A degüello

Es cierto que la decepción aturde los sentidos y que la desesperación se convierte en una tupida venda que rodea lo ojos de quien la sufre, y le impide ver más allá de sus propias necesidades. Un ciego es incapaz de ver el riesgo, pero también es cierto que lo percibe gracias al desarrollo del resto de sus sentidos. En ellos deberían confiar todos los que hoy han perdido la perspectiva, por angustia o desengaño, y reflexionar si su legítima rabia o creciente ansiedad les puede acarrear males mayores si yerran en la decisión que habrán de tomar el próximo 20 de noviembre, cuando se les convoque a ejercer su obligación de votar.

El dilema es bien sencillo: ¿qué estamos dispuestos a aceptar, permitir y soportar para conseguir el bienestar deseado? Es cierto que no hay muchas alternativas cuando aprieta la necesidad y no se vislumbran soluciones inmediatas -ni siquiera futuras-, pero en un viaje tan arriesgado como el que tendremos que emprender a partir de ahora es conveniente elegir bien a quien nos guíe. También es cierto que no hay mucho donde elegir porque las circunstancias de nuestro entorno sociopolítico imponen unos rigores difícilmente eludibles, pero es claro que en estas ocasiones vale más la maña que la fuerza. Y ese puede ser un buen punto de partida para acertar con la elección.

Descartadas las opciones ilusorias o arbitristas de una izquierda desnortada o de un nacionalismo cada vez más desquiciado por la contradicción entre sus obligaciones ideológicas y sus necesidades políticas, el denostado bipartidismo se percibe ahora como un mal menor ante la acuciante necesidad de decisiones valientes que devuelvan la estabilidad a la economía y la ilusión a la sociedad. No creo que quepan más opciones, ni que la abstención o cualquier otra forma de eludir la única forma de expresar nuestra opinión sean las más adecuadas para demostrar el desprecio por la política. Por el contrario, es el mandato del voto el mejor instrumento para imponer a la clase política las obligaciones que sus miembros aceptan por voluntad propia y han de atender. Otra cosa es que, una vez en el poder el pueblo les exija el cumplimiento de sus responsabilidades empleando las leyes o los métodos de protesta a los que tiene derecho, siendo el más efectivo la negación de su apoyo en futuras elecciones. El poder del voto es enorme si se sabe emplear con criterio.

En este escenario conviene analizar las opciones que se nos presentan y, aunque sea por rebelarse contra nuestra propia apatía, despojarse de esa venda que nos ciega y confiar en la memoria, las convicciones y el poder de las evidencias. Una de ellas es la idiosincrasia del electorado. Ahí veo tres tipos de votantes: convencidos, rutinarios y reflexivos. Los primeros componen la masa acrítica que apoya ciegamente a su opción política preferida, como forofos o devotos que no contemplan otra opción porque la desprecian de antemano; los segundos son aquellos que votan lo que siempre han votado y, aunque muchas veces sin compartir las propuestas del partido que apoyan o las actitudes de sus dirigentes, siguen votando lo mismo por resistencia al cambio, como aquel que consume una marca determinada de yogur y, aún sabiendo que existen otras que pueden ser mejores, no cambia por mera costumbre; los terceros componen lo que yo llamo minoría instruida, aquella que es capaz de inclinar la balanza del poder con su decisión por gozar de un interés por el análisis y valorar el efecto que una propuesta u otra causará no sólo a su situación particular sino al común de la sociedad, demostrando así una amplitud de miras que les proporciona un sentido crítico tan favorable para el bien general como inquietante para las aspiraciones de los partidos políticos. Es este último grupo el más susceptible a la abstención, aunque esa actitud es más frecuente cuando la situación invita a mantener inalterable el reparto de poder, y actúa cuando se hace necesario un cambio político.

Esa minoría instruida fue la que estuvo a punto de dar un disgusto a la derecha en las elecciones de 1996, tal y como recordó Felipe González en su discurso ante los militantes socialistas en la conferencia política del partido del pasado fin de semana. A pesar de que el Gobierno socialista de entonces sufría un desgaste manifiesto y un acoso desmesurado de los esbirros mediáticos de la derecha -que entonces empezaban a adquirir una fuerza que hoy han consolidado-, las últimas encuestas indicaban una igualdad insólita que luego se hizo realidad en los resultados electorales. A pesar de los intentos por renovar su imagen y el discurso, la derecha aún no había redimido su pecado original de ser heredera del franquismo, por mucho que se empeñaran en tomar a UCD como referente. Aquella pírrica victoria les permitió no obstante gobernar y demostrar su catarsis, en un alarde de cinismo que encandiló al electorado tanto que en el año 2000 les permitió obtener la soñada mayoría absoluta, gracias entre otras cosas a que muchos de los electores rutinarios perdieron el miedo a atender sus convicciones conservadoras -por fin tenían un referente político a la altura de su añorada UCD-, y a que la minoría instruida cayó en el ensueño de una derecha moderna y gentil y, confiados, decidieron quedarse en casa.

El PSOE perdió aquel año su hegemonía política y permitió a la derecha saborear unos manjares a los que, como en otros momentos de nuestra historia, no estaban dispuestos a renunciar por decisión de esa sociedad en la que jamás han creído. El resultado electoral de 2004 supuso para la derecha el argumento para despojarse de sus máscaras y ofrecer su auténtica imagen autoritaria y "sin complejos", como así proclamara su líder José María Aznar en XV congreso del partido celebrado en octubre de 2002. A partir de ese momento, convencidos de su trascendencia política, comenzó una era de resentimiento que ha marcado todo el mandato socialista hasta el presente.

Los resultados de las elecciones de marzo de 2004 no resultaron tan inesperados si se tiene en cuenta que unos meses antes, el PSOE ya había obtenido más votos que la derecha en las elecciones autonómicas y municipales. Las encuestas internas de ambos partidos indicaban si no igualdad sí al menos una cercanía importante de los socialistas que haría perder a la derecha su mayoría absoluta. Esa certeza determinó la elección del sucesor de Aznar como candidato de la derecha a la presidencia del Gobierno. El entonces líder del PP se debatía entre la fe de Acebes, la aptitud de Rato y la cordialidad de Rajoy. Pero el fanatismo del primero y la independencia del segundo no encajaban en un escenario incierto como el que se le presentaba a la derecha tras las elecciones de 2003; y menos cuando Aznar había decidido apostar su resto al por entonces boyante neoconservadurismo militarista liderado por el presidente norteamericano Gegorge W. Bush, demostrando en la gestión doméstica un autoritarismo inaceptable para los no adeptos. La evidente retirada de apoyos sociales llevó a Aznar a optar por un candidato de perfil bajo tan amable para el ciudadano como dominable por el aparato; y así surgió Rajoy.

Sin embargo, en marzo de 2004 sucedió lo inesperado y, convencidos de su infalibilidad, los dirigentes de la derecha abandonaron el gobierno resentidos iniciando desde ese momento una campaña de acoso sólo comparable a la que sufrieron Azaña y Suárez en su momento. Y hasta ahora que parece cercana la cosecha de tantos años de insidias, mentiras y grosería. Las mismas que caracterizaron sus dos últimos años de legislatura y que culminaron con la gestión política realizada tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. Fueron los años de la negligencia y las mentiras tras el naufragio del Prestige, del desprecio a las familias y las mentiras tras el accidente del Yak 42, del despotismo y las mentiras para participar en la guerra de Irak, de la soberbia y las mentiras en la reforma laboral de 2002, del 'España va bien' mientras se esquilmaban los recursos y se condenaba a la economía a un fracaso seguro con políticas que inducían el despilfarro y la codicia, de saqueo indecente de las arcas públicas en beneficio del partido y sus dirigentes, de bodas ridículas y boatos eclesiásticos, de censura y manipulación periodística con una televisión pública convertida en un obsceno órgano de propaganda al servicio del gobierno y el partido...

Fue entonces cuando esa minoría instruida volvió a aparecer y propició el cambio político. Es cierto que el reparto de poder territorial, con el PSC gobernando en Cataluña y con Andalucía bien atada, contribuyó a mermar las opciones electorales de la derecha. También que muchos de los votantes rutinarios se decidieron a cambiar su voto o se quedaron en casa, hastiados de tanto yogur. Pero fue esa masa silenciosa que sólo surgen en determinadas ocasiones la que dio lugar al vuelco definitivo.

La guerra política no se hizo esperar. Del modelo pactista que había caracterizado la gestión del PSOE en la oposición durante los últimos meses de la segunda legislatura del PP, se pasó a un ataque continuado e inopinado a todo lo que surgiera del nuevo gobierno. No se puede olvidar cómo la derecha  mantuvo y alimentó sus mentiras sobre la autoría de los atentados del 11-M durante años, incluso con sainetes absurdos como el proceso del 'ácido bórico', premiando después sin pudor alguno a su instructora con un puesto en el CGPJ; movilizó a las masas más conservadoras en campañas insidiosas contra el matrimonio homosexual, el aborto, el divorcio, la asignatura de educación para la ciudadanía o el estatuto de Cataluña, llenando las calles de gentes vociferantes y agresivas o emprendiendo acciones burdas como el boicot a los productos catalanes; realizó una actividad obstruccionista en la renovación de órganos del Estado como el CGPJ o el Tribunal Constitucional, provocando uno de los más temerarios episodios de desprestigio de esas instituciones; hizo añicos el consenso antiterrorista con su campaña de rechazo a la negociación con ETA, y con las sucesivas revelaciones malintencionadas de un mantenimiento de la misma tras la ruptura de la tregua; llevó el filibusterismo parlamentario hasta extremos cercanos a la sedición, con manifestaciones insidiosas que alimentaban los más bajos instintos de sus adeptos más cerriles; o propició el auge de medios de comunicación tendenciosos que han ido sembrado de falacias el debate político, mediante un sospechoso reparto de licencias de televisión digital terrestre en las comunidades que gobiernan; y eso sin contar los numerosos episodios más locales que les permitían mantener vivo el fuego de la sospecha hacia la labor del gobierno, como aquel grosero proceso por el incendio en Guadalajara y que, también, terminó con su instructora en el CGPJ. Y así ad nauseam.

Reconozco que el PSOE no se ha hecho merecedor del cariño social durante sus últimos años de gobierno, pues ha realizado una gestión errática y torpe en muchas ocasiones. Pero, hace tiempo que me pregunto qué hubiese sucedido en España de no haber irrumpido la dichosa crisis económica. Es innegable que en los siete años y medio de gobierno socialista se han producido en el país no pocos avances sociales que, en tiempos de bonanza, contribuyeron a ampliar los derechos ciudadanos y a mejorar el bienestar público; que Zapatero se ha revelado como un presidente sereno, a pesar de los pesares, y ha mejorado la imagen de España en el contexto internacional, aunque deba admitir que se ha perdido mucha de la autoridad que en tiempos de Aznar se consiguió más por intransigencia que astucia, y que nos ha devuelto a la posición de mediocridad de la que en realidad nunca salimos en aquellos tiempos de milagros económicos de cartón piedra. También hay que reprocharle su cautela en asuntos sensibles como la libertad religiosa o la fiscalidad y, sobre todo, en su excesiva confianza o negligencia en la gestión de la crisis durante sus primeros momentos. Ahora bien, en su descargo habrá que reconocer que ha sabido mantener el tipo en un ambiente hostil y que, ante una Europa conservadora que imponía unos rigores difícilmente asumibles, ha sabido mantener al país a salvo de la intervención aunque sus resultados no sean los más agradables y que haya tenido que renunciar a lo más sagrado para un político, sus principios ideológicos.

Es evidente que, en este contexto, el efecto de la minoría instruida se revela incierto pues ahora influye más la necesidad a la que me refería al principio que la conveniencia. Desde luego, no se puede contar con los otros dos grupos, ya rendidos a las promesas de la derecha o, siquiera, a su mero papel sustitutivo y, en el caso del tercero, el análisis se ha hecho arduo y no garantiza un resultado apropiado a la realidad de las ofertas políticas que hay sobre la mesa. Lo cierto es que la tentación de propiciar una tercera fuerza moderadora que impida la hegemonía de los dos partidos mayoritarios se advierte vana por el rigor del modelo electoral, y de nuevo parece ser que los nacionalismos se harán con la llave de la gobernabilidad. Sin embargo, la dispersión de la izquierda frente al monolitismo de la derecha con el inestimable aunque a priori involuntario apoyo de los nacionalistas, hace más que previsible la victoria del PP, a menos que el PSOE descubra la fórmula para convencer a sus convencidos y, sobre todo, a la minoría instruida para que les vuelva a dar una oportunidad.

Ingredientes no faltan. Al tradicional y burdo cinismo y a la falta de escrúpulos que caracterizan la actitud de los conservadores a la hora de abordar cualquier asunto cotidiano más o menos sensible, se une una más que evidente muestra de cual será su gestión con sólo analizar la que llevan a cabo en las comunidades autónomas donde gobiernan. El furor por el ahorro que abanderan oculta un siniestro corolario: el desmantelamiento del modelo presupuestario y la exclusión de los desfavorecidos.

Hablemos de recortes. Para ello tomo prestada la lógica hortofrutícola de Ana Botella y concluyo que si con 10 euros compro 10 manzanas hoy, y mañana sólo compro 8, aunque no varíe el presupuesto inicial una de dos: o me he ahorrado 2 euros o las he pagado más caras. El caso es que los paladines de la derecha basan su discurso en un matiz contable al asegurar que no hay recortes porque el presupuesto no se ha tocado, aunque en realidad terminan por tener menos de lo que tenían. Ahora bien, si se va a lo tangible no es difícil comprobar que, por ejemplo en educación, se reducen becas, personal y servicios, y qué decir en sanidad. Lo pueden llamar ahorro, gestión o como quieran, pero las matemáticas no engañan y si antes había algo que hoy no hay eso se llama recortar.

Ahora bien, sin tocar la cuantía presupuestada se reduce la dotación y los servicios educativos y sanitarios al mismo ritmo que se refuerzan esas mismas prestaciones desde la iniciativa privada a base de conciertos bonificados fiscalmente o por aportaciones presupuestarias, el gestor de turno bien puede asegurar que las necesidades de toda la población siguen cubiertas y cualquiera puede disfrutarlas. A efectos contables no se ha producido recorte alguno, aunque sus efectos asistenciales indican todo lo contrario: menos calidad y más problemas de atención. ¿Todos los ciudadanos pueden disfrutar de estos servicios o sólo aquellos que se lo pueden permitir?

Aquí es necesario detenerse en lo que yo llamo criptología de la derecha y analizar el significado que para sus líderes tienen conceptos como 'todos', 'nadie' o 'necesario', por citar algunos que determinan muchos argumentos de su discurso. Para la derecha, esos conceptos se refieren exclusivamente a aquellos que aceptan sus postulados o, más bien, al grupo de población que constituye su electorado potencial. El cálculo político establece qué medidas se pueden tomar sin traspasar la frontera de riesgo electoral, y es bien cierto que para un partido carente de principios ideológicos el principal objetivo es satisfacer las necesidades de su grupo social básico, muy diferente del que en teoría sustancia a la socialdemocracia que no es otro que 'atender' a toda la sociedad -la prueba es que cuando el PSOE se ha desviado de ese objetivo se ha granjeado el reproche de la sociedad, mientras que a la derecha se le concede de antemano su exclusividad. Así, cuando un dirigente dice que 'todos' quieren lo que él propone se refiere a las necesidades de ese nicho social propio; y lo mismo sucede con 'nadie' en referencia a las propuestas ajenas. Lo 'necesario' no es más que las medidas que proponen, aunque se exprese en términos absolutos. Es una forma de cimentar un discurso artero que no ofrece más que generalidades o con el que intentan manipular con cinismo las decisiones contradictorias de sus propios dirigentes en el ejercicio del gobierno.

En realidad, la controversia sobre los recortes presupuestarios beneficia al discurso de la derecha, pues impide que se centre el debate en lo realmente importante: el modelo de gestión y la calidad de los servicios públicos. El peso del capital público y privado determina tradicionalmente los planteamientos neoliberal y socialdemócrata, si bien hasta ahora ambos han mantenido una estructura similar en lo que se refiere a servicios asistenciales, para entendernos educación y sanidad -los demás se adaptan según las características de cada cual-, a saber: público, concertado, privado. Hasta la fecha, el servicio público aglutina el mayor número de usuarios y, por tanto, requiere la mayor inversión. Ahora bien, la deriva de los gestores de la derecha indica una progresiva modificación de este reparto.

No es ningún secreto el idilio de los conservadores con la iniciativa privada, en la que ven la solución a todos los males del país. Sin embargo, el plan inconfesable de la derecha parece ser una sutil aunque paulatina modificación de esta estructura de forma que se establezcan tres niveles asistenciales y de calidad. Dejando al margen el nivel privado, reservado exclusivamente para aquellos que puedan permitírselo tal y como es ahora, el objetivo es ir cediendo a la iniciativa privada más espacio asistencial mediante conciertos o bonificaciones en detrimento del nivel público, con un progresivo trasvase de recursos o sencillamente arrendando o cediendo los que hoy costea la Adminitración en una especie de gestión mixta, en la que paulatinamente tenga más peso el capital privado.

De esa forma conseguirán ofrecer al ciudadano un servicio concertado más eficaz y de mayor calidad, mientras que el público se reservará para aquellos que no pueden optar a los otros dos, los excluidos, ofreciendo unos servicios básicos cuya calidad dependerá de sus trabajadores. El siguiente paso será establecer unas cuotas mínimas para acceder a los servicios concertados, de forma que se rentabilice la inversión de la iniciativa privada en mejorar la calidad y ampliar la oferta ante un más que posible aumento de los usuarios; se trataría de un copago encubierto que permite el acceso a un mejor servicio. A todos estos niveles puede acceder cualquier persona siempre que pueda permitírselo. Una asistencia universal aunque exclusiva.

El panorama no puede ser más esclarecedor: un servicio público de asistencia universal para aquel que desee utilizarlo, sufragado íntegramente por el capital público; un servicio privado concertado o bonificado con dinero público al que puede acceder todo aquel que pague un precio mínimo por la asistencia; y el tradicional servicio privado. Para cualquier gobierno es tentador reducir el presupuesto asistencial sin mermar o incluso mejorar la atención a la mayoría de la población -o a la población que realmente cuenta- induciendo a ésta a sufragar parte de esa asistencia con la promesa de un mejor servicio. El problema de la dotación de recursos, personal o la cesión de dependencias públicas para uso concertado no será un problema si la población -los que cuentan- está satisfecha y se emplean con tiento las mayorías absolutas.

La única objeción que se puede oponer a este modelo es de índole intelectual, pues con ello se fomenta la desigualdad y la exclusión. Sin embargo nadie podrá reprochar a sus promotores que han desmantelado el estado del bienestar, en tanto no suprimen la asistencia universal y gratuita sino que ofrecen una alternativa mejorada y más rentable para las arcas públicas. ¿Qué ciudadano de bien se puede resistir a recibir asistencia similar a la privada a un precio módico sin tener que soportar largas listas de espera, incómodas instalaciones o la compañía de inmigrantes o pobres? Se impondría así un modelo asistencial parecido al norteamericano, pero a la europea.

Lo que hasta ahora ha sido un complemento para aliviar la presión asistencial al servicio público se puede convertir en una alternativa viable para esas clases medias que aún mantienen sus recursos económicos a salvo, y que no quiere sufrir los rigores de la merma de calidad que los implacables recortes presupuestarios acarrearán a la educación y sanidad públicas. ¿Qué persiguen medidas como la supresión de los criterios de elección de centro educativo impuesta en Madrid, si no a una intención velada de establecer un modelo de selección excluyente por parte de las instituciones concertadas disfrazado de perversa libertad de elección para las familias?

Además es un modelo muy apropiado para otro de los métodos de gobierno de la derecha, como es el clientelismo. El control de las concesiones de servicio por parte de la administración pública permite al partido gobernante ganarse la lealtad, o al menos la sumisión, de quienes optan a ellas además de contentar a la principal beneficiaria de este tipo de negocios: la Iglesia católica y sus empresas afines. Una forma adecuada de garantizarse la paz espiritual y mantener con buena salud una alianza estratégica que reporta unos magníficos resultados sociales.

Aunque no será por falta de ganas, este es un modelo que la derecha no puede imponer de una sola vez, pues podría provocar conflictos de conciencia difícilmente amortiguables que, además, alimentarían una incierta reacción social. Por eso su implantación será progresiva de forma que la protesta ciudadana se reduzca a ese mínimo tolerable que aleje al partido de la frontera de riesgo electoral. Preferirán ir convenciendo a la población de las bondades de la alternativa semiprivada para que, una vez lograda la aceptación suficiente, fijar la estructura y fortalecer el modelo. La objeción quedaría anulada por el apoyo mayoritario de la población, y en cuanto a su base legal no será necesario más que hacer valer las mayorías absolutas para diseñar una norma a la medida, quedando claro que en ningún caso se incumple el mandato constitucional de garantizar una cobertura sanitaria y educativa universal y gratuita. La calidad ya es otro cantar. El aparato de propaganda que sirve a la derecha se encargará de hacer el resto.

La pregunta es inevitable: ¿es eso lo que queremos? Por desgracia creo que sí, que es precisamente eso a lo que aspira la mayoría de la población. Si tenemos en cuenta el general descontento por la actual calidad de los servicios públicos, no dudo lo más mínimo que la burguesía española aceptará un modelo excluyente como el que preveo aquí. De hecho una buena parte de la sociedad prefiere enviar a sus hijos a la escuela concertada y no rechazaría el pago de una cuota para garantizarse un mejor servicio en la sanidad pública, siempre y cuando este pago fuese facultativo y tuviese la certeza de poder recurrir cuando le plazca a la sanidad pública y gratuita.

¿Y los que no pueden? No existen. Los administradores alivian su mala conciencia ofreciendo un servicio gratuito pero progresivamente reducido y descapitalizado. El lema es: si quieren calidad, páguela y si no tiene confórmese con lo que le ofrecemos, y si no le gusta búsquese la vida. "Usted no cuenta". El personal sentido de la solidaridad del pueblo español contribuirá a que esto sea así, pues demostrado está el poco interés que suscita la miseria ajena para la mayoría de ciudadanos de bien. Sí, esos que votan en masa a la derecha y no quieren que sus hijos estudien junto a moros o ecuatorianos, ni que a su madre comparta habitación de hospital con una gitana.

Ahora bien, la cuestión es si a los socialdemócratas les seducirá tan apetecible plan, ante las dificultades presupuestarias con las que se las habrían de ver. De antemano habría que pensar que no, aunque paradojas como la de Navarra con un partido socialista coaligado con uno nacionalista que, a su vez, se alía con la derecha para compartir desafíos electorales, me malicia de que todo es posible. Y más cuando el gobierno navarro se ha caracterizado por ser uno de los paladines de la fiebre ahorradora que afecta a los gobernantes autonómicos en los últimos meses. Una de dos: o el PSOE acepta y defiende ese modelo de recortes de servicios o debería instar a su franquicia en Navarra a recuperar la dignidad y romper la alianza con los adúlteros nacionalistas (o regionalistas, que para el caso es lo mismo). De otro modo, el PSOE estaría negando su propia oferta y procurando aún más desasosiego entre sus votantes potenciales, ni qué decir de la mencionada minoría instruida.

Definamos recorte. En una situación de déficit presupuestario sólo hay dos vías posibles para poder continuar sufragando el coste de los servicios públicos: ingresar más dinero o administrar mejor lo que se tiene. En cualquier caso, la deuda acumulada es un lastre a tener en cuenta y cualquier gestor estará obligado a administrar bien sus recursos para cumplir con las obligaciones de pago. Teniendo en cuenta eso, los recortes presupuestarios son imprescindibles en un momento como este. La cuestión es dónde recortar y para qué. Cientos de voces proponen métodos diferentes y sería arduo dar cuenta de todos ellos, pero hay uno que se impone sobre todos los demás: la administración eficaz de los recursos soberanos.

Un objetivo está claro: es necesario ingresar más dinero en las arcas públicas para poder hacer frente a los pagos. Y un medio garantizado es la fiscalidad. Es un error importante ofrecer reducciones de impuestos discrecionales con la esperanza de estimular la producción y, de esa forma, recaudar más. En una situación económica más boyante quizás tendría sentido, pero cuando nos encontramos inmersos en una depresión productiva de esta magnitud es complicado impulsar la inversión cuando no hay garantías de que el consumo privado se pueda reactivar, debido sobre todo a la desconfianza de la ciudadanía en la estabilidad del mercado laboral. Si ni siquiera los funcionarios quedan ya a salvo de los recortes, difícilmente se le puede exigir a la población que aún goza de empleo que incremente sus gastos con el fin de fomentar el desarrollo económico.

Tampoco resulta especialmente esperanzador conceder a los empresarios más ventajas laborales, pues demostrado está que por muchas bonificaciones ni ventajas que se ofrezcan para la contratación no se consigue convencer al empresario de que arriesgue sus inversiones. Sobre todo cuando se ha extendido como una epidemia el impago de las deudas, y los empresarios no ven garantizado el cobro por sus trabajos. ¿Quién estaría dispuesto a asumir más gastos cuando no tiene claro si obtendrá los ingresos necesarios para hacerles frente? La morosidad de la administración se ha convertido ya en paradigma, lo cual reduce la insolvencia del empresario y le impide obtener créditos bancarios, lo cual merma su capacidad inversora y reduce las posibilidades de crear empleo. Quien sea capaz de romper esa burbuja viciada habrá conseguido dar un paso importante para la recuperación económica.

Lo más que se puede conseguir con las rebajas fiscales y la flexibilidad laboral es que el empresario pueda verse menos agobiado y, en cualquier caso, procurar un empleo de baja calidad.

En cambio, reforzando la fiscalidad con medidas eficaces contra el fraude, la economía sumergida y un reparto de las cargas más equitativo y eficiente es posible aumentar los ingresos del Estado. Por otro lado sería conveniente renegociar la deuda en la medida que sea posible o lo permitan las autoridades europeas, imponiendo además medidas que la protejan de la acción especulativa de los mercados. Mantener la inflación por debajo de la media europea permitiría impulsar las exportaciones, y para ello es necesario que se luche en Bruselas por una amornización de los precios, de forma que la inflación en Alemania no determine nuestros precios (para comprender esto es mejor leer el artículo de Paul Krugman que se publicó en el suplemento económico de El País el domingo pasado, y que se titula 'El viaje mortal de la eurozona). Ya que la estabilidad presupuestaria es constitucional, ahora es necesario meter en vereda a las comunidades autónomas para impedir que las veleidades de sus gobernantes provoquen más daño a las arcas del Estado, tal y como ha sucedido recientemente con el asunto de las cajas de ahorros por poner un ejemplo, y estudiando la posibilidad de rescatar competencias en el caso de que los servicios públicos sufran una merma de calidad a causa de la mala gestión de los gobierno autonómicos (ya sé que esta es una medida de difícil aplicación, pero si los políticos han sido capaces de modificar la Constitución para introducir una filfa, bien pueden hacer posible este medio de preservar la buena gestión de los servicios esenciales para la población). Dar prioridad al pago de la deuda a proveedores, de forma que los empresarios reciban un dinero que bien pueden invertir en contratar personal o mejorar sus servicios; y simultáneamente establecer como norma el pago de las facturas en un plazo máximo de 90 días, de forma que el empresario tenga la garantía de cobro, y como medida provisional ofrecer el aval de las administraciones públicas para que el empresario pueda hacer efectivas las facturas en los bancos de forma inmediata.

Si se quiere recortar, bien podrían empezar las autonomías por prescindir de las televisiones públicas y, si no cerrarlas por no perder una potente arma propagandística, al menos venderlas al capital privado para que las gestione -siempre podrán encontrar a algún empresario afín que mantenga la línea editorial deseada por el poder. Y hablando de recortes, alguien debería explicar para qué mantener a tantos diputados y senadores si con la mitad parece posible legislar una comunidad e incluso un país. Siguiendo con los recortes, no he escuchado mejor oferta en los últimos años como la de suprimir las diputaciones provinciales y mancomunar ayuntamientos, para reducir la burocracia; es necesaria mucha valentía para llevarlo a cabo, pero quien lo consiga obtendrá todo mi cariño. Y si de recortes hablamos, para qué arriesgar el dinero público en fastos inanes, costosos proyectos de incierto futuro o edificios suntuosos sin contenido ni utilidad. El Estado promotor debe dejar de existir, a menos que... no pueda.

Y esto me lleva a la última reflexión. ¿Por qué nadie propone reformar la ley de financiación de los partidos políticos cuando todos sabemos que ahí se esconde el germen de la mala gestión? Aunque este asunto merece otro artículo exclusivo y, por desgracia, me he cansado de escribir.

Sólo diré para concluir, que bien nos vendría a todos desempolvar la memoria y analizar con serenidad el paso que vamos a dar. Y recomendar a quienes han de parar la avalancha conservadora que piensen bien si no sería conveniente mimar a esa minoría instruida con propuestas creíbles y un poco más de valentía.