación de sus métodos de negocio.

Por su parte, la paralización del gobierno central, las hipotecas ideológicas y un estilo de hacer política basado menos desquiciado han impedido al PSOE hacer frente a este asedio indiscriminado, aceptando ya no sólo las insistentes arremetidas de la derecha en sede parlamentaria sino su persistente obstrucción a la labor ejecutiva, además del permanente estado de opinión procurado desde una cada vez mayor y más ruidosa pléyade de medios de comunicación adscritos a los intereses de los conservadores. Ante esa acometida, ni el presidente del Gobierno ni su partido han sido capaces de reforzar su imagen ni en el interno del país ni frente a los organismos internacionales, ni mucho menos ante el poder financiero.  A ello se suma una indefinición del ideario que sustenta el socialismo, pues no por atender las demandas del entorno político al que se pertenece se debería renunciar a los valores que identifican a un proyecto de izquierdas. Muchos expertos han demostrado que es posible enfrentar los rigores económicos globales con medidas ingeniosas que no perjudiquen en exceso a las clases menos pudientes. Se trata de un mejor aprovechamiento de los recursos y, sobre todo, de afrontar con valentía y audacia los desafíos del poder oligárquico con reformas que permitan asentar un modelo productivo más justo y equitativo. Eso sí, para lograrlo es necesario renunciar a las garantías políticas que reporta la sumisión al poder económico, y soportar las consecuencias que de ello se deriven. Se trata de elegir entre estabilidad política o estabilidad social: preservar privilegios o repartirlos. Ese es el dilema, en el que no valen las ambiciones de poder.

Unos y otros han logrado que España sea un estado en fase de espera a los ojos del mundo desarrollado. Los socialistas por su manifiesta impotencia y los conservadores a fuerza de desprestigiar a su gobierno en cualquier foro internacional. Nunca antes que recuerde se había atacado tanto al propio país en el extranjero. La ansiedad por conseguir el poder a toda costa ha llevado a la derecha española a ofrecer un espectáculo desolador allí por donde han pasado sus líderes. Su estrategia del poder a toda costa ha procurado mayores perjuicios al país de lo que se pueda imaginar. Esa deslealtad, asentada en un cúmulo de retórica, demagogia y tendenciosas manipulaciones de la realidad, ha dibujado un panorama casi tercermundista que no se corresponde con la realidad. Sin embargo, esa dialéctica apocalíptica le está dando unos resultados electorales excepcionales al PP, cuyos dirigentes se ven cada día más cerca del ansiado poder absoluto, al presentarse ante la audiencia internacional como la única vía para sacar al país del pozo en el que, no se olvide nunca, ellos lo metieron con sus políticas depredadoras y embriagadoras de espíritus débiles e inocentes. La derecha fue durante sus ocho años de poder la que ayudó a edificar el falso paraíso en el que se perdieron millones de españoles. Sin embargo, hoy son los socialistas quienes han de procurar salvar a España del desastre. Ese es el valor de una gestión que muchos se empeñan en no ver, una vez más embrujados por los cantos de sirena de los taimados conservadores.

Ya lo lograron en 1995/96 cuando en un alarde de cinismo sin parangón ejercieron el poder que se les había confiado con un estilo cercano y gentil que embaucó a la opinión pública de forma extraordinaria. En su papel de corderos, los conservadores ofrecieron su perfil más social y se ganaron a la sociedad. Ese disfraz amable les permitió fabricar algunas de las reformas más nocivas para el país que se recuerden como la Ley del Suelo y, sobre todo, consolidar un poder que, ya con mayoría absoluta a parti del 2000, les permitió mostrar su auténtico aspecto autoritario y soberbio. Es cierto que el momento en el que les toco el poder era propicio. Con una crisis productiva de calado sectorial, valiosas empresas públicas para privatizar, un poder económico rendido a un modelo ultraliberal que le reportaba unos beneficios incalculables sin casi arriesgar nada a cambio, y una sociedad ávida de emociones y dinero, al PP no le supuso un esfuerzo especialmente grande estimular el crecimiento económico extraordinario que, quizás con otras estructuras sociales y empresariales menos raquíticas y medrosas, hubiese resultado menos ficticio. Aquel modelo se construyo sobre bases endebles y sólo logró debilitar aún más las estructuras productivas y sociales de un país incapaz por recursos propios de ascender a esas alturas de vértigo. Pero sus efectos euforizantes resultaron beneficiosos tanto que se han convertido hoy en una especie de paraíso perdido al que muchos aspiran a volver.

Sin embargo, las circunstancias actuales son muy diferentes a las de 1996. Los resultados de aquella ensoñación se han revelado terribles e implacables. Hoy ya no queda casi nada que vender, ni los banqueros están para muchas aventuras de incierto final. El elevado paro es casi estructural y los cimientos del edificio productivo están agrietados. No se aprovechó el crecimiento para establecer unas estructuras económicas estables basadas en el conocimiento, la productividad y la competitividad; se mantuvieron los vicios si acaso maquillados con una rentabilidad tan alta como superflua, y el tradicional castigo a la inteligencia sigue tan vivo como siempre. El pueblo además demanda soluciones no sacrificios, y el entorno geopolítico impone una exigencias difíciles de eludir con medidas contigentes. Quien deba asumir el poder tras las próximas elecciones tendrá ante sí un desafío colosal que sólo se puede enfrentar con sentido común, ingenio y valentía. De nada servirá el victimismo y reprochar herencias adulteradas. Quien no sepa atender los problemas reales de este país, fracasará.

Es cierto que sólo un cambio podría despejar el camino. Sin embargo, esa necesidad no implica tanto un trasvase de poder a la derecha como una variación en las estrategias del propio socialismo. Darle el poder al PP sería bendecir la actual política de recortes e injusticias, sería sentenciar el ostracismo del pueblo y aceptar la mentira y la insidia como instrumentos válidos para acceder al poder. No son conjeturas, son hechos que 'la banda de los cuatro' se ha encargado de ratificar en Valencia. No es posible la prosperidad cuando se juega con cartas marcadas, y la derecha no está en condiciones de transmitir una confianza al pueblo lo suficientemente poderosa como para rescatarlo de la miseria.

Es el momento de reflexionar y valorar las opciones que se nos presentan, pues un paso en falso sólo pueden acelerar nuestra caída en el vacío.

Palacios en el fango

Como cada mañana, peregrino hacia el bar de la esquina y me tomo un café leyendo el periódico local. Lo normal es que su contenido sea anodino por estar sometido a los designios del poder político, que controla los recursos públicos y privados de los que depende su supervivencia. Sin embargo, en ocasiones la contundencia de los sucesos impone un tratamiento más riguroso y veraz, que no logra ocultar ni el maquillaje del enfoque o el tratamiento complaciente que le dispensa el periodista de turno, si es que en ellos se ve comprometida la estabilidad de quienes gobiernan esta región. Hoy es uno de esos días, y a poco que se analice el contenido de algunas de las noticias cualquiera puede concluir que estamos en manos de una banda de peligrosos desalmados, cínicos embaucadores y medrosos ciudadanos.

Arranca el ejemplar con la alarma de 40 alcaldes agobiados por la cuantiosa deuda que mantienen con sus proveedores para, a continuación, añadir la apocalíptica advertencia de que si no se arregla el asunto "habrá que echar el cierre".

(http://www.laverdad.es/murcia/v/20110707/region/alcaldes-reclaman-medidas-urgentes-20110707.html)

Es cierto que algunos han llegado al cargo hace algo más de un mes, pero la mayoría llevan en la poltrona el tiempo suficiente como para que sus cuitas tengan poco sentido. Las cifras son abrumadoras, pero lo es aún más el fariseísmo con el que afrontan la difícil solución. ¿Nacieron ayer? ¿Quienes gobernaban no son conscientes de la deuda que han generado? ¿Los nuevos vienen de otro planeta? ¿Habrá verbena popular este año?

Paso página y me encuentro con que reina el desasosiego entre la parroquia de orgullosos vencedores, porque aún no se ha decidido el reparto del botín institucional y peligra el bienestar de algunos aspirantes a ocupar cargos de responsabilidad en las diferentes consejerías.

(http://www.laverdad.es/murcia/v/20110707/region/-20110707.html)

Se debaten los que ya han pillado tajada entre cumplir la orden de adelgazar la administración impuesta por sus superiores, y la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con quienes les han entregado su lealtad y entusiasmo. Problema de difícil resolución que exige ingenio y astucia, aunque a buen seguro no causará demasiadas víctimas dado que cuentan con la ignorancia de una ciudadanía más pendiente de llegar a fin de mes, a la que le importa un pepino a cuántos de ellos tendrá que mantener entre otras cosas porque ni siquiera sabe que existen ni a qué se dedican. Es sólo cuestión de tiempo y encaje.

Y mientras los atribulados gobernantes esperan la ocasión para organizarse o un milagro que les permita evitar que les corten la luz en los ayuntamientos, otros continúan edificando palacios en el fango sin que se les descomponga el semblante, como así atestigua otra noticia que aparece en la página inmediata.

(http://www.laverdad.es/murcia/v/20110707/region/gobierno-regional-espera-para-20110707.html)

Como si los delirios de grandeza del pasado no hubiesen dejado un rastro de miseria tan diáfano como las estadísticas del INEM, insiste este Gobierno en alimentar a la bestia del dispendio con inversiones tan fastuosas como dudosas: un parque temático y un aeropuerto que nacen de la nada y auguran más destrucción. Con 300 millones de nada se pueden empezar las obras del último de los monumentos a la estulticia, un faraónico espacio de ocio auspiciado por Paramount que se pretende erigir en unos terrenos que formaron parte de uno de los precursores de esta política disparatada, la arruinada Polaris World.

Sobre el papel, el proyecto necesita una inversión de 1.000 millones de euros. Poca cosa para la que está cayendo. Para eso están los jeques árabes, los inversores chinos, magnates rusos y el presidente del Real Murcia. Lo mejorcito de cada casa, no cabe duda. Los americanos ponen el nombre, cobran y ahí acaba todo. Luego ya se verá qué se hace con el mamotreto y cómo se le mantiene. Pero eso ya será otro cantar y, probablemente, entonces habrá otros que deban lidiar con el estropicio. Como en los ayuntamientos, más o menos.

Abochorna contemplar la complacencia y el cinismo de quienes han de velar por los intereses de los ciudadanos, prestarse a esta pantomima con la complicidad de los medios de comunicación y de una masa social acuciada por la necesidad de trabajo. Sería demagogo establecer una comparación entre las patentes dificultades de la Administración pública para hacer frente a sus gastos corrientes y al pago de los servicios primarios, y la ligereza con que defienden proyectos tan costosos como inciertos e innecesarios. Ningún gobierno debe poner más trabas de las establecidas por las leyes a las inversiones privadas, si bien un rasgo de eficiencia es vigilar que éstas sean realmente adecuadas para el interés general, no escondan intenciones inconfesables y estén auspiciadas por capitales transparentes y sólidos.

Sin embargo, las autoridades regionales no sólo han buscado, negociado y promocionado este parque temático, sino que además han bendecido la entrada de inversores que siembran más inquietud que ilusiones o seguridad. Un gobierno no debe jamás someter a su pueblo a riesgos innecesarios, y este tipo de capitales dibujan demasiados abismos. Demuestran así una puerilidad y una imprudencia que raya lo delictivo, amén de un desprecio por el interés general al abogar por un modelo de desarrollo que ellos mismos a comprobado fallido, y que aún está causando graves perjuicios al crecimiento económico y a la estabilidad social.

¿Qué deudas tiene el PP y con quién para empeñarse en embarcar a las instituciones que gobierna en un viaje tan peligroso, a sabiendas de que los medios que empleará se han demostrado ineficaces? Alguien debería responder a esto antes de que nos vuelvan a embaucar con la coartada del bien general.

¿Quién es ese político?

El escritor Javier Marías se pregunta en el artículo que todos los domingos publica en la revista de El País  (http://www.elpais.com/articulo/portada/quieren/ser/politicos/elpepusoceps/20110703elpepspor_13/Tes) por qué se quiere ser político en un país donde son tan despreciados por la población. Una interesante reflexión que ilustra con la descripción no menos certera de los cinco perfiles que, según él, caracterizan a quienes eligen emprender la carrera política, pero que quizás por falta de espacio demasiado esbozada aunque ello no le reste fuerza para inducir al lector inquieto a realizar un análisis de esa cuestión.

No tengo nada que objetar a los cinco itinerarios de la política que propone Marías en su artículo, si bien todos ellos dependen de un matiz indispensable: el apoyo electoral o lo que es igual el beneplácito del ciudadano. Independientemente de los motivos que impulsen a cualquier individuo a optar por la política activa, el acceso al cargo institucional, ya sea ejecutivo o legislativo -que en definitiva es lo que distingue popularmente al político, dado que los militantes apenas cuentan en ese imaginario-, requiere de unas premisas que anulan en esencia su voluntad desde el momento que ha de aceptar unas normas impuestas no tanto ya por la ideología que sustancia la opción partidista que elija como el interés corporativo que surge de su puesta en valor. Es decir, cualquier ciudadano que, insisto, por la razón que sea se mete en política ha de renunciar a su libertad de pensamiento en favor de una disciplina orgánica.

A partir de ahí, sólo aquellos capaces de aglutinar los apoyos necesarios dentro de esa estructura corporativa optarán a ocupar unas posiciones de privilegio en las listas electorales que se someten al escrutinio público. Y dentro de este selecto grupo, sólo unos pocos alcanzarán las cotas de notoriedad suficientes para ser reconocidos por la opinión pública, ya sea con carácter general en el caso de los líderes nacionales o particular si se trata de aquellos que circunscriben su acción a los territorios más familiares (comunidades y ayuntamientos).

El auténtico valor de esta representatividad que permite a tantos y tantos individuos observar no pocas ventajas en la política es el anonimato, inducido por la extraordinaria y deliberada desinformación de los ciudadanos cautivos de un modelo regido por las marcas, que subordina a las ideas, las ideologías, los programas, las propuestas y, por supuesto, a las personas. Ese apoyo tácito del electorado, que identifica a sus líderes con esas marcas más que con sus propuestas o su idoneidad, sirve para legitimar los actos de quienes luego demuestran su clara ineptitud en el ejercicio del poder o un desprecio manifiesto por el interés general que, en todos los casos, aseguran defender por ser la razón que les mueve a asumir tan onerosa misión. La garantía de recibir una parte del botín institucional sea cual sea la participación en unas elecciones, permite a los políticos eludir el deterioro de su imagen ante la ciudadanía tal y como reflejan las encuestas y delimitar así ese universo particular que les permite mantener a buen recaudo los privilegios obtenidos de la urnas, a cambio de lealtad al líder y a las estrategias que lo sostienen.

La enorme desinformación que existen entre la sociedad abona este modelo. Es paradójico que en un momento de extraordinario desarrollo de los instrumentos de comunicación, la población adolezca de tan pocos conocimientos de su realidad política. Es como si la sociedad viviera en medio del mar en un barco que no sabe gobernar y, además, no supiera nadar; lo deja todo en manos de la tripulación y confía en que habrán lanchas salvavidas para todos si algún día la nave naufraga. Es sonrojante comprobar cómo el ciudadano desconoce a quienes le administran la vida, y lo es aún más que ni siquiera haga propósito de enmienda y reconozca que le gustaría conocerlos. Parece le da igual quien se siente en los despachos o en los escaños con tal de que sus decisiones le beneficien mal que bien. Y si los hay en abundancia que apenas son capaces de reconocer a algunos de los líderes políticos más visibles, el número de indolentes se eleva hasta cantidades insólitas cuando se trata de identificar a todos los demás.

Ese dulce anonimato es el principal factor que justifica todas las razones que Marías expone para identificar a quienes ven en la política la forma idónea para alcanzar un bienestar que ninguna otra vía más convencional podría proporcionarles. Propone además a quienes expresan su frustración por el mal funcionamiento de este sistema de convivencia que detecten al impostor, al oportunista, al indeseable o al inepto entre la masa política y le afeen la conducta. Loable misión si no fuera porque quienes hoy se quejan son incapaces de saber a quien dirigir sus demandas, por lo que irremediablemente han de caer en el prejuicio de las etiquetas y lanzar sus críticas y exigencias a los partidos, cometiendo el error de hacer tabla rasa y corriendo el peligro de caer en el pensamiento único.

Sólo con una democracia de personas es posible sanear la vida política en este país. Pero ese es otro cantar.