Anda inquieta la farándula a causa de la tragedia que deben representar por encargo de los ayuntamientos morosos. Un montaje colectivo (o no tanto) patrocinado por la ruina de unas instituciones que hoy como antes consideran a la cultura (o a una concepción de la misma) absolutamente contingente. Lamentan las gentes del teatro la grave situación a la que se han visto abocados por el reiterado impago de sus honorarios, la presión fiscal y las cautelas de los financieros a la hora de prestar dinero. La palabra de las instituciones que en otro tiempo no muy lejano abría cualquier caja fuerte, hoy no sirve ni para desvalijar una hucha, y los profesionales de la cultura deambulan huérfanos por un páramo social en el que su trabajo es incomprendido y prescindible. Hoy son los empresarios teatrales quienes lloran sus penas, pero este es un drama en el que actúan todos los que dedican su tiempo, ilusión y esfuerzo a la creación artística. Condenar a muerte a la cultura es la decisión más necia y peligrosa que se pueden tomar las instituciones, pues en ella se encuentran los instrumentos que evitarán el naufragio de la sociedad. Si bien en esta deriva nadie es inocente.
La cultura paga ahora con creces la ingenuidad o el cinismo de un modelo fraudulento soportado por la iniciativa pública, al que se aferró durante demasiado tiempo pensando quizás que ese entendimiento sentaría las bases de una próspera industria dirigida por los propios gestores, quienes pecaron de negligencia al concebir esa relación desde una posición de fuerza por ser quienes poseían los conocimientos y las herramientas precisas para gobernar la nave a su antojo. Hoy comprobamos el enorme error cometido.
En descargo de los ilusos es necesario afirmar que era muy poderosa la tentación de verse protegidos por unas instituciones aparentemente saneadas y dirigidas por políticos aparentemente sensibles a las manifestaciones culturales, que abrían sus puertas a todo tipo de propuesta sin perjuicio de su naturaleza o dimensión social. Las instituciones se mostraban ante la industria cultural como establecimientos receptivos, plurales, democráticos y estimulantes, que elevaron las expectativas de gestores y artistas y permitieron un desarrollo inusitado de la producción cultural durante unos años en los que se ataban a las musas con longanizas. Artistas plásticos, escritores, músicos, pensadores, editores, gestores culturales, todos vivían felices en esa Arcadia de sustanciosas y discrecionales ayudas y subvenciones, fastuosas ferias y festivales, exposiciones cósmicas y creatividad desenfrenada. Todos bajo la capa protectora de lo público que aspiraba a generar cultura a mansalva. Muchos creyeron que por fin se había conjurado el paradigma de la pandereta y España valoraba el trabajo de sus artistas. Ninguno quiso perder la oportunidad aunque supiesen que a sus benefactores les movía más el pretencioso prurito de la notoriedad que el deseo explícito de fomentar la cultura o la firme convicción de su valor esencial.
Hoy sabemos que todo ha sido un espejismo provocado por un bebedizo embriagador elaborado a base de presunción, negligencia y falacias. Salvo contadas excepciones, el político es por principio o asunción un analfabeto cultural. Desde el momento que acepta la marmórea disciplina impuesta por el partido al que pertenece y las reglas no escritas de la carrera hacia el poder, renuncia a los trazos básicos que diseñan su conciencia crítica y, como resultado, adapta sus decisiones a los intereses particulares de su opción partidaria en el ejercicio de gobierno, alejándose del universalismo de su gestión. De forma que toda iniciativa que emprenda ha de ir acompañada de algún beneficio bien personal o corporativo. Esa es la premisa que determina toda política cultural, sin perjuicio de que al frente de los departamentos encargados de administrarla se encuentren personas más o menos sensibles o al menos conocedoras del mundo de la cultura. En tanto que apoyo electoral se concibe como el objetivo supremo de toda gobernanza, la política cultural de las administraciones públicas se fundamenta en un criterio de complacencia generalista tan difuso como excluyente determinado por la demanda.
Esto no sería un problema si dicha política se fundamentara en la gestión de los recursos públicos, a fin de permitir a la ciudadanía adquirir los conocimientos precisos para consumir cultura mediante programas de estímulo y formación, realizando una buena gestión de infraestructuras como bibliotecas, filmotecas, archivos, museos, auditorios, espacios para actividades colectivas, etc., y procurando a los profesionales el apoyo necesario para la realización de su labor creativa o productiva poniendo a su disposición dichos recursos, con incentivos fiscales y promoviendo el desarrollo del patrocinio privado o mecenazgo, que dote a la industria cultural del valor necesario para competir en el mercado con calidad y garantías de éxito. Insisto: la misión fundamental de la Administración pública es proporcionar consumidores a la industria cultural y facilitar el desarrollo de ésta en un sistema de libre mercado mediante la protección de dicho mercado.
En cambio, la realidad es bien distinta. La política cultural se basa en una demoledora contradicción, pues las administraciones públicas consideran a la cultura como un bien esencial al que dispensan un tratamiento accesorio. El esencialismo cultural se expresa en un modelo proteccionista basado en la subvención, en un primer estadio, y en la promoción y producción en una segunda fase, que han derivado en dependencia e intervencionismo. El resultado ha sido tan previsible como demoledor. Lejos de fortalecer el tejido cultural de base con el que se producen consumidores de cultura, los poderes públicos han preferido amparar a la industria y los creadores bajo una coraza económica que ha determinado la producción tanto en sus aspiraciones productivas como creativas.
No es un secreto que el imperio de la ayuda ha marcado las estrategias de no pocas empresas y artistas que han sabido adaptar sus productos a las normas marcadas por las administraciones olvidando en muchos casos la demanda de sus clientes instruidos, aunque la confortable seguridad que proporciona la protección pública compensaba todas las renuncias. Cuántas editoriales, discográficas, compañías de teatro o danza, productores cinematográficos y demás profesionales de la cultura han tenido que adaptar sus ofertas a las exigencias institucionales para conseguir una subvención; cuántos escritores, músicos, actores y artistas de cualquier disciplina que han visto frustradas sus ilusiones por no ofrecer un producto adaptable a esas normas; pero también cuántos profesionales han desarrollado un ingenio extraordinario para alumbrar sus proyectos sin la ayuda de los políticos; y cuántos, sin embargo, han desarrollado el mismo ingenio para someter su genio al mejor postor demostrando una astucia sin parangón, convirtiéndose en vasallos de los partidos políticos. Diversas escenas sobre el mismo escenario.
Tampoco es un secreto que dominadas las voluntades de quienes poseen el fabuloso don del conocimiento, los políticos no se viesen tentados a aprovecharse de ello. Decía antes que quienes se sientan en ministerios, consejerías y concejalías de Cultura suelen ser personas que tienen cierta relación con el universo que han de administrar, y no son pocos los que ven en ello una oportunidad para dar rienda suelta a sus veleidades creativas haciendo valer el mando que les confiere el cargo, y recibir el apoyo de esos artistas que viven del dinero del que son dueños y que graciosamente reparten. También los hay que ven en la industria cultural una vía idónea para pagar favores u obtener adhesiones de empresarios o profesionales ajenos a la misma, y quienes consideran este sector lo suficientemente inocuo como para ocultar trapisondas contables. Ese cúmulo de tentaciones invita al político a un intervencionismo aniquilador que se sustancia en la arbitrariedad y la negligencia, hasta el extremo de que las administraciones públicas se han convertido en agentes activos del mercado cultural erigiéndose el competencia directa de las empresas privadas, que ven con estupor y resignación cómo no les queda otro camino que someterse a los dictados mercantiles de la cosa pública en forma de proveedores de servicios en dura pugna con los elegidos. Esto reduce el margen de maniobra de las empresas culturales al no encontrar fuentes de financiación privadas dispuestas a hacer frente a la poderosa maquinaria institucional.
La simbiosis de estas evidencias tiene como corolario la ampliación del campo de batalla en tiempos de bonanza. Si la premisa que naturaliza la iniciativa pública es la atención a la masa, más allá de la cualidad de lo que ésta demanda, es tentador imbuirse de democracia y prestigio intelectual dando oportunidad a productos más elitistas cuando sobra el dinero. Es entonces cuando se produce el desbarajuste del mercado al irrumpir en él agentes hasta ese momento ajenos como son los ayuntamientos de todo color y dimensión. Actúa en este caso un curioso fenómeno de imitación: si el alcalde de la gran ciudad contrata a tal artista o promueve cual festival, y el alcalde del municipio del al lado ha hecho lo mismo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Comienza entonces uno de los capítulos más delirantes de este nefasto relato, con artistas mediáticos recorriendo lugares inauditos y actuando a precios inusitados. Pero también compañías teatrales, músicos, escritores o artistas menos populares o más audaces que reciben con entusiasmo encargos de donde antes no sabían ni de su existencia, propuestas culturales más selectivas que encuentran acomodo en poblaciones donde no han oído hablar del asunto que tratan. De repente parecía que todos los responsables de la gestión cultural pública se habían puesto de acuerdo para hacer felices a los artistas.
Hasta que llegó eso que llaman crisis. Y con ella la cultura perdió esencia y sufrió trato. Con las arcas vacías y una deuda colosal, la esplendidez de las instituciones se troca en cautela y de cumplidoras pasan a morosas. En el camino quedan un ingente número de profesionales que se ven acuciados por la falta de liquidez, la presión fiscal y los recelos financieros, y frente a un horizonte que no presagia nada bueno. Sólo algunos políticos se resisten a renunciar a sus principios u oportunidades en un infructuoso esfuerzo por mantener un ritmo imposible, sumidos en la congoja o en una delirante falacia aunque impotentes ante la inapelable evidencia. El pueblo puede vivir sin cultura, afirman los pragmáticos de la cosa pública; no es políticamente tan rentable como construir aeropuertos, carreteras o, sencillamente, impedir que quiebren sus administraciones. La cultura es accesoria, prescindible, propia de épocas nutricias. El pesebre de la cultura se ha vaciado y ya sólo queda espacio para adeptos, cortesanos y entretenimiento para las masas; opciones rentables para los políticos aunque carezcan de calidad objetiva.
Es el fin de la Cultura, pero que nadie se alarme porque no es el fin de la cultura. Los escritores seguirán escribiendo, los músicos componiendo y los actores interpretando, los artistas obrando y el público disfrutando de sus creaciones; hay demasiado talento en este país como para que lo eclipse el oportunismo y la necedad. También es cierto que el camino será duro y la inercia de un tiempo que se condujo a velocidad vertiginosa aún traerá sinsabores e injusticias. Porque a nadie le puede sorprender que hoy siga habiendo conciertos, festivales, ferias y todo tipo de propuestas, pues salvo raras excepciones en las que predomine una concepción plural y cualitativa de la actividad cultural, el dominio será para aquellos que saben atender las demandas de la masa, la 'cultura' visible. Mientras, la 'Cultura' creativa deberá retirarse a sus guaridas en busca de consuelo, esperar mejores tiempos o buscar nuevos espacios.
Pero es el momento de la reflexión y, quizás, del cambio a un modelo en el que se defina mejor el significado y el fin de la Cultura, en el que los poderes públicos sean receptores del producto cultural y no sus productores o inductores, impidiendo el intervencionismo y la dependencia. Es necesario dirigir el producto cultural a su público objetivo, dotándolo de la calidad suficiente para atraer la inversión privada aunque para ello deba reducir su dimensión. Es preciso aprender de los errores cometidos y, tras el violento despertar de un sueño que a muchos se les antojó eterno, comprender que la 'Cultura' entendida como producto del conocimiento y la instrucción nunca puede ser un fenómeno de masas, las cuales preferirán la 'cultura' como simple artículo de entretenimiento y olvido.
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