Llamadlo como gustéis: rescate, préstamo, ayuda, donación o limosna, pero lo sucedido ayer representa el fracaso de un país. Cuando alguien es incapaz de solventar por sus propios medios un problema y pide ayuda, está reconociendo explícitamente su impotencia y la ineficacia de sus métodos. En esas circunstancias se impone un ejercicio de humildad, que no de sometimiento, y el reconocimiento del error o errores cometidos; sólo así y haciendo propósito de enmienda es posible conservar la dignidad y, si acaso, afrontar con entereza las consecuencias que acarreará esa resignación. Ocultar la realidad o manipularla al antojo de intereses propios no es más que abonar la confusión y ofender a quienes, en definitiva, vamos a terminar pagando los desperfectos.
Que España iba a necesitar ayuda extranjera era algo que se sabía desde hace mucho tiempo, incluso antes de que la derecha obtuviera el poder ansiado durante ocho años. Era cuestión de tiempo y oportunidad, ya que el peso de la economía española obligaba a las instituciones europeas a modular con destreza el procedimiento de rescate. Afortunadamente, y a diferencia de los casos de Portugal, Irlanda o Grecia en donde el mal había contaminado las estructuras básicas de la economía, en España el foco estaba bien localizado en el poder financiero y de ahí que Bruselas haya podido diseñar un nuevo modelo de rescate más discrecional y aparentemente menos invasivo para los intereses generales que los aplicados en los otros países. Sin embargo, están por ver las condiciones que conlleva tal desembolso y su efecto directo sobre la gestión presupuestaria, o lo que es lo mismo qué importe de la factura nos tocará pagar a los ciudadanos.
Es cierto que, a estas alturas, un sacrificio más o menos empieza a resultar irrelevante en su fase de anuncio puesto que sus efectos no se sentirán hasta su plena aplicación; y para eso aún faltan algunos meses. Quizás en ese momento, muchos caigan en la cuenta de las dificultades que habrán de sufrir aunque el tradicional conservadurismo de la sociedad española permita a los gobernantes salvar el escollo del descontento, y aferrarse a un poder cada vez más resbaladizo. Al fin y al cabo, el partido en el poder goza de un respaldo parlamentario e institucional lo suficientemente sólido como para esquivar la rabia social y, con más de tres años por delante, creerá que es más que probable que los ánimos se serenen más por agotamiento o impotencia que por aceptación, siempre que se sepa administrar bien la ayuda obtenida y reporte algún resultado favorable a corto plazo. El problema es que no será así.
Lo más triste en este relato no es que España haya tenido que capitular y dejarse intervenir por la Unión Europea, sino que ha sido el penoso corolario de un proceso caracterizado por la ineptitud y las mentiras en el que tanto la sociedad como sus instituciones públicas y privadas han sido protagonistas.
Los políticos han antepuesto sus intereses partidistas embaucando tenazmente a toda una ciudadanía que, por su parte, se ha dejado engañar creyendo quizás que esta crisis no era más que un pequeño desperfecto en la máquina debido a su excesivo uso y esperando que una vez reparado volvería a caer en ese plácido sueño de riqueza. Sin embargo, la obstinada realidad demostró que la máquina no estaba averiada sino definitivamente inservible, y que los que debían arreglarla no tenían ni la menor idea de hacerlo. El anterior gobierno quiso enmascarar la gravedad de la rotura negándola y, cuando ya no pudo ocultarlo más, intentando remedios ineficaces y en ocasiones pueriles; enfrente, otros se arrogaban la posesión del remedio infalible y pidieron una oportunidad despreciando a los que intentaban repararla en vez de ofrecer sus conocimientos y herramientas. Consiguieron esa confianza y hoy demuestran que ni entonces sabían como arreglarla ni hoy lo saben. Y como no parece quedar otra solución que cambiarla, piden ayuda para comprar una nueva. La cuestión es si acertarán con el modelo y si éste funcionará adecuadamente para cubrir las necesidades reales del país. Me temo que no.
Y lo creo así porque el Gobierno -y su esquivo presidente- sigue engañando a la opinión pública, y lo hacen con esa suficiencia de quien se sabe respaldado por una horda de fanáticos, una sociedad entumecida y demasiado crédula, y además carece de rivales políticos e institucionales. Un paraíso donde crece la arrogancia, el despotismo y la falacia. La derecha sabe que en un país silenciado por el miedo y la burda propaganda, se acepta la engañifa como mal menor siempre que quede a salvo una mayoría adecuada de ingenuos con poder adquisitivo y se alimente regularmente a quienes gozan de riqueza y poder social.
Resulta ofensivo contemplar a todo un presidente del Gobierno alimentar la trágica pantomima con un ejercicio de orgullo patrio arrogándose el mérito de la atención europea e intentando ofrecer una imagen de normalidad yéndose al fútbol porque, según dijo, "todo está resuelto". ¿Cabe más desfachatez? Pues sí. Aferrado a la nomenclatura marcial que caracteriza el discurso de la derecha, el señor presidente niega la evidencia maquillando el fracaso de su gestión con la afirmación de que el dinero que ha pedido a la Unión Europea no es más que un préstamo que servirá para que los bancos españoles empiecen a repartirlo entre los agobiados empresarios, para que éstos inviertan en sus negocios y, como por ensalmo, empiecen a contratar gente a mansalva. Una de dos: o este señor es imbécil sin remedio o el personaje más irresponsable, ruin y embustero que se ha conocido en España desde los tiempos de Viriato.
En primer lugar, este no es un crédito privado sino público: los estados europeos prestan al Estado español unas cantidades para un fin concreto, afrontar con garantías la reforma financiera nacional. Por eso, es el Estado español el que deberá devolver ese dinero cuando toque más un 3% de interés. Es decir, que si hasta ahora era el BCE el que prestaba directamente a los bancos o compraba bonos soberanos para aliviar la presión de los especuladores, ahora es el Estado el que se hace responsable de esos créditos y deberá responder de ellos con sus recursos. Si eso no es condicionar el funcionamiento de la macroeconomía española, que venga Friedmann y nos lo explique.
El crédito se liberará a plazos y aún no se sabe cómo el Gobierno español distribuirá el dinero que reciba y en qué condiciones lo entregará a los bancos necesitados. Es más, tampoco sabemos cual es el estado real del sistema financiero español hasta que los auditores emitan su dictamen, por lo que es muy probable que nos encontremos con nuevas y desagradables sorpresas en breve. Después habrá que saber qué habrán de hacer los bancos que reciban este dinero PÚBLICO -puesto que desde el momento en que el crédito se endosa al Estado, es el erario público el que responde de su gestión y devolución-, qué contrapartidas deberán aceptar y cómo lo devolverán, si es que lo devuelven, y en qué plazo. Mal negocio sería si el Estado recibiera el dinero en préstamo y lo repartiera como ayudas a fondo perdido.
La Unión Europea ha dejado muy claro que vigilará la gestión de ese préstamo. Entonces cabe preguntarse si el dinero se destina a aliviar la presión del enorme pasivo de las entidades bancarias y sanear sus cuentas, cuánto quedará para estimular el crédito a particulares y empresas. Es lógico pensar que si el deterioro del sistema financiero se debe en buena medida a la alocada gestión crediticia durante los años de frenesí inmobiliario, ahora se establezcan rígidos controles en ese ámbito a fin de que no se asuman nuevos riesgos. Ese criterio obligaría a una supervisión mucho más estricta de la viabilidad de los créditos que se estudien y, por tanto, apenas variaría la actual situación determinada por la solvencia de quien los solicita como requisito indispensable para su obtención. Es una falacia asegurar que con la llegada de dinero fresco a las arcas de los bancos se estimulará el crédito, sin aclarar que los mismos sólo llegarán a quienes puedan garantizar su devolución y asumir los altos intereses que a buen seguro se impondrán para rentabilizar esas operaciones. A buen seguro, transcurrirá mucho tiempo antes de que los bancos se atrevan a asumir determinados riesgos y, por lo tanto, que nadie espere un festival crediticio a corto plazo. Así pues, miente el presidente cuando anuncia que este dinero servirá para la reactivación económica del país, pues sólo recibirá dinero quien lo pueda devolver. Como hasta ahora.
Tampoco está claro si a los bancos que reciban dinero de estos préstamos se les permitirá negociar con él en el mercado. Paralizado como está el crédito interbancario por la escasa fiabilidad de las entidades financieras españolas -con calificaciones miserables-, con unos inversores poco dados ya a aventuras que no les reporten beneficios rápidos y cuantiosos, y con unos ciudadanos más inclinados a guardar el dinero bajo el colchón que a dejarse embriagar con productos financieros poco creíbles dados los fiascos de los últimos años, poco margen de maniobra les quedará a los bancos españoles para jugar al monopoly con el dinero que reciban y, desde luego, sería imprudente que no se supervisará al detalle cualquier producto que se pusiera en el mercado para evitar malas prácticas o estafas.
También habría que saber si quienes han sido los responsables de que España se endeude con toda Europa rendirán cuentas y pagarán por sus errores, o si la derecha utilizará ese viejo y burdo recurso del patriotismo para enmascarar tanto fraude. Sería deseable que uno de los aspectos a vigilar por quienes les han rescatado de la hecatombe sea precisamente la aptitud y honradez de quienes habrán de gestionar el dinero prestado, evitando esa complicidad tóxica entre política y poder financiero que ha sido el origen de este desastre. No pueden ser sólo esos ejecutivos prescindibles, ni menos aún los trabajadores de las entidades financieras, los que paguen la factura con despidos y depuraciones; hay que buscar en las plantas nobles de los bancos y cajas a esos esbirros del poder político que las han arruinado mientras se llenaban los bolsillos con suculentos sueldos y pensiones. Sólo así se recuperará la credibilidad, aunque me temo que los políticos no estén dispuestos a desprenderse de tan jugosa presa y, mutatis mutandi, intenten conservar el control financiero para sus delirios de grandeza.
Es cierto que con esta intervención extranjera de la soberanía española habrá mucho más control de nuestra política económica -y sacrificios-, por mucho que ese falaz y arrogante presidente del Gobierno asegure que no será así. Quizás así deban asumir las imprescindibles políticas de estímulo presupuestario que ya se están auspiciando desde Francia y Estados Unidos, y atempere ese expolio de los servicios públicos que iniciaron nada más lograr el poder. Sería incongruente que nuestros prestamistas aboguen en Bruselas por la inversión pública y los sufridos prestatarios se empeñen en vender al capital privado todo lo que puedan. Si esta intervención contribuye a detener ese festín de fieras depredadoras, bienvenida sea. Es preferible pagar más impuestos para que se estimule la inversión pública que pagarles a los amiguetes de poder las tarifas que les parezca por servicios que ya se supone que financiamos con nuestro sacrificio.
Por todo ello, este rescate no es ni por asomo la panacea para los problemas económicos de España. Por eso no está todo resuelto, señor prsidente. Ni mucho menos. Todo está por resolver, y ahora tendremos que soportar ya no sólo la despiadada presión de las políticas restrictivas del Gobierno de la derecha sino también la de unos prestamistas que querrán saber qué hacemos con su dinero. Miente una vez más el individuo que nos gobierna cuando asegura que sus reformas van por el buen camino. No es así, y la prueba es que la economía española se deteriora cada vez más y las previsiones no son nada alagüeñas.
Señores políticos: han fracasado. Ejerzan su orgullo en asumir su derrota. Sean dignos por una vez.
Demasiada desgracia para tanta mentira y arrogancia. En los otros países rescatados, los gobernantes al menos fueron capaces de reconocer sus errores y marcharse, pero aquí se prefiere enmascarar la realidad con arrebatos de orgullo patriotero y estupideces. Esta gentuza fue incapaz de aunar esfuerzos cuando aún estaban a tiempo de hacer frente a la crisis económica, y prefirieron unos atrincherarse en sus ingenuidades y los otros desprestigiar al gobierno dentro y fuera del país. Ahora comprobamos, sumidos en el terror, que ni unos ni otros son capaces de resolver el problema ensimismados como están en conservar sus opciones de poder. Repugna esa frivolidad de la clase política en un momento en el que los depredadores sangran a toda una sociedad.
Pero la pregunta que me hago es: ¿Y qué quiere esa sociedad?
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