Prepárese la audiencia para asistir un nuevo acto de la espectacular epopeya de la derecha española en su asalto al poder. Pues si alguien piensa que la dimisión del presidente del País Valenciano es un suceso que obedece a la lógica política y la ética humana se equivoca. Es sencillamente el paso necesario para salvar las opciones electorales del partido al que pertenece.
Fracasada la 'vía Fabra', al no poder obstruir la labor judicial mediante sucesivos recursos dilatorios o alterando la titularidad del proceso alimentando la humana ambición de los jueces con destinos agradables o ascensos soñados, así como la de su ejecución sumaria al negarse el afectado a aceptar el suicidio moral reconociendo su culpa, sólo le quedaba a los estrategas del PP la opción del ingenio. Y visto que el pudor y los escrúpulos no forman parte del ideario que sustancia las acciones de sus líderes, han elegido el muy cristiano método del sacrificio-redención para presentar al convicto como víctima de un sistema injusto y un mártir de la noble causa que representa las aspiraciones de su líder político.
Tienen los cerebros del PP mucho tiempo hasta el juicio para convertir al reo en agraviado, mediante la artera coartada del arrepentimiento por un pecado venial que no habría de empañar su honradez innata. El que sea un jurado popular el que deba deliberar sobre la culpabilidad de Camps hace mucho más fácil apelar a la compasión y el perdón, ofreciendo a sus miembros el gesto de dignidad que significa la dimisión en el empeño por demostrar su inocencia sin dañar la imagen de su partido. Actitud que de inmediato obligó a cambiar la redacción de la ordenanza general, pasando del pésame al encomio y de ahí al contraataque.
Y así, excluido el duelo, no han pasado ni 24 horas desde la dimisión del presidente valenciano y todos los vicarios del PP a lo largo y ancho del país repiten el mantra ordenado: "Camps es un buen hombre y mejor gestor al que han elegido mayoritariamente los ciudadanos, cuya inocencia demostrará en el juicio al que se verá sometido por la inquina del adversario político"; y a continuación incorporar un corolario siniestro con el que pretenden desviar la atención de la opinión pública: "Rubalcaba debe aprender de la decisión de Camps y dimitir como candidato del PSOE por colaborar con ETA". La derecha se lanza así a degüello sobre una presunción para tapar sus evidencias.
El siguiente paso es ganar a la opinión pública mediante una intensa y pertinaz campaña de declaraciones institucionales y orgánicas cargadas de vehemencia, insidias, acusaciones vanas, falacias, demagogia y furia, con las que pretenden inocular en la ciudadanía tantas dudas sobre el proceso judicial como sospechas de connivencia entre el poder judicial y el político representado por el Gobierno del Estado. En ese esfuerzo jugarán un papel fundamental los medios de comunicación afines, a través de los cuales su habitual legión de esbirros a sueldo se desgañitará en la defensa de esos preceptos. Los adeptos al PP en Valencia harán el resto cantando las alabanzas del líder caído, y exigiendo su pronta restitución al mismo tiempo que pedirán la cabeza de quienes le han agraviado.
El fin último de este proceso es condicionar la percepción de quienes habrán de ejercer como jurado popular, presentado a Camps no cómo un político corrupto sino como un ser humano que ha podido cometer un error y está dispuesto a redimir su culpa. En definitiva se trata de humanizar la figura del reo para hacerlo más cercano al ciudadano que habrá de determinar si merece la pena culparle por lo que ha hecho, más allá de las evidencias de delito.
Es no obstante esta una apuesta arriesgada que puede estallarle en plena cara a los arteros estrategas de la derecha española, aunque vista la tibieza con que han respondido desde los partidos de la oposición no sería de extrañar que salieran airosos. Por mucho que erijan este mezquino edificio sobre los cimientos de la mentira y la insidia.
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