La nada

Cuando arrecia el aguacero, una cosa es echar mano del chubasquero para protegerse y cuando amaine el temporal arrumbarlo en el armario, y otra muy distinta es emular al anfibio y convertir el terreno en un cenagal para que la lluvia cobre sentido.

Claro que esta opción no se le puede ofrecer al deprimido personal, hastiado ya de tanta humedad. Y lo mejor es pasar de puntillas por los charcos para evitar resbalones. Sobre todo cuando parece que las botas de agua son más resistentes que otras veces, y el terreno seco ya se otea en el horizonte como una meta casi segura.

Así el melifluo caudillo de la derecha agiliza sus culebrinas retóricas y con ambigüedad calculada reúne a la prensa para largar una arenga insustancial, en su nuevo papel de hombre de Estado investido de la suprema responsabilidad de "devolver la felicidad a los españoles" (sic). Caramelos envenenados que inoculan el virus de la sumisión, y que los esperanzados españoles recogen entusiasmados como inocentes niños a la puerta de un colegio.

Sabe la derecha que el rival está casi noqueado, que el paro y la incertidumbre constituyen el nuevo terrorismo para los ciudadanos, y que el discurso de la izquierda se rompe en mil pedazos teniendo como víctima principal al partido hegemónico hoy caído en desgracia. Del lado de los tenderos, vascos y catalanes perfilan sus estrategias para tratar con el nuevo mercader omnipotente. Y los poderes fácticos ya hacen sus cuentas para reclamarle todo el apoyo que le han prestado durante el catastrófico periodo vivido durante los gobiernos socialistas, a pesar de que muchos de ellos no hayan perdido mucho de ese poder que ya poseían en tiempos de Aznar.

El gran problema de España es que el fraude forma parte de la estructura básica de su edificio social y económico, y que combatirlo sería como si se le quitara una viga a riesgo de hacer una parte importante del mismo. El fraude fiscal, la economía sumergida y la desigualdad impositiva soportan buena parte del desarrollo económico español y se han aceptado como prácticas necesarias para impedir males mayores. Ninguno de los líderes políticos puede garantizar que una reforma encaminada a regular todas esas prácticas no causará un perjuicio considerable a la estabilidad del país, por lo que la única forma de emprender esa necesaria tarea es comenzar inculcando nuevas pautas de conducta entre la población, a la vez que se regulan las prácticas fraudulentas. Un trabajo arduo que requiere de un largo periodo de tiempo y del concurso de las instituciones internacionales, a fin de sellar los resquicios legales por los que se escapen los más astutos.

También sabe la derecha que la actual situación de España no requiere de terapias como la que caracterizó su primera experiencia de gobierno. Queda ya muy poco que privatizar y lo que resta es demasiado sensible como para hacerlo con prisas y soberbia. Aunque sea el principal objetivo, necesitará un gesto de buena voluntad de parte de aquellos que esperan el advenimiento de los conservadores como el maná para imponer su siniestro plan ultraliberal, como así ya han expresado muchos representantes empresariales con no poco entusiasmo y ninguna cautela. Y no es claro que los expectantes estén muy dispuestos a dar demasiado margen a quienes han apoyado con todas sus fuerzas, en la esperanza de volver a disfrutar de condiciones propicias para ganar dinero a espuertas. Ya se verá.

El pueblo, mientras tanto, aguarda esperanzado que se vuelvan a abrir las puertas de un paraíso que recuerdan feraz y cómodo. No saben que al otro lado ya no queda nada que cosechar y lo que encuentren sea más un purgatorio en el que deban renunciar a muchos de sus derechos, a la vez que aceptar unas condiciones de vida infinitamente más gravosas que las que ahora tienen. La derecha sabe que ya no puede ofrecer ambrosía y pretende convencer al pueblo con chocolate de algarroba. Al fin y al cabo es un bocado dulce que alivia la amargura, pero nada más lejos de lo que la gente se imagina.

España necesita ahora ese acto de grandeza política que la derecha ha negado durante años en su mezquina obsesión por recuperar el poder. Sé que tras las elecciones ese será el camino que exijan los nuevos gobernantes a los perdedores, querrán compartir con ellos los sinsabores que sufrirán impotentes ante una realidad mucho más terrible que la que se percibe; querrán entonces un pacto de Estado para sacar a España de la crisis, imponiendo sus criterios y bajo la amenaza de un empeoramiento de las condiciones de vida. Y lo más probable es que consigan ese ansiado apoyo, pues la otra vía es sólo la dictadura.

Sin embargo, su engreimiento les impedirá aceptar con humildad que sólo son un engranaje más de la máquina política que habrá de sacar al país de la recesión y, como a principios de siglo, caerán de nuevo en el embeleso y el autoritarismo creyéndose a salvo de todo mal gracias al enorme poder que atesorarán a partir del año que viene.

Triste panorama el que se avecina.

El pueblo pide marcha

Me gusta leer los comentarios que los lectores suelen expresar a propósito de las noticias que publican los diarios en sus ediciones digitales. Aunque reconozco que siempre me terminan aburriendo y no logro leer más de diez o doce, sobre todo porque me irrita su mala redacción y la enorme cantidad de faltas de ortografía que cometen sus autores, creo que identifican el carácter de quienes al menos se interesan por la realidad cotidiana y, no como otros muchos, prefieren vivir su rutina en un limbo de ignorancia o pasotismo mezquino. Según la tendencia ideológica de cada publicación el grueso de comentaristas anónimos -pues la mayoría oculta su identidad en más que menos ingeniosos apodos- alaba o detesta los sucesos narrados o las palabras de sus actores, y siempre hay algún discrepante que bien por convicción o simple ánimo de provocar expresa reflexiones contrarias al sentir general del foro o delirantes improperios, que reciben la airada respuesta de los demás. Todo un alarde de libertad de opinión que refleja la controversia que la actualidad provoca entre los ciudadanos.

Un rasgo común en la mayoría de estos intercambios de pareceres es el apasionamiento con que los expresan sus autores y, por eso, no me ha extrañado en absoluto que a propósito de las declaraciones de un dirigente socialista andaluz en las que afea las acusaciones de Ana Mato sobre las malas condiciones de los centros educativos de esa comunidad, empleando un lenguaje más propio de los debates de vertedero social que inundan las televisiones, la parroquia se haya deshecho en vítores y alabanzas atestiguando con sus reacciones su deseo de que la pugna dialéctica entre los políticos adquiera un tono más popular, más cercano a los cánones de la calle y empleando expresiones quizás más humanas.

El pueblo pide marcha. Y es cierto que en un momento de inquietud como el actual se valora mucho más la firmeza y la seguridad que la pedagogía y la serenidad. En ese sentido, cuando veo u oigo a los líderes políticos de los dos bandos hegemónicos me construyo una fantasía en la que mientras se avecina una enorme ola el líder socialista intenta explicar a la población presa del pánico las características del maremoto y cómo librarse de él, mientras que su rival conservador echa mano de una excavadora y rescata al pueblo a lo bestia sin reparar en lo que se lleva por delante. Al final, la ola gigante arrastra al confiado profesor mientras los que han sido rescatados agradecen con entusiasmo la determinación del aguerrido registrador, aunque en el camino hayan perdido sus posesiones y a muchos de sus congéneres.

Es algo parecido a aquella anécdota que narraba Óscar Wilde sobre el espectador con presencia de ánimo que en medio de un pavoroso incendio en un teatro abarrotado de público, sube al escenario para pedir calma y señalar las salidas de emergencia; el público, sin embargo, presa del pánico se abalanza hacia la primera salida que encuentra y, al final, el que no murió aplastado lo hizo abrasado por las llamas.

La derecha lo sabe bien y por eso su estrategia está basada en la demagogia, la banalización de la realidad, el reproche, la insidia, la mentira y el infundio. Esa actitud mantiene a su hinchada enardecida y desconcierta a unos socialistas que se antojan demasiado benevolentes cuando no apocados. Así lo han hecho durante ocho años y parece que ahora les va a dar resultado. Claro que crisis mediante, porque de no ser por eso mucho me temo que seguirían mordiendo el polvo. Por eso no sucede nada si un día algún individuo rijoso y melifluo llama idiotas a los votantes socialistas, al siguiente otro personaje con cara de no haber roto un plato mantiene que el fin del terrorismo no es nada comparado con las ansias de justicia de los bienpensantes, y al siguiente alguien asegura sin atisbo de duda que en Andalucía estudian los niños en las mismas condiciones que en Etiopía. Todo ello aderezado por el profuso vómito diario de los medios de comunicación de derechas -la mayoría por doquier- y las insistentes e inestimables codas al cambio pronunciadas por sus clientes más aventajados como la Iglesia católica, los empresarios, los banqueros y esa horda de asociaciones, colectivos, corporaciones o colegios profesionales constituidos a mayor gloria de los diferentes feudatarios autonómicos. Eso fortalece la ambigüedad del discurso de la derecha y permitirá a su líder llegar al poder a través de la nada.

El pueblo quiere marcha, mucha marcha. Quiere a un redentor que les salve de la aniquilación, y para ello perdonan mentiras y sandeces. Y quiere a un rival que reaccione con seguridad y contundencia a las arremetidas dialécticas del contrario. Así, en medio de la decepción, por lo menos se divertirá.

El triunfo del miedo y la decepción

Queda un mes para que se celebren las elecciones generales y nada parece indicar que pueda producirse un resultado distinto a lo que prevén las encuestas, es decir, la contundente victoria de la derecha y el severo castigo que sufrirá el PSOE. La única incógnita que animará la jornada será, como diría un comentarista deportivo, la dimensión de la goleada. No es extraño, por tanto que cunda el desánimo en el socialismo y sus actos públicos parezcan más una terapia emocional que la necesaria manifestación de una opción real de gobierno. Y, por el contrario, la derecha esté ya repartiéndose el botín sin poder disimular con altas dosis de cinismo su entusiasmo por la certeza de lograr el ansiado poder, tras ocho años de intenso asedio al Gobierno socialista.


Cada comparecencia pública del candidato socialista se antoja como un acto de contrición por los errores cometidos. La energía de Rubalcaba parece a veces impostada por esa actitud mendicante de entusiasmo que adopta ante los dirigentes de su partido, a sabiendas de las reticencias de un electorado que parece ansioso por pasar el trago amargo de la derrota cuanto antes.  Parece ese marido infiel a quien se le ha sorprendido en pleno adulterio que, arrepentido, se empeña en pedir perdón y jurar que nunca más volverá a engañar a su esposa. Sin embargo sabe que el mal está hecho y por mucho que intente demostrar su lealtad deberá asumir la penitencia que le impone la pérdida de confianza y, al menos durante un tiempo más o menos prolongado, habrá de cargar con la sospecha no sólo de la esposa ultrajada sino de quienes estimándola reprueban su actitud y esperan unas evidentes pruebas de redención, cuestionando sus buenos propósitos al recelar de una voluntad debilitada por su natural inclinación a la promiscuidad y las circunstancias que determinan su conducta. Y más cuando hay evidencias que reflejan claras contradicciones entre sus intenciones y sus actos.


No de otra forma se puede interpretar que el candidato socialista clame contra el desmantelamiento del estado del bienestar que, con sigilo y astucia, ha emprendido la derecha allí donde gobierna y, por otro lado, esquiva con cinismo que su partido participa en ese empeño desde su posición de gobierno en Navarra. Es difícil de entender para el votante de izquierda tal contradicción y, desde luego, no contribuye a dar credibilidad a su promesa de defender los servicios públicos a toda costa. No se puede estar en misa y repicando, y menos aún cuando ha de transitar por un territorio hostil.


Pues no sólo ha de enfrentarse a la evidencia de esos hechos que refutan cuantos esfuerzos haga por regenerar el ideario de izquierdas que identifica a su partido, y que le ha colocado en una posición de inferioridad frente a las propuestas de partidos que no han ejercido la acción de gobierno, sino que se las ha de ver con unas circunstancias sociales y económicas inéditas y poco favorables para quien, no en vano, representa al partido que ostenta el Gobierno de España y al que la ciudadanía responsabiliza de la situación crítica por la que atraviesa el país y, por extensión, del deterioro de sus condiciones de vida.


De poco sirve ofrecer un compromiso de renovación cuando aún se sufren las consecuencias de una gestión que se percibe errática y que, por mucho que haya servido para impedir males mayores y hunda sus raíces en las políticas depredadoras de la derecha en el pasado, ha sumido a la sociedad española en una realidad dramática amenazada además por un futuro tan incierto como inquietante.


¿Cómo garantizar a los ciudadanos que no se volverán a cometer esos errores si obtienen su confianza? ¿Cómo explicar que medidas que hoy se proponen como apropiadas y factibles no se hayan tomado antes para haber evitado esta situación crítica? Es muy difícil hacer entender a una sociedad deprimida y hastiada de promesas vanas que las medicinas para aliviar sus males estaban disponibles cuando se detectaron los primeros síntomas, pero que no se pudo o se supo emplearlas entonces por razones circunstanciales. Eso sólo contribuye a alimentar el desánimo, la desconfianza y la rabia, además de mostrar una ambigüedad que nutre la debilidad del candidato y su partido. Cómo si no demostrar que a partir de ahora aquellas medicinas podrán emplearse y curar el mal si, aparentemente, no han cambiado las condiciones que supuestamente impidieron utilizarlas entonces y, más bien al contrario, parecen haberse exacerbado.


Ante esa incógnita es lógico pensar que una población desengañada prefiera dar una oportunidad a otras terapias, aunque en este caso la desesperación pueda llevarles a aceptar los remedios milagrosos de los charlatanes, tan inútiles como peligrosos para el bienestar social. La sociedad necesita esperanza, aunque esta se revele después vana y nociva para sus intereses. Es enorme la ceguera que causa la necesidad y el resentimiento, y el pueblo español sufre con especial agresividad el trauma de una crisis intensa y caprichosa que ha adquirido unas características epidémicas: nadie está libre del contagio.


Esa especial cualidad de esta crisis puede explicar la deriva de una buena parte de la sociedad española hacia posturas conservadoras, y de otra gran cantidad de ciudadanos hacia el resentimiento y la desafección del partido que hasta ahora ha representado sus convicciones progresistas.


Los datos de intención de voto no dejan lugar a dudas y conforme pasan los días se amplía aún más la diferencia que separa a ambos partidos hegemónicos, además de conceder a las opciones políticas circunstanciales -IU, UPyD y Equo- unas probabilidades bastante estimables para lo que realmente son capaces de ofrecer y, por supuesto, asumir y cumplir. No obstante, conviniendo en la volatilidad de estos resultados, hay otros datos en estas encuestas que aportan una información muchísimo más rica para definir el estado de opinión y entender mejor la tendencia de la población hacia una u otra opción política.


En el sondeo de Metroscopia publicado por El País el domingo 16 de octubre el apartado dedicado a conocer la opinión de los españoles sobre la crisis económica es especialmente interesante. Según esto, el 95% de los encuestados afirma que la situación económica del país es mala o muy mala, el 77% cree que la crisis no ha tocado fondo aún, y el 92% que aún falta tiempo para la recuperación; en cambio, el 40% de los encuestados revela que su situación económica familiar es buena o muy buena, y el 29% la califica de regular, mientras que un considerable pero minoritario 31% la considera mala o muy mala. El escenario que resumen estos datos es bien claro: una mayoría de la población aún mantiene una situación económica estable en un ambiente hostil e incierto y sin perspectivas de mejora a corto plazo. El terreno perfecto para que arraigue el conservadurismo.


La población española se siente amenazada. Los que aún mantienen sus recursos más o menos estables no les son extraños los dramas ajenos que contemplan a diario, como si de fatales avisos se trataran; los que han sido engullidos por la crisis y engrosan el batallón de damnificados se sienten impotentes ante las responsabilidades que ya no pueden asumir; y todos ellos están desprotegidos por un Estado que se muestra incapaz de resolver los problemas ni hacer frente a los desafíos que le plantean los actores externos de esta crisis, los mercados y las instituciones internacionales a las que pertenece. Nunca antes una depresión económica había sembrado tanto desasosiego entre los ciudadanos. Es lógico pensar que unos y otros se aferren a cualquier tablón que encuentren en su camino para salvarse del naufragio. Y también que quienes aún tienen no quieran perderlo, y los que ya lo han perdido deseen recuperarlo.


En la lógica política, los gobiernos aparecen a los ojos de la sociedad como los principales responsables del bienestar público. Cabe argumentar que en tiempos de bonanza económica, cuando hay recursos para repartir, la percepción del ciudadano sobre el bien general es mucho más patente que cuando se impone la necesidad y son los bienes propios los únicos que pueden preservar la estabilidad individual. En un estado crítico, la amenaza de la ruina es lo único democrático pues el ciudadano tiende a protegerse y proteger a su familia frente a los riesgos procedentes del exterior, y de esa forma se distorsiona la idea del interés general al considerarlo un obstáculo para la supervivencia. El individualismo se impone así en el desarrollo cotidiano de una sociedad en peligro, y los integrantes de esa comunidad se convierten en lobos que se miden con cautela en defensa de sus respectivos territorios.


En ese contexto es poco efectivo el discurso socialista del reparto de la riqueza, pues lo que pretende el individuo no es tanto compartir sus bienes como que alguien se los proteja de los peligros del entorno. Un terreno abonado para las ideas neoliberales que estimulan el desarrollo individual del ciudadano frente a la opción de atender las necesidades del desvalido. Se impone así la ley del más fuerte. En medio del naufragio no hay valores sociales que valgan, y de eso se aprovecha la derecha para imponer su ideario cristiano de premio y redención, compasión y castigo, para el que son imprescindibles los pecadores y, por supuesto, los menesterosos que habrán de redimir sus pecados tomando como ejemplo a los virtuosos que han sabido aceptar y obedecer la ley divina impuesta por sus profetas.


Ese discurso de la solidaridad tiene poco calado en una sociedad amenazada tendente a la supervivencia, y capaz de aceptar cualquier medida que les permita afrontar la crisis aunque ello le suponga sacrificios propios y aumente la desgracia ajena. El desgraciado se hace invisible para el que aún goza de estabilidad y, en ocasiones, se convierte en una carga de la que hay que prescindir en beneficio de un concepto de bienestar colectivo absolutamente excluyente y holístico, pues el ciudadano se aferra a la idea de que todo va bien si a él le va bien. Y más cuando ni siquiera aquellos que pusieron un pie en el paraíso del empleo estable están a salvo.


Al otro lado, en ese infierno que empiezan a frecuentar muchos de los que hasta hace un par de años se sentían protegidos por sus conocimientos, formación o patrimonio, cunde el estupor, la resignación y la rabia. Muchos se sienten doblemente abandonados: por aquellos a quienes exigen protección y por sus propios semejantes, esos que en otros tiempos los aceptaban como iguales y hoy les rehuyen como si fueran apestados que les mostraran la horrible cara de la fatalidad. La decadencia alumbra rincones de la sociedad que hasta entonces permanecían en penumbra, y los ciudadanos menesterosos contemplan las desigualdades que siempre habían estado ahí. Reclaman entonces justicia ante los privilegios adquiridos por una casta de ciudadanos que han sabido valerse de sus esfuerzos durante años, y se sienten ultrajados frente a una clase política que ha permitido y, en no pocas ocasiones, alentado y participado de una rapiña que hoy se percibe obscena. Esos nuevos indignados confraternizan con quienes siempre han militado en el bando de los excluidos y alimentan una aversión hacia el sistema que rige sus vidas.


Ese es el germen de un movimiento social de rechazo hacia los aspectos que caracterizan un sistema democrático imperfecto que nutre las desigualdades, y relega al ciudadano a un plano secundario al privarle de los instrumentos precisos para moderar los excesos de quienes pilotan el país. Sin embargo, pese a las buenas intenciones y un insólito poder de convocatoria este movimiento ciudadano es víctima de sus propias virtudes.


El 15-M es un movimiento heterogéneo en el que se mezclan renegados, excluidos y amenazados si una estructura ni un discurso concretos; amalgaman una serie de sensibilidades y aspiraciones muy dignas que carecen de la metodología apropiada para convertirse en verdaderas alternativas eficientes a los modelos convencionales defendidos por los partidos políticos. El filósofo Zygmunt Bauman lo ha definido con acierto como un movimiento emocional carente de pensamiento, y teme que a pesar de defender unas ideas comunes su dispersión impida que se apliquen por igual en todos los lugares, debido a las especiales circunstancias de cada sociedad. "Las gentes de cualquier clase y condición se reúnen en las plazas y gritan los mismos eslóganes. Todos están de acuerdo en lo que rechazan, pero se recibirían 100 respuestas diferentes si se les interrogara por lo que desean", asegura Bauman. Y añade: “La emoción es inestable e inapropiada para configurar nada coherente y duradero”. 


El movimiento social de protesta que surge de este conglomerado se advierte demasiado proteico y, por ello, tendente a la subsidiariedad, como ya se ha comprobado con la incorporación de algunos de sus más destacados miembros a listas de partidos de izquierdas, y en particular IU, cuyos líderes han conseguido parasitar con sigilo a buena parte de los grupos más o menos organizados que han impulsado esta, ya menos espontánea y horizontal, oposición ciudadana. 


Y no podía ser de otro modo, dado que el PSOE se ha convertido en un partido sistémico alejado del sentir popular y, lo que es peor, responsable de sus problemas. De poco sirve que el candidato socialista intente atraer para su proyecto la voluntad de los revoltosos con propuestas como la dación en pago de los inmuebles hipotecados, la reducción de los privilegios de la Iglesia católica o tímidas reformas de la ley electoral, pues es difícil aceptar que hoy sea posible lo que durante tantos años se ha rechazado como inapropiado para la estabilidad de un país.


Aunque bien es cierto que sólo un partido con la fortaleza representativa suficiente sería capaz de hacer realidad muchas de las reclamaciones del electorado de izquierdas, puesto que en tanto rija el actual modelo electoral poco o nada podrían hacer los partidos minoritarios en un Parlamento dominado por la derecha, quedando todas estas propuestas en meros esfuerzos testimoniales que no contribuirían a la necesaria regeneración del sistema democrático español, no lo es menos que el mayor apoyo ciudadano que le auguran las encuestas a estos partidos circunstanciales podría ser un alivio para democracia -que no para el PSOE- si es que con ello se logra llevar al Parlamento una mayor proporcionalidad de fuerzas. 


Pero mucho me temo que la suerte está echada y en poco o nada podrán contribuir la izquierda a evitar que la apisonadora conservadora aniquile el estado del bienestar, con la complacencia de una mayoría de ciudadanos que contemplan en la derecha una alternativa viable a sus necesidades. Y más cuando son legión los que creen que una uniformidad política en las instituciones facilitará la gobernabilidad de los diferentes territorios.


Qué equivocados están aquellos que, en algunas comunidades periféricas, esperan ver fluir la riqueza cuando el Estado esté en manos de la misma derecha que les gobierna de cerca. Las estrategias políticas obedecen a un cálculo minucioso de conveniencias y mucho me temo que el PP mimará aquellas comunidades que le sean provechosas para sus aspiraciones electorales y, en cualquier caso, atenderá en la medida de las posibilidades que le permitan las circunstancias las necesidades de esas otras en las que la estabilidad política está garantizada. Pobres murcianos y valencianos, porque sufrirán de su partido el mismo desprecio que siempre han reprochado al PSOE gobernante como premio a su fidelidad ciega e inquebrantable.


Ese mismo cálculo que rige los actos de la derecha sirve también para demostrar a los socialistas sus escasas posibilidades electorales en el asalto que se avecina. Saben en los sótanos socialistas, allí donde se cuece la demoscopia, que sin hegemonía territorial es muy difícil obtener buenos resultados en unos comicios generales. Y en estos momentos ya ni Andalucía les es propicia.


En cualquier caso, líbrenme los dioses falsos de estar en el pellejo de quien obtenga el poder el mes que viene porque se va a encontrar un país ingobernable. La derecha verá a todos sus señores feudales exigiendo una atención que no podrá satisfacer, porque no son muchos los recursos con los que contará para, al menos el primer año, hacer frente a los enormes problemas presupuestarios que sufren los gobiernos autónomos. Algo que hará crecer el descontento entre esa población ansiosa de soluciones y pondrá a prueba la lealtad de sus esbirros periféricos. Y qué decir de un casi quimérico gobierno socialista en medio de un pantano lleno de caimanes hambrientos. Con todas los recursos transferidos a las insaciables autonomías, poco podría hacer ese gobierno más que esquivar los innumerables cuchillos que le lanzarían a diario sin más defensa que una Constitución deteriorada y el recurso del decreto. Un sindiós, vaya.


Y eso sin contar con que todos los poderes fácticos de este país ya dan por descontada la victoria de la derecha y afilan sus garras para atrapar la parte del botín que les corresponde por los servicios prestados durante ocho años de acoso inplacable al Gobierno central. No quiero ni pensar cómo manifestarían su decepción los patronos, banqueros, obispos, vengadores del terrorismo, líderes de opinión tendenciosa y demás peones de esta partida que ya muestra sus últimas bazas. Tal es la ansiedad de los depredadores que ni siquiera pueden contener su locuacidad y ya enseñan sus cartas.


Especialmente inquietante es el impulso que los empresarios han dado a su avidez por hacernos regresar al siglo XIX y convertirnos en mera mercancía de saldo en beneficio de sus intereses más lucrativos. Ya no hay pudor para exigir una reforma brutal del mercado laboral en la que se establezca el despido objetivo de 12 días, se prolonguen los contratos en prácticas hasta la jubilación si nos descuidamos y, para evitar incómodos reproches, se restringe el derecho a la huelga y se reduce la representación sindical en las empresas, aparte por supuesto de suprimir impuestos y borrar todo lo que huela a regulación de los mercados. Vayamos como corderos al matadero porque es la única forma de agarrar un chusco de pan que llevarse a la boca.


Y alabemos al privatizador porque de él será el reino de los cielos. Sanidad y educación para quien se la pueda pagar, y al resto compasión y caridad. Que se mueran los pobres, pues no son necesarios en esa gloriosa cruzada por salir de la crisis. Y a quien no le mate el hambre que lo haga la polución, pues como asegura la futura alcaldesa de Madrid bajo la nube de mierda sublimada que cubre sus futuros dominios, "más asfixia el paro". Impagable.


Ha de saber el lector que la iniciativa privada se rige por la ley de la rentabilidad. Así, nadie invierte un chavo si no aspira a obtener como poco dos. Si se paga por que le curen o por estudiar en confortables instalaciones vedadas a incómodos inmigrantes y menesterosos obligados a aprender algo, es lógico exigir un buen servicio aunque luego la gente se muera igual en los hospitales privados y se licencie a los jóvenes igual de ignorantes que cuando iniciaron sus estudios, pero siempre se podrá decir que disfrutaron de un trato óptimo. Es fácil imaginar que si se quiere ceder al capital privado la gestión de los servicios públicos en su actual estado, los beneficios previstos sólo se podrían obtener de dos formas: o ajustando los recursos no tanto a las necesidades de la población como a la capacidad del inversor, es decir, recortándolos, o bien recibiendo de la administración pública los recursos que compensen las pérdidas previsibles, con lo que estaríamos haciendo un pan como una torta. Quien no se haya enterado aún de cómo funciona este negocio que estudie el caso de los ferrocarriles británicos y lo entenderá.


Este perverso modelo sólo acarreará más gastos al Estado y peores servicios al ciudadano. Eso sí, aquel que pueda pagárselo no tendrá problemas en recibir una buena atención en los mismos lugares donde ahora ya la pueden encontrar.


Entre tanta penumbra aún quiero dar una oportunidad al optimismo y pensar que queda un resquicio para la esperanza de que el pueblo español, o al menos el que aún cree en el progreso y el servicio público, impida dentro de un mes que España caiga en manos de unos individuos que no han demostrado aptitud alguna para hacerse con el gobierno de este país. Ya no digo que sea Rubalcaba el que acapare ese arrebato de sentido común, pues sus pecados son demasiado graves como para conseguir la redención en tan poco tiempo, pero sí que entre unos y otros logren evitar el despotismo de la mayoría absoluta.


Para eso, los socialistas deben sacudirse el desánimo y las telarañas y recuperar la iniciativa. Simular al menos un poco de entusiasmo o, como poco, evitar que sus dirigentes se lo deban pedir cada vez que se reúnen, permitir al candidato que crea en sus posibilidades y pasar a la acción. Y un primer paso sería que todos los dirigentes periféricos se tomaran en serio su responsabilidad en esta campaña y dejaran de ser invisibles. Es claro que ofrecer un proyecto que hasta el propio Gobierno del país se encarga de contradecir con cada una de las decisiones que viene tomando en las últimas semanas, de poco va a servir para convencer al electorado. Por lo que, sin menosprecio de esa oferta, los socialistas deberían empezar a desmontar la gran falacia de la derecha atacando allí donde más duele.


Hasta ahora es la derecha la que domina el terreno informativo, con constantes actos públicos en sus diferentes feudos, declaraciones provocadoras que siempre dejan al PSOE en una posición de defensa, escenificaciones de sus naderías como esos libros horrendos que han publicado dos de sus más conspicuos líderes para gozo de sus incondicionales, el permanente apoyo del orbe mediático que han construido a golpe de talonario -y que veremos a ver en qué se queda cuando completen la misión y no haya para repartir entre todos-, y como colofón moderno la invasión del espacio virtual de las redes sociales con una infantería de entusiastas que llenan foros y demás lugares comunes de alabanzas al líder y brutales críticas al adversario.


¿Y donde están los socialistas? La verdad es que no lo sé, porque si al disimulo de los dirigentes territoriales se le une esa actitud indulgente del candidato con la que pretende ofrecer una imagen pública serena y reflexiva que, sin embargo, parece más impostada que otra cosa, será muy difícil que se le tome en serio o, al menos, que muchos ciudadanos caigan en la cuenta del disparate que se proponen llevar a cabo votando a la derecha o, sencillamente, quedándose en su casa rumiando su resentimiento. Con el poco tiempo que queda y con todo en contra, más le vale al PSOE lanzarse al campo de batalla con el machete entre los dientes y empezar a arrancar el disfraz de cordero a los lobos de la derecha, empleando para ello todo el arsenal que le proporciona la historia y, aún más, las barbaridades que sin pudor empiezan a cometer allí donde gobiernan.


Es cuestión de días.

Cambio

Si nada lo remedia, a partir del 21 de noviembre toda la culpa será de Rajoy.

El terror de la derecha al fin de ETA

Será por que sus líderes perciben cercano el ansiado poder absoluto, que la derecha afina su cálculo de riesgos para proteger sus aspiraciones de inesperados e indeseables acontecimientos que las mermen o, en cualquier caso, concedan un respiro al decaído rival político. Y el terrorismo, a pesar de ocupar ahora una posición residual en la escala de temores de los votantes, siempre es un valor seguro en la mezquina pugna política, por lo que el cada vez más probable anuncio de la rendición de ETA se percibe con callada inquietud en los despachos del PP.

A ninguno de los dirigentes conservadores le gustaría encontrarse con que el Gobierno agónico de Zapatero pasa a la Historia por haber sido ante el que se humillen los criminales, pues no sería ningún secreto que, de inmediato, esa noticia acapararía la atención de la opinión pública desarmando a la derecha durante un tiempo de su principal instrumento de derribo: la crisis económica. Además, saben con certeza que un suceso de esa importancia sería un acicate fundamental para las aspiraciones socialistas, cuyos líderes no tardarían en utilizarlo en su provecho electoral con todas sus fuerzas.

No por otra razón puedo entender la arenga, sucia y desalmada, que lanzó Aznar, caudillo amado y añorado de la derecha, ante sus embelesadas huestes en ese aquelarre que celebran en Málaga estos días. Un discurso cargado de insidia y rencor con el que buscó el menosprecio de sus adeptos y voceros a tantos años de esfuerzo para acabar con ETA, invertido por el Gobierno socialista y las fuerzas del orden público a costa de innumerables sacrificios, peligros y, no se olvide jamás, obstáculos por parte de esa propia derecha que hoy nos quiere gobernar.

Siempre he creído que utilizar el terrorismo como argumento de controversia política es indecente, porque luchar contra el crimen es una obligación que trasciende a las ideologías o idearios. Sin embargo, ETA no sólo ha ocupado un lugar destacado en las ofertas electorales de todos los partidos políticos desde que disfrutamos de democracia en España, sino que en no pocas ocasiones se ha utilizado como arma arrojadiza para desprestigiar al rival. Hay pocas actitudes más mezquinas que instrumentalizar el dolor ajeno mediante el amparo a espurias asociaciones de víctimas, imbuidas de una evidente ansia de venganza y dirigidas por individuos obtusos más preocupados de su trascendencia pública que de ejercer de catalizadores del dolor de quienes han sufrido el terror.

Sin embargo, cuando oigo a tan siniestro personaje lanzar tales infamias en público, me viene a la cabeza la estúpida y dolosa connivencia mantenida por esa derecha que nos quiere gobernar y aquellas belicosas y obedientes asociaciones de víctimas del terrorismo, para menoscabar la política antiterrorista llevada a cabo por el Gobierno -¿es necesario recordar que ha sido el único Ejecutivo que pidió permiso al Parlamento para negociar con ETA?- con exaltados actos públicos llenos de insultos y falacias a mayor gloria del ruin beneficio de un partido político.

Entristece pensar que los partidos políticos se debatan en una carrera sin control para aprovechar en beneficio propio el fin del terrorismo: pues si los unos lo temen, no es un secreto que los otros lo desean aunque en silencio, no en vano sería un hito en nuestra historia que nadie quiere dejar escapar. Pero si la derecha ya ha mostrado sus cartas -no hace mucho el valorado Basagoiti reconocía que el fin de ETA le proporcionaría muchos votos al PP, gracias a su alianza política con el PSE en Euskadi-, bien harían los socialistas evitar que la corriente de insignificancia política y humana demostrada por el caudillo conservador les arrastrase a un debate tan estéril como irritante.

La España sensata e instruida sabrá reconocer los méritos de los socialistas en la derrota de ETA, y así se lo premiará en su momento. Si el fin está cerca, es mejor que lleve su ritmo y llegue en su momento esté quien esté en el poder. Sería muy triste que ETA se convirtiese en árbitro de una pugna electoral, aunque en esta ocasión fuese por una buena noticia y no por cargar con otra víctima, como así sucedió en la campaña electoral de las generales de 2008. Entiendo que es difícil eludir la tentación, pero unos cuantos votos no merecen ya el riesgo de empañar la categoría humana de un candidato eficaz como Rubalcaba.

A degüello

Es cierto que la decepción aturde los sentidos y que la desesperación se convierte en una tupida venda que rodea lo ojos de quien la sufre, y le impide ver más allá de sus propias necesidades. Un ciego es incapaz de ver el riesgo, pero también es cierto que lo percibe gracias al desarrollo del resto de sus sentidos. En ellos deberían confiar todos los que hoy han perdido la perspectiva, por angustia o desengaño, y reflexionar si su legítima rabia o creciente ansiedad les puede acarrear males mayores si yerran en la decisión que habrán de tomar el próximo 20 de noviembre, cuando se les convoque a ejercer su obligación de votar.

El dilema es bien sencillo: ¿qué estamos dispuestos a aceptar, permitir y soportar para conseguir el bienestar deseado? Es cierto que no hay muchas alternativas cuando aprieta la necesidad y no se vislumbran soluciones inmediatas -ni siquiera futuras-, pero en un viaje tan arriesgado como el que tendremos que emprender a partir de ahora es conveniente elegir bien a quien nos guíe. También es cierto que no hay mucho donde elegir porque las circunstancias de nuestro entorno sociopolítico imponen unos rigores difícilmente eludibles, pero es claro que en estas ocasiones vale más la maña que la fuerza. Y ese puede ser un buen punto de partida para acertar con la elección.

Descartadas las opciones ilusorias o arbitristas de una izquierda desnortada o de un nacionalismo cada vez más desquiciado por la contradicción entre sus obligaciones ideológicas y sus necesidades políticas, el denostado bipartidismo se percibe ahora como un mal menor ante la acuciante necesidad de decisiones valientes que devuelvan la estabilidad a la economía y la ilusión a la sociedad. No creo que quepan más opciones, ni que la abstención o cualquier otra forma de eludir la única forma de expresar nuestra opinión sean las más adecuadas para demostrar el desprecio por la política. Por el contrario, es el mandato del voto el mejor instrumento para imponer a la clase política las obligaciones que sus miembros aceptan por voluntad propia y han de atender. Otra cosa es que, una vez en el poder el pueblo les exija el cumplimiento de sus responsabilidades empleando las leyes o los métodos de protesta a los que tiene derecho, siendo el más efectivo la negación de su apoyo en futuras elecciones. El poder del voto es enorme si se sabe emplear con criterio.

En este escenario conviene analizar las opciones que se nos presentan y, aunque sea por rebelarse contra nuestra propia apatía, despojarse de esa venda que nos ciega y confiar en la memoria, las convicciones y el poder de las evidencias. Una de ellas es la idiosincrasia del electorado. Ahí veo tres tipos de votantes: convencidos, rutinarios y reflexivos. Los primeros componen la masa acrítica que apoya ciegamente a su opción política preferida, como forofos o devotos que no contemplan otra opción porque la desprecian de antemano; los segundos son aquellos que votan lo que siempre han votado y, aunque muchas veces sin compartir las propuestas del partido que apoyan o las actitudes de sus dirigentes, siguen votando lo mismo por resistencia al cambio, como aquel que consume una marca determinada de yogur y, aún sabiendo que existen otras que pueden ser mejores, no cambia por mera costumbre; los terceros componen lo que yo llamo minoría instruida, aquella que es capaz de inclinar la balanza del poder con su decisión por gozar de un interés por el análisis y valorar el efecto que una propuesta u otra causará no sólo a su situación particular sino al común de la sociedad, demostrando así una amplitud de miras que les proporciona un sentido crítico tan favorable para el bien general como inquietante para las aspiraciones de los partidos políticos. Es este último grupo el más susceptible a la abstención, aunque esa actitud es más frecuente cuando la situación invita a mantener inalterable el reparto de poder, y actúa cuando se hace necesario un cambio político.

Esa minoría instruida fue la que estuvo a punto de dar un disgusto a la derecha en las elecciones de 1996, tal y como recordó Felipe González en su discurso ante los militantes socialistas en la conferencia política del partido del pasado fin de semana. A pesar de que el Gobierno socialista de entonces sufría un desgaste manifiesto y un acoso desmesurado de los esbirros mediáticos de la derecha -que entonces empezaban a adquirir una fuerza que hoy han consolidado-, las últimas encuestas indicaban una igualdad insólita que luego se hizo realidad en los resultados electorales. A pesar de los intentos por renovar su imagen y el discurso, la derecha aún no había redimido su pecado original de ser heredera del franquismo, por mucho que se empeñaran en tomar a UCD como referente. Aquella pírrica victoria les permitió no obstante gobernar y demostrar su catarsis, en un alarde de cinismo que encandiló al electorado tanto que en el año 2000 les permitió obtener la soñada mayoría absoluta, gracias entre otras cosas a que muchos de los electores rutinarios perdieron el miedo a atender sus convicciones conservadoras -por fin tenían un referente político a la altura de su añorada UCD-, y a que la minoría instruida cayó en el ensueño de una derecha moderna y gentil y, confiados, decidieron quedarse en casa.

El PSOE perdió aquel año su hegemonía política y permitió a la derecha saborear unos manjares a los que, como en otros momentos de nuestra historia, no estaban dispuestos a renunciar por decisión de esa sociedad en la que jamás han creído. El resultado electoral de 2004 supuso para la derecha el argumento para despojarse de sus máscaras y ofrecer su auténtica imagen autoritaria y "sin complejos", como así proclamara su líder José María Aznar en XV congreso del partido celebrado en octubre de 2002. A partir de ese momento, convencidos de su trascendencia política, comenzó una era de resentimiento que ha marcado todo el mandato socialista hasta el presente.

Los resultados de las elecciones de marzo de 2004 no resultaron tan inesperados si se tiene en cuenta que unos meses antes, el PSOE ya había obtenido más votos que la derecha en las elecciones autonómicas y municipales. Las encuestas internas de ambos partidos indicaban si no igualdad sí al menos una cercanía importante de los socialistas que haría perder a la derecha su mayoría absoluta. Esa certeza determinó la elección del sucesor de Aznar como candidato de la derecha a la presidencia del Gobierno. El entonces líder del PP se debatía entre la fe de Acebes, la aptitud de Rato y la cordialidad de Rajoy. Pero el fanatismo del primero y la independencia del segundo no encajaban en un escenario incierto como el que se le presentaba a la derecha tras las elecciones de 2003; y menos cuando Aznar había decidido apostar su resto al por entonces boyante neoconservadurismo militarista liderado por el presidente norteamericano Gegorge W. Bush, demostrando en la gestión doméstica un autoritarismo inaceptable para los no adeptos. La evidente retirada de apoyos sociales llevó a Aznar a optar por un candidato de perfil bajo tan amable para el ciudadano como dominable por el aparato; y así surgió Rajoy.

Sin embargo, en marzo de 2004 sucedió lo inesperado y, convencidos de su infalibilidad, los dirigentes de la derecha abandonaron el gobierno resentidos iniciando desde ese momento una campaña de acoso sólo comparable a la que sufrieron Azaña y Suárez en su momento. Y hasta ahora que parece cercana la cosecha de tantos años de insidias, mentiras y grosería. Las mismas que caracterizaron sus dos últimos años de legislatura y que culminaron con la gestión política realizada tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. Fueron los años de la negligencia y las mentiras tras el naufragio del Prestige, del desprecio a las familias y las mentiras tras el accidente del Yak 42, del despotismo y las mentiras para participar en la guerra de Irak, de la soberbia y las mentiras en la reforma laboral de 2002, del 'España va bien' mientras se esquilmaban los recursos y se condenaba a la economía a un fracaso seguro con políticas que inducían el despilfarro y la codicia, de saqueo indecente de las arcas públicas en beneficio del partido y sus dirigentes, de bodas ridículas y boatos eclesiásticos, de censura y manipulación periodística con una televisión pública convertida en un obsceno órgano de propaganda al servicio del gobierno y el partido...

Fue entonces cuando esa minoría instruida volvió a aparecer y propició el cambio político. Es cierto que el reparto de poder territorial, con el PSC gobernando en Cataluña y con Andalucía bien atada, contribuyó a mermar las opciones electorales de la derecha. También que muchos de los votantes rutinarios se decidieron a cambiar su voto o se quedaron en casa, hastiados de tanto yogur. Pero fue esa masa silenciosa que sólo surgen en determinadas ocasiones la que dio lugar al vuelco definitivo.

La guerra política no se hizo esperar. Del modelo pactista que había caracterizado la gestión del PSOE en la oposición durante los últimos meses de la segunda legislatura del PP, se pasó a un ataque continuado e inopinado a todo lo que surgiera del nuevo gobierno. No se puede olvidar cómo la derecha  mantuvo y alimentó sus mentiras sobre la autoría de los atentados del 11-M durante años, incluso con sainetes absurdos como el proceso del 'ácido bórico', premiando después sin pudor alguno a su instructora con un puesto en el CGPJ; movilizó a las masas más conservadoras en campañas insidiosas contra el matrimonio homosexual, el aborto, el divorcio, la asignatura de educación para la ciudadanía o el estatuto de Cataluña, llenando las calles de gentes vociferantes y agresivas o emprendiendo acciones burdas como el boicot a los productos catalanes; realizó una actividad obstruccionista en la renovación de órganos del Estado como el CGPJ o el Tribunal Constitucional, provocando uno de los más temerarios episodios de desprestigio de esas instituciones; hizo añicos el consenso antiterrorista con su campaña de rechazo a la negociación con ETA, y con las sucesivas revelaciones malintencionadas de un mantenimiento de la misma tras la ruptura de la tregua; llevó el filibusterismo parlamentario hasta extremos cercanos a la sedición, con manifestaciones insidiosas que alimentaban los más bajos instintos de sus adeptos más cerriles; o propició el auge de medios de comunicación tendenciosos que han ido sembrado de falacias el debate político, mediante un sospechoso reparto de licencias de televisión digital terrestre en las comunidades que gobiernan; y eso sin contar los numerosos episodios más locales que les permitían mantener vivo el fuego de la sospecha hacia la labor del gobierno, como aquel grosero proceso por el incendio en Guadalajara y que, también, terminó con su instructora en el CGPJ. Y así ad nauseam.

Reconozco que el PSOE no se ha hecho merecedor del cariño social durante sus últimos años de gobierno, pues ha realizado una gestión errática y torpe en muchas ocasiones. Pero, hace tiempo que me pregunto qué hubiese sucedido en España de no haber irrumpido la dichosa crisis económica. Es innegable que en los siete años y medio de gobierno socialista se han producido en el país no pocos avances sociales que, en tiempos de bonanza, contribuyeron a ampliar los derechos ciudadanos y a mejorar el bienestar público; que Zapatero se ha revelado como un presidente sereno, a pesar de los pesares, y ha mejorado la imagen de España en el contexto internacional, aunque deba admitir que se ha perdido mucha de la autoridad que en tiempos de Aznar se consiguió más por intransigencia que astucia, y que nos ha devuelto a la posición de mediocridad de la que en realidad nunca salimos en aquellos tiempos de milagros económicos de cartón piedra. También hay que reprocharle su cautela en asuntos sensibles como la libertad religiosa o la fiscalidad y, sobre todo, en su excesiva confianza o negligencia en la gestión de la crisis durante sus primeros momentos. Ahora bien, en su descargo habrá que reconocer que ha sabido mantener el tipo en un ambiente hostil y que, ante una Europa conservadora que imponía unos rigores difícilmente asumibles, ha sabido mantener al país a salvo de la intervención aunque sus resultados no sean los más agradables y que haya tenido que renunciar a lo más sagrado para un político, sus principios ideológicos.

Es evidente que, en este contexto, el efecto de la minoría instruida se revela incierto pues ahora influye más la necesidad a la que me refería al principio que la conveniencia. Desde luego, no se puede contar con los otros dos grupos, ya rendidos a las promesas de la derecha o, siquiera, a su mero papel sustitutivo y, en el caso del tercero, el análisis se ha hecho arduo y no garantiza un resultado apropiado a la realidad de las ofertas políticas que hay sobre la mesa. Lo cierto es que la tentación de propiciar una tercera fuerza moderadora que impida la hegemonía de los dos partidos mayoritarios se advierte vana por el rigor del modelo electoral, y de nuevo parece ser que los nacionalismos se harán con la llave de la gobernabilidad. Sin embargo, la dispersión de la izquierda frente al monolitismo de la derecha con el inestimable aunque a priori involuntario apoyo de los nacionalistas, hace más que previsible la victoria del PP, a menos que el PSOE descubra la fórmula para convencer a sus convencidos y, sobre todo, a la minoría instruida para que les vuelva a dar una oportunidad.

Ingredientes no faltan. Al tradicional y burdo cinismo y a la falta de escrúpulos que caracterizan la actitud de los conservadores a la hora de abordar cualquier asunto cotidiano más o menos sensible, se une una más que evidente muestra de cual será su gestión con sólo analizar la que llevan a cabo en las comunidades autónomas donde gobiernan. El furor por el ahorro que abanderan oculta un siniestro corolario: el desmantelamiento del modelo presupuestario y la exclusión de los desfavorecidos.

Hablemos de recortes. Para ello tomo prestada la lógica hortofrutícola de Ana Botella y concluyo que si con 10 euros compro 10 manzanas hoy, y mañana sólo compro 8, aunque no varíe el presupuesto inicial una de dos: o me he ahorrado 2 euros o las he pagado más caras. El caso es que los paladines de la derecha basan su discurso en un matiz contable al asegurar que no hay recortes porque el presupuesto no se ha tocado, aunque en realidad terminan por tener menos de lo que tenían. Ahora bien, si se va a lo tangible no es difícil comprobar que, por ejemplo en educación, se reducen becas, personal y servicios, y qué decir en sanidad. Lo pueden llamar ahorro, gestión o como quieran, pero las matemáticas no engañan y si antes había algo que hoy no hay eso se llama recortar.

Ahora bien, sin tocar la cuantía presupuestada se reduce la dotación y los servicios educativos y sanitarios al mismo ritmo que se refuerzan esas mismas prestaciones desde la iniciativa privada a base de conciertos bonificados fiscalmente o por aportaciones presupuestarias, el gestor de turno bien puede asegurar que las necesidades de toda la población siguen cubiertas y cualquiera puede disfrutarlas. A efectos contables no se ha producido recorte alguno, aunque sus efectos asistenciales indican todo lo contrario: menos calidad y más problemas de atención. ¿Todos los ciudadanos pueden disfrutar de estos servicios o sólo aquellos que se lo pueden permitir?

Aquí es necesario detenerse en lo que yo llamo criptología de la derecha y analizar el significado que para sus líderes tienen conceptos como 'todos', 'nadie' o 'necesario', por citar algunos que determinan muchos argumentos de su discurso. Para la derecha, esos conceptos se refieren exclusivamente a aquellos que aceptan sus postulados o, más bien, al grupo de población que constituye su electorado potencial. El cálculo político establece qué medidas se pueden tomar sin traspasar la frontera de riesgo electoral, y es bien cierto que para un partido carente de principios ideológicos el principal objetivo es satisfacer las necesidades de su grupo social básico, muy diferente del que en teoría sustancia a la socialdemocracia que no es otro que 'atender' a toda la sociedad -la prueba es que cuando el PSOE se ha desviado de ese objetivo se ha granjeado el reproche de la sociedad, mientras que a la derecha se le concede de antemano su exclusividad. Así, cuando un dirigente dice que 'todos' quieren lo que él propone se refiere a las necesidades de ese nicho social propio; y lo mismo sucede con 'nadie' en referencia a las propuestas ajenas. Lo 'necesario' no es más que las medidas que proponen, aunque se exprese en términos absolutos. Es una forma de cimentar un discurso artero que no ofrece más que generalidades o con el que intentan manipular con cinismo las decisiones contradictorias de sus propios dirigentes en el ejercicio del gobierno.

En realidad, la controversia sobre los recortes presupuestarios beneficia al discurso de la derecha, pues impide que se centre el debate en lo realmente importante: el modelo de gestión y la calidad de los servicios públicos. El peso del capital público y privado determina tradicionalmente los planteamientos neoliberal y socialdemócrata, si bien hasta ahora ambos han mantenido una estructura similar en lo que se refiere a servicios asistenciales, para entendernos educación y sanidad -los demás se adaptan según las características de cada cual-, a saber: público, concertado, privado. Hasta la fecha, el servicio público aglutina el mayor número de usuarios y, por tanto, requiere la mayor inversión. Ahora bien, la deriva de los gestores de la derecha indica una progresiva modificación de este reparto.

No es ningún secreto el idilio de los conservadores con la iniciativa privada, en la que ven la solución a todos los males del país. Sin embargo, el plan inconfesable de la derecha parece ser una sutil aunque paulatina modificación de esta estructura de forma que se establezcan tres niveles asistenciales y de calidad. Dejando al margen el nivel privado, reservado exclusivamente para aquellos que puedan permitírselo tal y como es ahora, el objetivo es ir cediendo a la iniciativa privada más espacio asistencial mediante conciertos o bonificaciones en detrimento del nivel público, con un progresivo trasvase de recursos o sencillamente arrendando o cediendo los que hoy costea la Adminitración en una especie de gestión mixta, en la que paulatinamente tenga más peso el capital privado.

De esa forma conseguirán ofrecer al ciudadano un servicio concertado más eficaz y de mayor calidad, mientras que el público se reservará para aquellos que no pueden optar a los otros dos, los excluidos, ofreciendo unos servicios básicos cuya calidad dependerá de sus trabajadores. El siguiente paso será establecer unas cuotas mínimas para acceder a los servicios concertados, de forma que se rentabilice la inversión de la iniciativa privada en mejorar la calidad y ampliar la oferta ante un más que posible aumento de los usuarios; se trataría de un copago encubierto que permite el acceso a un mejor servicio. A todos estos niveles puede acceder cualquier persona siempre que pueda permitírselo. Una asistencia universal aunque exclusiva.

El panorama no puede ser más esclarecedor: un servicio público de asistencia universal para aquel que desee utilizarlo, sufragado íntegramente por el capital público; un servicio privado concertado o bonificado con dinero público al que puede acceder todo aquel que pague un precio mínimo por la asistencia; y el tradicional servicio privado. Para cualquier gobierno es tentador reducir el presupuesto asistencial sin mermar o incluso mejorar la atención a la mayoría de la población -o a la población que realmente cuenta- induciendo a ésta a sufragar parte de esa asistencia con la promesa de un mejor servicio. El problema de la dotación de recursos, personal o la cesión de dependencias públicas para uso concertado no será un problema si la población -los que cuentan- está satisfecha y se emplean con tiento las mayorías absolutas.

La única objeción que se puede oponer a este modelo es de índole intelectual, pues con ello se fomenta la desigualdad y la exclusión. Sin embargo nadie podrá reprochar a sus promotores que han desmantelado el estado del bienestar, en tanto no suprimen la asistencia universal y gratuita sino que ofrecen una alternativa mejorada y más rentable para las arcas públicas. ¿Qué ciudadano de bien se puede resistir a recibir asistencia similar a la privada a un precio módico sin tener que soportar largas listas de espera, incómodas instalaciones o la compañía de inmigrantes o pobres? Se impondría así un modelo asistencial parecido al norteamericano, pero a la europea.

Lo que hasta ahora ha sido un complemento para aliviar la presión asistencial al servicio público se puede convertir en una alternativa viable para esas clases medias que aún mantienen sus recursos económicos a salvo, y que no quiere sufrir los rigores de la merma de calidad que los implacables recortes presupuestarios acarrearán a la educación y sanidad públicas. ¿Qué persiguen medidas como la supresión de los criterios de elección de centro educativo impuesta en Madrid, si no a una intención velada de establecer un modelo de selección excluyente por parte de las instituciones concertadas disfrazado de perversa libertad de elección para las familias?

Además es un modelo muy apropiado para otro de los métodos de gobierno de la derecha, como es el clientelismo. El control de las concesiones de servicio por parte de la administración pública permite al partido gobernante ganarse la lealtad, o al menos la sumisión, de quienes optan a ellas además de contentar a la principal beneficiaria de este tipo de negocios: la Iglesia católica y sus empresas afines. Una forma adecuada de garantizarse la paz espiritual y mantener con buena salud una alianza estratégica que reporta unos magníficos resultados sociales.

Aunque no será por falta de ganas, este es un modelo que la derecha no puede imponer de una sola vez, pues podría provocar conflictos de conciencia difícilmente amortiguables que, además, alimentarían una incierta reacción social. Por eso su implantación será progresiva de forma que la protesta ciudadana se reduzca a ese mínimo tolerable que aleje al partido de la frontera de riesgo electoral. Preferirán ir convenciendo a la población de las bondades de la alternativa semiprivada para que, una vez lograda la aceptación suficiente, fijar la estructura y fortalecer el modelo. La objeción quedaría anulada por el apoyo mayoritario de la población, y en cuanto a su base legal no será necesario más que hacer valer las mayorías absolutas para diseñar una norma a la medida, quedando claro que en ningún caso se incumple el mandato constitucional de garantizar una cobertura sanitaria y educativa universal y gratuita. La calidad ya es otro cantar. El aparato de propaganda que sirve a la derecha se encargará de hacer el resto.

La pregunta es inevitable: ¿es eso lo que queremos? Por desgracia creo que sí, que es precisamente eso a lo que aspira la mayoría de la población. Si tenemos en cuenta el general descontento por la actual calidad de los servicios públicos, no dudo lo más mínimo que la burguesía española aceptará un modelo excluyente como el que preveo aquí. De hecho una buena parte de la sociedad prefiere enviar a sus hijos a la escuela concertada y no rechazaría el pago de una cuota para garantizarse un mejor servicio en la sanidad pública, siempre y cuando este pago fuese facultativo y tuviese la certeza de poder recurrir cuando le plazca a la sanidad pública y gratuita.

¿Y los que no pueden? No existen. Los administradores alivian su mala conciencia ofreciendo un servicio gratuito pero progresivamente reducido y descapitalizado. El lema es: si quieren calidad, páguela y si no tiene confórmese con lo que le ofrecemos, y si no le gusta búsquese la vida. "Usted no cuenta". El personal sentido de la solidaridad del pueblo español contribuirá a que esto sea así, pues demostrado está el poco interés que suscita la miseria ajena para la mayoría de ciudadanos de bien. Sí, esos que votan en masa a la derecha y no quieren que sus hijos estudien junto a moros o ecuatorianos, ni que a su madre comparta habitación de hospital con una gitana.

Ahora bien, la cuestión es si a los socialdemócratas les seducirá tan apetecible plan, ante las dificultades presupuestarias con las que se las habrían de ver. De antemano habría que pensar que no, aunque paradojas como la de Navarra con un partido socialista coaligado con uno nacionalista que, a su vez, se alía con la derecha para compartir desafíos electorales, me malicia de que todo es posible. Y más cuando el gobierno navarro se ha caracterizado por ser uno de los paladines de la fiebre ahorradora que afecta a los gobernantes autonómicos en los últimos meses. Una de dos: o el PSOE acepta y defiende ese modelo de recortes de servicios o debería instar a su franquicia en Navarra a recuperar la dignidad y romper la alianza con los adúlteros nacionalistas (o regionalistas, que para el caso es lo mismo). De otro modo, el PSOE estaría negando su propia oferta y procurando aún más desasosiego entre sus votantes potenciales, ni qué decir de la mencionada minoría instruida.

Definamos recorte. En una situación de déficit presupuestario sólo hay dos vías posibles para poder continuar sufragando el coste de los servicios públicos: ingresar más dinero o administrar mejor lo que se tiene. En cualquier caso, la deuda acumulada es un lastre a tener en cuenta y cualquier gestor estará obligado a administrar bien sus recursos para cumplir con las obligaciones de pago. Teniendo en cuenta eso, los recortes presupuestarios son imprescindibles en un momento como este. La cuestión es dónde recortar y para qué. Cientos de voces proponen métodos diferentes y sería arduo dar cuenta de todos ellos, pero hay uno que se impone sobre todos los demás: la administración eficaz de los recursos soberanos.

Un objetivo está claro: es necesario ingresar más dinero en las arcas públicas para poder hacer frente a los pagos. Y un medio garantizado es la fiscalidad. Es un error importante ofrecer reducciones de impuestos discrecionales con la esperanza de estimular la producción y, de esa forma, recaudar más. En una situación económica más boyante quizás tendría sentido, pero cuando nos encontramos inmersos en una depresión productiva de esta magnitud es complicado impulsar la inversión cuando no hay garantías de que el consumo privado se pueda reactivar, debido sobre todo a la desconfianza de la ciudadanía en la estabilidad del mercado laboral. Si ni siquiera los funcionarios quedan ya a salvo de los recortes, difícilmente se le puede exigir a la población que aún goza de empleo que incremente sus gastos con el fin de fomentar el desarrollo económico.

Tampoco resulta especialmente esperanzador conceder a los empresarios más ventajas laborales, pues demostrado está que por muchas bonificaciones ni ventajas que se ofrezcan para la contratación no se consigue convencer al empresario de que arriesgue sus inversiones. Sobre todo cuando se ha extendido como una epidemia el impago de las deudas, y los empresarios no ven garantizado el cobro por sus trabajos. ¿Quién estaría dispuesto a asumir más gastos cuando no tiene claro si obtendrá los ingresos necesarios para hacerles frente? La morosidad de la administración se ha convertido ya en paradigma, lo cual reduce la insolvencia del empresario y le impide obtener créditos bancarios, lo cual merma su capacidad inversora y reduce las posibilidades de crear empleo. Quien sea capaz de romper esa burbuja viciada habrá conseguido dar un paso importante para la recuperación económica.

Lo más que se puede conseguir con las rebajas fiscales y la flexibilidad laboral es que el empresario pueda verse menos agobiado y, en cualquier caso, procurar un empleo de baja calidad.

En cambio, reforzando la fiscalidad con medidas eficaces contra el fraude, la economía sumergida y un reparto de las cargas más equitativo y eficiente es posible aumentar los ingresos del Estado. Por otro lado sería conveniente renegociar la deuda en la medida que sea posible o lo permitan las autoridades europeas, imponiendo además medidas que la protejan de la acción especulativa de los mercados. Mantener la inflación por debajo de la media europea permitiría impulsar las exportaciones, y para ello es necesario que se luche en Bruselas por una amornización de los precios, de forma que la inflación en Alemania no determine nuestros precios (para comprender esto es mejor leer el artículo de Paul Krugman que se publicó en el suplemento económico de El País el domingo pasado, y que se titula 'El viaje mortal de la eurozona). Ya que la estabilidad presupuestaria es constitucional, ahora es necesario meter en vereda a las comunidades autónomas para impedir que las veleidades de sus gobernantes provoquen más daño a las arcas del Estado, tal y como ha sucedido recientemente con el asunto de las cajas de ahorros por poner un ejemplo, y estudiando la posibilidad de rescatar competencias en el caso de que los servicios públicos sufran una merma de calidad a causa de la mala gestión de los gobierno autonómicos (ya sé que esta es una medida de difícil aplicación, pero si los políticos han sido capaces de modificar la Constitución para introducir una filfa, bien pueden hacer posible este medio de preservar la buena gestión de los servicios esenciales para la población). Dar prioridad al pago de la deuda a proveedores, de forma que los empresarios reciban un dinero que bien pueden invertir en contratar personal o mejorar sus servicios; y simultáneamente establecer como norma el pago de las facturas en un plazo máximo de 90 días, de forma que el empresario tenga la garantía de cobro, y como medida provisional ofrecer el aval de las administraciones públicas para que el empresario pueda hacer efectivas las facturas en los bancos de forma inmediata.

Si se quiere recortar, bien podrían empezar las autonomías por prescindir de las televisiones públicas y, si no cerrarlas por no perder una potente arma propagandística, al menos venderlas al capital privado para que las gestione -siempre podrán encontrar a algún empresario afín que mantenga la línea editorial deseada por el poder. Y hablando de recortes, alguien debería explicar para qué mantener a tantos diputados y senadores si con la mitad parece posible legislar una comunidad e incluso un país. Siguiendo con los recortes, no he escuchado mejor oferta en los últimos años como la de suprimir las diputaciones provinciales y mancomunar ayuntamientos, para reducir la burocracia; es necesaria mucha valentía para llevarlo a cabo, pero quien lo consiga obtendrá todo mi cariño. Y si de recortes hablamos, para qué arriesgar el dinero público en fastos inanes, costosos proyectos de incierto futuro o edificios suntuosos sin contenido ni utilidad. El Estado promotor debe dejar de existir, a menos que... no pueda.

Y esto me lleva a la última reflexión. ¿Por qué nadie propone reformar la ley de financiación de los partidos políticos cuando todos sabemos que ahí se esconde el germen de la mala gestión? Aunque este asunto merece otro artículo exclusivo y, por desgracia, me he cansado de escribir.

Sólo diré para concluir, que bien nos vendría a todos desempolvar la memoria y analizar con serenidad el paso que vamos a dar. Y recomendar a quienes han de parar la avalancha conservadora que piensen bien si no sería conveniente mimar a esa minoría instruida con propuestas creíbles y un poco más de valentía.