El fin de la cultura III. Piratas y corsarios.

Es cierto. La ley que pretende regular el tráfico de productos culturales en internet no es perfecta, pero es necesaria como primer paso para ordenar una práctica cuyos significado y consecuencias muy pocos parecen comprender.

El valor del trabajo es un concepto sagrado para el buen funcionamiento de una sociedad. Una relación laboral se fundamenta en la compra-venta de trabajo; otra cuestión es que el precio que se paga por ese esfuerzo se considere más o menos proporcional, en cuyo caso hay medios suficientes para conseguir lo que se considera justo, negociando con el comprador de turno o buscando un mejor postor. Nadie ofrece su trabajo o aspira a ofrecerlo sin recibir, esperar o pretender un pago por ello (ya sea económico o de otra naturaleza). Y la principal cualidad del trabajador, aquello que le confiere la competencia, es el reconocimiento del valor de su esfuerzo. Por eso el principal activo del profesional es la propiedad de su trabajo, entendido como capacidad, habilidad, aptitud, ingenio o talento. Si es así, nadie aceptaría que otros se valiesen arteramente de sus logros para obtener un beneficio sin dar nada a cambio, aprovechando una posición de fuerza o alegalidad. Cuestión distinta es que un profesional ofrezca sus habilidades de forma altruista y cualquiera pueda beneficiarse de ellas libremente, pues en este caso se trata de una decisión personal que, si bien no la creo exenta de pretensiones, es perfectamente aceptable en tanto propietario de esas facultades. No son pocos los científicos o artistas que deciden ceder algún descubrimiento o creación a la comunidad y no por ello se les priva de su autoría y los beneficios que ello les puede reportar.

Tampoco creo que a nadie le agrade mucho que sus semejantes se apropien o disfruten de bienes y servicios que ha pagado o paga regularmente, pues no son una excepción quienes parasitan redes wifi, señales de televisión por satélite e incluso los suministros eléctricos particulares. Ni nadie se compra un coche, le llena el depósito y lo presta a todo el que se lo pide para que comprueben lo cómodo y potente que es, o una casa, la mantiene y se la presta a sus vecinos siempre que quieran para que disfruten de su confort. Quien no sea celoso de su propiedad que dé el primer paso. Pero, ¿y si estos dignos propietarios cobraran por que sus vecinos usen la wifi, el coche y la casa? Estarían en su derecho en tanto pueden disponer de esos bienes como mejor les parezca. Sin embargo deberían regularizar esas actividades asumiendo los costes y riesgos que ello supone o incurrir en la ilegalidad. De ahí que pocos se cuestionen en esos supuestos el valor de la propiedad y el uso de determinados bienes.

¿Por qué en cambio sí se cuestiona en el caso del producto cultural? Fundamentalmente por dos razones que están estrechamente relacionadas: el valor del producto cultural determinado por la concepción social de la cultura. En tanto ésta se entiende como un derecho -o al menos así se han empeñado en que se entienda- y no como un bien, en esencia su consumo no se asocia a un valor material sino estético, determinado ademas por el criterio utilitario de los bienes de consumo, en tanto se requiere un pago por su disfrute o posesión a pesar de todo. Así, la masa no entiende por qué ha de pagar por algo que no sabe muy bien para qué sirve, dura poco y, además, requiere un esfuerzo de comprensión. Esa interpretación del valor real del producto cultural lo convierte en manos de la masa en un objeto fútil cuya posesión no se considera privativa. Y tampoco su autoría, lo cual es el origen del problema.

Así, los profesionales de la cultura aparecen a los ojos de la masa como graciosos proveedores de entretenimiento para los que la aceptación se mide en función de los gustos o preferencias más o menos estacionales. Muy pocos son los que entendemos el valor del esfuerzo creativo y del trabajo que lleva acercar ese producto cultural al consumidor. Sin embargo, la ausencia de percepción de valor del producto que identifica a la masa devalúa a su vez el trabajo del artista, hasta el extremo de reprobar el alto precio que se pide por sus obras. Por otro lado, el individuo se siente inducido por un convencionalismo social a consumir productos culturales aunque no los considere necesarios. Y de esa forma, la convicción de que se paga demasiado por un producto que no lo merece da lugar a la banalización de su posesión y a la demonización del artista, cuyo corolario perverso es verse desposeído del derecho a reivindicar la propiedad de su obra y, por supuesto, obtener los beneficios que le corresponden en justicia.

Como bien de escaso valor, el producto cultural es accesorio para quien lo adquiere -o se ve obligado a adquirirlo- y por eso adquiere una naturaleza solidaria. El  intercambio de copias entre particulares es el fruto más prolijo de esa actitud social ante el producto cultural. Pero eso que sin ser ético tampoco deja de ser un pecado venial, que se ha venido cometiendo desde que la tecnología proporcionó las herramientas precisas para ello, y que no sólo ha supuesto un perjuicio menor para la industria cultural sino que en ocasiones servía como medio promocional sencillo y barato, con el dominio de internet ha adquirido rango capital al desmesurar sus dimensiones y dar lugar a la aparición de negocios parásitos que se benefician del trabajo ajeno despreciando su legítima propiedad, con el consentimiento jubiloso de los usuarios que se ven aliviados del innecesario desembolso por un producto al que creen tener derecho a poseer.

Es necesario en este punto hacer una advertencia. Los piratas son aquellos que se lucran con el bien ajeno, siendo los usuarios inocentes voraces con afán acaparador que aprovechan las facilidades que les ofrecen los piratas para obtener los productos culturales clonados. Esa actitud avariciosa es el secreto del éxito para los astutos traficantes de cultura. Los consumidores se convierten así en inocentes coartadas de una industria paralela que atenta contra la estabilidad de la industria. Vanos son los argumentos con que intentan justificar los consumidores su actividad reprobable, pues ni el precio, ni la calidad, ni esas diatribas sentimentales acerca del tren de vida de determinados artistas o la voracidad implacable de los organismos de gestión de derechos son suficientes para rebatir el medio infalible para reprobar esas actitudes supuestamente perversas: adquirir ese producto cultural en otros lugares más económicos -un portal de descargas legales y protegidas, por ejemplo- o no comprarlo. Y en cuanto al tren de vida de los artistas y sus garantes, no veo a nadie sacar el dinero del banco por lo bien que viven los banqueros, ni a un internauta dar de baja el ADSL por lo mucho que cobran los directivos de las compañías de telecomunicaciones, ni sustituir la Coca Cola por un sucedáneo de hipermercado a pesar de ser la bebida del imperio... Afortunadamente no toda la cultura se cuece en  despachos de mullidas alfombras aunque las agresiones afectan a todos sus profesionales por igual.

Decía al principio que la ley que pretende controlar este tráfico de productos culturales no es perfecta, sobre todo porque carece de poder pedagógico y contribuye a la confusión que impera sobre este asunto, no sólo entre los usuarios sino también entre los profesionales de la cultura. No se puede negar que la imagen de las agencias de gestión de derechos no corresponde con su verdadera naturaleza, ya sea por no haber sabido explicar bien su cometido y métodos como por la soberbia que ha caracterizado a muchos de sus representantes, aunque tampoco se puede negar que el trato recibido por la opinión pública ha sido también fruto del desconocimiento y de tratamientos tendenciosos por parte de los medios de comunicación. También es un apunte en el debe de la industria cultural su excesiva dependencia de las instituciones públicas, de las que han obtenido una protección que hoy se revela inoperante y que les ha dejado al pairo ante un mercado esclerotizado y múltiples amenazas de entre las que el tráfico cultural es la más importante. Ahora sólo les queda como único salvavidas recomponer el modelo cultural dirigiendo el punto de mira hacia la inversión privada, para lo que espero que la nueva ley de mecenazgo y patrocinio sea un instrumento eficaz y no otro intento cargado de buenas intenciones que se estrelle contra el muro de los intereses políticos.

Porque he de confesar que, siendo imperfecta, estaba convencido de que esta ley iba a ser aprobada en el Congreso. Por eso su rechazo ha sido una decepción enorme no tanto por las consecuencias que acarreará a la cultura española, como por la forma en que se ha desarrollado el proceso. Los políticos han vuelto a anteponer sus intereses electorales a las necesidades de un país a la deriva. Han vuelto a ejercer de corsarios de sus aspiraciones dejando a los piratas vía libre para que sigan contribuyendo a la destrucción de la cultura.

Nochebuena

El pequeño Mario introdujo sus deditos en el enchufe...
Y aniquiló al besugo que horneaba su madre para la cena.
Y fundió las luces del portal de Belén que su padre había construido con primor y devoción.
Y arruinó el peinado que su hermana quería lucir esa noche.
E impidió que su hermano se convirtiera en héroe de los videojuegos.
Afortunadamente, Mario no vivió para recibir una reprimenda.

Interludio trágico

Contemplo desde la ventana a un hombre flaco que deambula por la calle. Viste con pulcritud y luce un aspecto aseado. De rostro adusto, camina vacilante como si no supiera o tuviera donde ir. De repente dirige sus pasos hacia el cenicero que hay en la puerta del centro de salud que se levanta frente a mi casa, escarba en los desperdicios que se acumulan en él e, impasible, se aleja hasta abandonar el plano de visión. Aparenta unos 60 años, una edad muy mala en los tiempos que corren, a la que se tiene trabajo, una pensión prematura, patrimonio, o un grave problema. No puedo evitar ese escalofrío que despeja la tenebrosa senda de la incertidumbre, y me retiro pensando en la monotonía de la existencia sin futuro, donde una colilla se convierte en una razón para vivir.

El fin de la cultura II. Cuando el pesebre se vacía.

Anda inquieta la farándula a causa de la tragedia que deben representar por encargo de los ayuntamientos morosos. Un montaje colectivo (o no tanto) patrocinado por la ruina de unas instituciones que hoy como antes consideran a la cultura (o a una concepción de la misma) absolutamente contingente. Lamentan las gentes del teatro la grave situación a la que se han visto abocados por el reiterado impago de sus honorarios, la presión fiscal y las cautelas de los financieros a la hora de prestar dinero. La palabra de las instituciones que en otro tiempo no muy lejano abría cualquier caja fuerte, hoy no sirve ni para desvalijar una hucha, y los profesionales de la cultura deambulan huérfanos por un páramo social en el que su trabajo es incomprendido y prescindible. Hoy son los empresarios teatrales quienes lloran sus penas, pero este es un drama en el que actúan todos los que dedican su tiempo, ilusión y esfuerzo a la creación artística. Condenar a muerte a la cultura es la decisión más necia y peligrosa que se pueden tomar las instituciones, pues en ella se encuentran los instrumentos que evitarán el naufragio de la sociedad. Si bien en esta deriva nadie es inocente.

La cultura paga ahora con creces la ingenuidad o el cinismo de un modelo fraudulento soportado por la iniciativa pública, al que se aferró durante demasiado tiempo pensando quizás que ese entendimiento sentaría las bases de una próspera industria dirigida por los propios gestores, quienes pecaron de negligencia al concebir esa relación desde una posición de fuerza por ser quienes poseían los conocimientos y las herramientas precisas para gobernar la nave a su antojo. Hoy comprobamos el enorme error cometido.
En descargo de los ilusos es necesario afirmar que era muy poderosa la tentación de verse protegidos por unas instituciones aparentemente saneadas y dirigidas por políticos aparentemente sensibles a las manifestaciones culturales, que abrían sus puertas a todo tipo de propuesta sin perjuicio de su naturaleza o dimensión social. Las instituciones se mostraban ante la industria cultural como establecimientos receptivos, plurales, democráticos y estimulantes, que elevaron las expectativas de gestores y artistas y permitieron un desarrollo inusitado de la producción cultural durante unos años en los que se ataban a las musas con longanizas. Artistas plásticos, escritores, músicos, pensadores, editores, gestores culturales, todos vivían felices en esa Arcadia de sustanciosas y discrecionales ayudas y subvenciones, fastuosas ferias y festivales, exposiciones cósmicas y creatividad desenfrenada. Todos bajo la capa protectora de lo público que aspiraba a generar cultura a mansalva. Muchos creyeron que por fin se había conjurado el paradigma de la pandereta y España valoraba el trabajo de sus artistas. Ninguno quiso perder la oportunidad aunque supiesen que a sus benefactores les movía más el pretencioso prurito de la notoriedad que el deseo explícito de fomentar la cultura o la firme convicción de su valor esencial.

Hoy sabemos que todo ha sido un espejismo provocado por un bebedizo embriagador elaborado a base de presunción, negligencia y falacias. Salvo contadas excepciones, el político es por principio o asunción un analfabeto cultural. Desde el momento que acepta la marmórea disciplina impuesta por el partido al que pertenece y las reglas no escritas de la carrera hacia el poder, renuncia a los trazos básicos que diseñan su conciencia crítica y, como resultado, adapta sus decisiones a los intereses particulares de su opción partidaria en el ejercicio de gobierno, alejándose del universalismo de su gestión. De forma que toda iniciativa que emprenda ha de ir acompañada de algún beneficio bien personal o corporativo.  Esa es la premisa que determina toda política cultural, sin perjuicio de que al frente de los departamentos encargados de administrarla se encuentren personas más o menos sensibles o al menos conocedoras del mundo de la cultura. En tanto que apoyo electoral se concibe como el objetivo supremo de toda gobernanza, la política cultural de las administraciones públicas se fundamenta en un criterio de complacencia generalista tan difuso como excluyente determinado por la demanda.

Esto no sería un problema si dicha política se fundamentara en la gestión de los recursos públicos, a fin de permitir a la ciudadanía adquirir los conocimientos precisos para consumir cultura mediante programas de estímulo y formación, realizando una buena gestión de infraestructuras como bibliotecas, filmotecas, archivos, museos, auditorios, espacios para actividades colectivas, etc., y procurando a los profesionales el apoyo necesario para la realización de su labor creativa o productiva poniendo a su disposición dichos recursos, con incentivos fiscales y promoviendo el desarrollo del patrocinio privado o mecenazgo, que dote a la industria cultural del valor necesario para competir en el mercado con calidad y garantías de éxito. Insisto: la misión fundamental de la Administración pública es proporcionar consumidores a la industria cultural y facilitar el desarrollo de ésta en un sistema de libre mercado mediante la protección de dicho mercado.

En cambio, la realidad es bien distinta. La política cultural se basa en una demoledora contradicción, pues las administraciones públicas consideran a la cultura como un bien esencial al que dispensan un tratamiento accesorio. El esencialismo cultural se expresa en un modelo proteccionista basado en la subvención, en un primer estadio, y en la promoción y producción en una segunda fase, que han derivado en dependencia e intervencionismo. El resultado ha sido tan previsible como demoledor. Lejos de fortalecer el tejido cultural de base con el que se producen consumidores de cultura, los poderes públicos han preferido amparar a la industria y los creadores bajo una coraza económica que ha determinado la producción tanto en sus aspiraciones productivas como creativas.

No es un secreto que el imperio de la ayuda ha marcado las estrategias de no pocas empresas y artistas que han sabido adaptar sus productos a las normas marcadas por las administraciones olvidando en muchos casos la demanda de sus clientes instruidos, aunque la confortable seguridad que proporciona la protección pública compensaba todas las renuncias. Cuántas editoriales, discográficas, compañías de teatro o danza, productores cinematográficos y demás profesionales de la cultura han tenido que adaptar sus ofertas a las exigencias institucionales para conseguir una subvención; cuántos escritores, músicos, actores y artistas de cualquier disciplina que han visto frustradas sus ilusiones por no ofrecer un producto adaptable a esas normas; pero también cuántos profesionales han desarrollado un ingenio extraordinario para alumbrar sus proyectos sin la ayuda de los políticos; y cuántos, sin embargo, han desarrollado el mismo ingenio para someter su genio al mejor postor demostrando una astucia sin parangón, convirtiéndose en vasallos de los partidos políticos. Diversas escenas sobre el mismo escenario.

Tampoco es un secreto que dominadas las voluntades de quienes poseen el fabuloso don del conocimiento, los políticos no se viesen tentados a aprovecharse de ello. Decía antes que quienes se sientan en ministerios, consejerías y concejalías de Cultura suelen ser personas que tienen cierta relación con el universo que han de administrar, y no son pocos los que ven en ello una oportunidad para dar rienda suelta a sus veleidades creativas haciendo valer el mando que les confiere el cargo, y recibir el apoyo de esos artistas que viven del dinero del que son dueños y que graciosamente reparten. También los hay que ven en la industria cultural una vía idónea para pagar favores u obtener adhesiones de empresarios o profesionales ajenos a la misma, y quienes consideran este sector lo suficientemente inocuo como para ocultar trapisondas contables. Ese cúmulo de tentaciones invita al político a un intervencionismo aniquilador que se sustancia en la arbitrariedad y la negligencia, hasta el extremo de que las administraciones públicas se han convertido en agentes activos del mercado cultural erigiéndose el competencia directa de las empresas privadas, que ven con estupor y resignación cómo no les queda otro camino que someterse a los dictados mercantiles de la cosa pública en forma de proveedores de servicios en dura pugna con los elegidos. Esto reduce el margen de maniobra de las empresas culturales al no encontrar fuentes de financiación privadas dispuestas a hacer frente a la poderosa maquinaria institucional.

La simbiosis de estas evidencias tiene como corolario la ampliación del campo de batalla en tiempos de bonanza. Si la premisa que naturaliza la iniciativa pública es la atención a la masa, más allá de la cualidad de lo que ésta demanda, es tentador imbuirse de democracia y prestigio intelectual dando oportunidad a productos más elitistas cuando sobra el dinero. Es entonces cuando se produce el desbarajuste del mercado al irrumpir en él agentes hasta ese momento ajenos como son los ayuntamientos de todo color y dimensión. Actúa en este caso un curioso fenómeno de imitación: si el alcalde de la gran ciudad contrata a tal artista o promueve cual festival, y el alcalde del municipio del al lado ha hecho lo mismo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Comienza entonces uno de los capítulos más delirantes de este nefasto relato, con artistas mediáticos recorriendo lugares inauditos y actuando a precios inusitados. Pero también compañías teatrales, músicos, escritores o artistas menos populares o más audaces que reciben con entusiasmo encargos de donde antes no sabían ni de su existencia, propuestas culturales más selectivas que encuentran acomodo en poblaciones donde no han oído hablar del asunto que tratan. De repente parecía que todos los responsables de la gestión cultural pública se habían puesto de acuerdo para hacer felices a los artistas.

Hasta que llegó eso que llaman crisis. Y con ella la cultura perdió esencia y sufrió trato. Con las arcas vacías y una deuda colosal, la esplendidez de las instituciones se troca en cautela y de cumplidoras pasan a morosas. En el camino quedan un ingente número de profesionales que se ven acuciados por la falta de liquidez, la presión fiscal y los recelos financieros, y frente a un horizonte que no presagia nada bueno. Sólo algunos políticos se resisten a renunciar a sus principios u oportunidades en un infructuoso esfuerzo por mantener un ritmo imposible, sumidos en la congoja o en una delirante falacia aunque impotentes ante la inapelable evidencia. El pueblo puede vivir sin cultura, afirman los pragmáticos de la cosa pública; no es políticamente tan rentable como construir aeropuertos, carreteras o, sencillamente, impedir que quiebren sus administraciones. La cultura es accesoria, prescindible, propia de épocas nutricias. El pesebre de la cultura se ha vaciado y ya sólo queda espacio para adeptos, cortesanos y entretenimiento para las masas; opciones rentables para los políticos aunque carezcan de calidad objetiva.

Es el fin de la Cultura, pero que nadie se alarme porque no es el fin de la cultura. Los escritores seguirán escribiendo, los músicos componiendo y los actores interpretando, los artistas obrando y el público disfrutando de sus creaciones; hay demasiado talento en este país como para que lo eclipse el oportunismo y la necedad. También es cierto que el camino será duro y la inercia de un tiempo que se condujo a velocidad vertiginosa aún traerá sinsabores e injusticias. Porque a nadie le puede sorprender que hoy siga habiendo conciertos, festivales, ferias y todo tipo de propuestas, pues salvo raras excepciones en las que predomine una concepción plural y cualitativa de la actividad cultural, el dominio será para aquellos que saben atender las demandas de la masa, la 'cultura' visible. Mientras, la 'Cultura' creativa deberá retirarse a sus guaridas en busca de consuelo, esperar mejores tiempos o buscar nuevos espacios.

Pero es el momento de la reflexión y, quizás, del cambio a un modelo en el que se defina mejor el significado y el fin de la Cultura, en el que los poderes públicos sean receptores del producto cultural y no sus productores o inductores, impidiendo el intervencionismo y la dependencia. Es necesario dirigir el producto cultural a su público objetivo, dotándolo de la calidad suficiente para atraer la inversión privada aunque para ello deba reducir su dimensión. Es preciso aprender de los errores cometidos y, tras el violento despertar de un sueño que a muchos se les antojó eterno, comprender que la 'Cultura' entendida como producto del conocimiento y la instrucción nunca puede ser un fenómeno de masas, las cuales preferirán la 'cultura' como simple artículo de entretenimiento y olvido.

Tonterías

"Tonto es el que hace tonterías", le decía el flemático Forrest Gump a su estupefacta interlocutora sentados en la parada del autobús. En efecto, las tonterías identifican al tonto aunque los haya de dos tipos: objetivos e inducidos. Los primeros tienen una naturaleza enigmática, determinada quizás por mandato genético, y los segundos son cautivos de las emociones, los sentimientos o las circunstancias. Los primeros son detectables, inventariables y controlables, de ahí que resulten inofensivos en la mayoría de las ocasiones; los segundos, en cambio, son imprevisibles, impetuosos y, por lo tanto, más peligrosos. Como entes emocionales fundamentados en la genética, cualquiera puede ser o hacer el tonto, aunque lejos de significar esto un inconveniente la comisión de tonterías es una práctica saludable para la sociedad, en tanto que dichas actitudes marcan las pautas de la sensatez. Lo peliagudo es el perjuicio causado por esas tonterías.

El que sigue es el relato de una enorme tontería o de un cúmulo insólito de ellas que, desgraciadamente, constituye el corolario de una certeza: el deterioro de la estructura social española provocado por la imperfecta concepción del modelo democrático. La crisis de los controladores aéreos ha evidenciado la vulnerabilidad de un Estado sometido al rigor de la rivalidad propio del individualismo, en perjuicio de un interés general que ha de imperar sobre cualquier ambición particular. La soberbia, el miedo, la codicia, la vanidad y la ira se han conjugado para articular las reacciones de unos y otros ante una situación no tan inopinada en su origen como en su ejecución y sus efectos. Pues si bien nadie era ajeno a la compleja controversia de una negociación laboral podría dar lugar a la aplicación de una medida extraordinaria tan inusitada como la declaración del estado de alarma en un país. Algo falla en una sociedad cuando degenera el entendimiento hasta esos extremos. Cuando se eclipsa la razón brillan las emociones, y alumbran tonterías.

Primera tontería. Los malvados controladores. Un grupo de controladores aéreos decide no acudir sin previo aviso a su puesto de trabajo en un momento tan sagrado para los españoles como es un puente festivo (y qué puente). El resultado es que miles de personas se quedan en tierra sin saber qué hacer, a otros cientos les pilla en pleno vuelo, y sectores económicos tan sensibles como el turismo o el transporte contemplan alarmados como se les descomponen las cajas registradoras. Total, un drama. Saben los empleados públicos rebeldes es que el Gobierno al que desafían y con el que llevan meses pugnando para conservar sus condiciones laborales es un animal herido al que pueden doblegar, pero que también puede defenderse con uñas y dientes, como así sucede finalmente. Resultado: vuelven al trabajo unas horas después convertidos por decreto en servidores de la patria a toque de corneta. Estos trabajadores tendrán poderosas razones para rendirse a la imprudencia, pero la perspicacia impone que todo órdago debe lanzarse con garantías de éxito aunque éste sea mínimo, y si no es así mejor abstenerse. Hay medios en un estado constitucional que permiten a los trabajadores reclamar o defender sus derechos, y la inteligencia proporciona las dosis precisas de mesura y astucia para lograr los propósitos perseguidos, si no en su totalidad al menos en una parte aceptable. Traspasar esos límites conduce al territorio de la tontería. Pues la soberbia se cobra soberbia.

Segunda tontería. Un Gobierno acorralado. La rebelión de los controladores le llega al Gobierno en un momento muy delicado (aunque me resulta difícil recordar alguno que no lo haya sido desde que el PSOE relevó a la derecha en el poder). Acorralado en todos sus flancos por una opinión pública descontenta, una oposición política implacable, y unos medios de comunicación parciales y despiadados, un Ejecutivo necesitado de credibilidad y confianza corre el peligro de resignar la eficacia a la estética mediante acciones efectistas que resaltan una naturaleza (el interés particular representado por un fortalecimiento de la imagen y la necesidad de transmitir un mensaje de firmeza al oponente, en este caso los controladores) que debería quedar velada por el necesario pragmatismo del fin que persigue, no otro que el interés general ante una acción ilegal y moralmente intolerable. 

Es cierto que la grave situación exigía acciones resolutivas y firmes. Cerrar el espacio aéreo y exigir a los revoltosos que depusiesen su actitud advirtiéndoles de las consecuencias que ella les podría acarrear son decisiones acertadas por congruentes. Las dudas me asaltan a propósito de la declaración del estado de alarma. Porque aunque fuese en ese momento el único recurso para imponer la normalidad, no deja de ser producto de la ira, y me inquieta comprobar que un motivo tan trivial como una negociación laboral lleve a un Gobierno a cometer la tontería de sentar semejante precedente. 

Aunque no puedo evitar preguntarme si un Gobierno menos asediado habría afrontado la crisis con la serenidad suficiente para resolverla sin necesidad de recurrir a medidas excepcionales. Pues me asalta la duda de si esa decisión obedeció a la certeza de que con ellas se resolvería el problema de inmediato o si, en cambio, fue el golpe definitivo en un combate que nunca debió iniciarse pero que ya no podía parar, a sabiendas de que quedarían como efecto de inventario ante la más que evidente imposibilidad de reparar el perjuicio ya ocasionado por una decisión imprevista, dado que la normalidad no imperó en los aeropuertos hasta 72 horas después de iniciada la crisis, y cientos de viajeros vieron frustrados definitivamente sus planes. La ira se cobra ira

Tercera tontería. La voraz oposición. Si el Gobierno pretendía reforzar su imagen con la actuación firme y decidida de sus miembros en esta crisis, ha debido llevarse una enorme decepción, puesto que difícilmente podrá rentabilizar su acción contundente con todo la maquinaria política y mediática en su contra.

Cuando oí al líder de la derecha española opinar sobre la crisis aérea, pensé que le había traicionado la inercia de la ola retórica basada en el reproche sobre la que navega desde que vio frustradas sus aspiraciones al poder. Porque consideré impropio de alguien que aspira a gobernar este país que fuese incapaz de doblegar sus palabras al necesario espíritu de Estado que se requiere en situaciones como la que se vivía en esos momentos y, en vez de ponerse a disposición del Gobierno para colaborar, aprovechara para advertirle de cuáles eran sus obligaciones y exigirle que resolviera el problema. La posterior comparecencia del individuo portavoz de la derecha abundando en las advertencias de su jefe confirmó que ni en situaciones extraordinarias darían tregua a sus rivales. Y el intercambio de acusaciones, reproches y amenazas que se produjo entre dirigentes del PSOE y el Gobierno por un lado, y los líderes de la derecha por el otro, demostró que las medidas extraordinarias en el país no afectaban al territorio político. Que el resto de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales sólo opinara a demanda, expectantes ante la evolución de los sucesos pero incapaces de emitir una declaración concreta apoyando a un Gobierno en un estado de alarma, completó una escena desconcertante, muy triste e irresponsable de las organizaciones sociales y políticas españolas.

¿Fue el silencio expectante de todos ellos una coartada para los trabajadores rebeldes, al pensar que en él encontraban si no apoyo al menos comprensión o alternativa? Es posible. Aunque de lo que no me cabe ninguna duda es que esa soledad vigilada del Gobierno influyó de forma decisiva en su gestión de la crisis, matizando además una representación cargada de solemnidad y afectación que al fin y al cabo, no le han reportado el beneficio pretendido, pues en la reacción política tras la crisis lejos de brillar el alago arrecia el reproche.

  

Cuarta tontería. Los focos. Quien se entretuviera el fin de semana pasado en seguir por los medios de comunicación la crisis de los controladores, seguramente tendrá datos suficientes para trazar un certero perfil sociológico de los españoles, dado el enorme aluvión de 'historias humanas' ofrecidas ad nauseam. Salvo algún analista que se esforzó en explicar a la audiencia algunos matices de las decisiones que iban tomando en el Gobierno, y la intervención de algunos expertos desvelando el alcance de los acontecimientos, y todo ello en canales y periódicos que tengo por rigurosos en su tratamiento informativo, la inmensa mayoría de medios de comunicación sucumbieron a la tentación de llenar sus horarios con las opiniones de los afectados. Cómo se iba a desperdiciar semejante aglomeración de españoles cabreados, cuando la ira se ha convertido en la linea editorial de prácticamente todas las redacciones.

Si esa era la tendencia, cada cual colocó el foco allí donde encontrase alimento para su parcialidad y así, si en medios progresistas (pocos) se le daba voz a los moderados en los de la acera de enfrente (muchos) el tono enrojecía de cólera y reproche hacia los sufridos gobernantes. Incluso en programas de vertedero se hicieron eco de la crisis, buscando los casos más desquiciados y delirantes o a algunos faranduleros colgados en algún aeropuerto. Todo a mayor gloria de una audiencia ávida de morbo.

Entretanto, bustos parlantes, articulistas y voceros radiofónicos atizaban el fuego que ardía en torno a los controladores, presentándolos como auténticos terroristas aunque les otorgaran el cínico beneficio de la expresión.

Eché de menos que alguien describiera a la audiencia qué es un controlador, cual es su trabajo, sus problemas, sus inquietudes. Sólo sabemos a ciencia cierta que trabajan poco y cobran muchísimo dinero. Un desastre.

Quinta tontería. Los anónimos ciudadanos. Algunos no tan anónimos gracias al seguimiento exhaustivo al que los sometieron algunos periodistas. Muchos fueron los que vivieron la gran pesadilla, pero no fueron menos los que desde sus casas les contemplaban con una sensación que iba del alivio a la compasión, sin menosprecio de esa malévola satisfacción que algunos sienten ante el mal ajeno. Hubiese sido interesante conocer cuántos "¡Menos mal que decidimos quedarnos en casa!" se pronunciaron ese fin de semana en España.

No logro entender el motivo que mueve a la gente a airear sus sentimientos en público. Sé que la tentación de las cámaras es difícil de soslayar, pero hay muchas más razones para huir de ellas y preservar la intimidad. No siempre la efímera fama es el mejor vehículo con el que saciar la vanidad, pues siempre queda el olvido.

Conclusión. Pasada la tempestad vuelven las aguas a su cauce. Los revoltosos trabajan mientras esperan las anunciadas represalias. Los políticos vuelven a competir en su particular carrera hacia el poder. Los medios de comunicación sólo se hacen eco de la crisis de forma circunstancial. Los ciudadanos piensan en la Navidad. Haya paz.