¿Y ahora qué?

El político, seguro de su victoria, gritaba 'pan para todos' y una masa de pobres diablos, hambrientos pero entusiastas, le aclamaba. Sigilosamente, un hombrecillo insignificante se acerco al eufórico aspirante y le susurró al oído: 'primero tendrás que pagar el que me debes'. Y al político le costó más trabajo sonreír.

Culminado con inusitado éxito el derrocamiento de los gobiernos legítimos de Grecia e Italia y la posterior y rápida toma del poder, el poder financiero encomienda a sus fiduciarios el no menos urgente desmantelamiento del estado del bienestar y la imposición de las nuevas normas del orden mundial que han perseguido desde los albores del capitalismo moderno. Ha conseguido el dinero narcotizar con habilidad a la clase política hasta conseguir una generación de estadistas lo suficientemente ambiciosos, ineptos, dóciles y maleables como para llevar a cabo sus propósitos. Éstos, a su vez, han conseguido domesticar a las sociedades a base de un intervencionismo, a veces grosero, que ha dibujado las nuevas fronteras de la desigualdad con la complacencia y, en no pocas ocasiones, complicidad de una serie de poderes públicos que se han visto abducidos tanto por la codicia de sus directivos como por la necesidad de mantener el tipo en medio de un mercado tan exigente como hostil. Empresarios, sindicatos, medios de comunicación y, sobre todo en el sur de Europa, la Iglesia católica han aceptado con entusiasmo el cautiverio impuesto por el presupuesto público, convirtiéndose en siervos de un cliente aparentemente omnipotente que hoy se revela vulnerable por las enormes deudas contraídas con esa plutocracia difusa que les ha estado dirigiendo los pasos durante todo este tiempo.

Los ciudadanos han participado de este despropósito embelesados por la posibilidad de alcanzar una posición social imposible con los recursos que han tenido a su alcance. Muy poca gente era capaz de reparar en la temeraria gestión de las administraciones públicas, cuando era posible obtener todo aquello que se deseara con una facilidad insólita. Ensimismados en ese falso bienestar, los individuos de las sociedades desarrolladas se sumaron al frenesí con un entusiasmo que hoy les pasa factura. Engañadas o no por los enviados del todopoderoso dinero, las gentes ofrecieron gustosas su libertad y hoy se les reclama un gravoso pago por aquellos excesos.

Recurren entonces a ese mismo Estado que siempre ha asegurado velar por sus intereses y encuentran sus puertas cerradas y las arcas vacías. Ese abandono les inquieta e irrita, y buscan a la desesperada soluciones que les conducen a alternativas tan impotentes como la que desprecian. Y ya rehenes todos del dinero, unos y otros esperan con ansia el anunciado cambio como si de eso dependiera su futuro. Los hechos, sin embargo, se encargan de demostrar lo contrario.

Es cierto que ya no merece la pena buscar en los errores pasados una explicación a nuestra actual vulnerabilidad. El actual gobierno los ha cometido en exceso y de nada sirve argumentar las circunstancias que han motivado esa deriva. Es lógico que el ciudadano esté disgustado con quienes han dirigido el país hasta ahora y busquen soluciones en otras opciones políticas. Las encuestas pronostican ese cambio en España y nada parece anunciar que no se vaya a producir. Falta saber en qué medida se producirá, qué consecuencias traerá para los perdedores y, sobre todo, qué medidas tienen preparadas quienes obtengan la victoria para afrontar el desafío (hasta ahora sólo son bocetos).

Ahora bien, es claro que quien se haga con el gobierno de la nave no lo va a tener nada fácil. El principal riesgo es saber hasta qué punto ese nuevo ejecutivo tendrá libertad para emprender las reformas necesarias y, sobre todo, hasta qué punto podrá mantener las actuales estructuras del estado del bienestar. Desde luego, lo que se percibe entre la maleza no es precisamente tranquilizador, y menos lo será aún si el poder financiero logra concluir con éxito el brutal asedio que ha iniciado sobre nuestra economía, tras completar la aniquilación de Italia. El peligro de elegir un gobierno tutelado de antemano por el mercado es una sombra ominosa que planea sobre nuestras cabezas, determinando en buena medida los sacrificios que tendremos que aceptar y padecer. Falta saber si quienes nos gobiernen a partir del próximo lunes serán capaces de eludir la presión o si, en cambio, sucumbirán ante ella entregando el país a los poderosos en perjuicio del interés general de los ciudadanos.

Si al ideario esencial de la derecha debemos atenernos, mucho me temo que la sociedad será la que salga perdiendo en este envite. Y no es que piense que el socialismo, tal y como se encuentra en estos momentos, será capaz de presentar batalla con más garantías dada su debilidad orgánica y el enorme peso de la gestión realizada durante estos últimos cuatro años, sino que creo firmemente que la responsabilidad ideológica que sustancia su ejercicio de la política le exige unas actitudes mucho más adecuadas al interés común que las que pueda adoptar la derecha.

En cualquier caso, sirva como alivio el saber que aún no se ha perdido la guerra. El estado del problema exige decisiones difíciles, valientes y, sobre todo, comunes. El territorio por el que España comenzará a transitar a partir del lunes puede ser el más hostil que haya conocido en su pueril democracia. La cuestión es si imperará de una vez por todas el compromiso político con la ciudadanía o si, en cambio, los partidos volverán a enquistarse en sus ambiciones orgánicas dando lugar de nuevo a un escenario de confrontación que no contribuirá más que a alimentar la voracidad de los mercados.

Hasta ahora ha sido así y, desde luego, he echado de menos la firmeza de un jefe de Estado que, como en Italia pero con algo más de margen de maniobra y un poco de perspectiva social, hubiese reunido a todos los líderes políticos en torno a una mesa y tras dar un puñetazo sobre ella haberles exigido un acuerdo que sacara a España del pozo, y le proporcionara las armas precisas para combatir a los insaciables mercados. Pero como no ha sido así y mientras tanto nuestros políticos han preferido devorarse unos a otros ante la divertida mirada de los poderosos, sólo queda esperar que el encarnizamiento con nuestro país sirva de acicate a la responsabilidad.

Ya que no ha sido posible durante los últimos cuatro años, quizás sería ya el momento de aparcar la soberbia y alcanzar un acuerdo político que obligue a todos los partidos con representación parlamentaria a cumplir un programa común de reformas estructurales que, por un lado, atienda a las necesidades financieras del propio Estado y, por otro, preserve los derechos esenciales de la sociedad española. Ha llegado el momento de la grandeza política y, como clamaba el líder de la derecha no hace mucho, es el momento de los líderes y no de los tecnócratas. Ahora falta que ese propósito se haga realidad, antes de que el propio aspirante se encuentre con que, a no mucho tardar, alguien le desposea de su flamante cargo en favor de algún otro asesor jubilado de Goldman Sachs y España se integre así en el selecto club de las sucursales de este enorme banco en que se está convirtiendo el planeta.