Es cierto. La ley que pretende regular el tráfico de productos culturales en internet no es perfecta, pero es necesaria como primer paso para ordenar una práctica cuyos significado y consecuencias muy pocos parecen comprender.
El valor del trabajo es un concepto sagrado para el buen funcionamiento de una sociedad. Una relación laboral se fundamenta en la compra-venta de trabajo; otra cuestión es que el precio que se paga por ese esfuerzo se considere más o menos proporcional, en cuyo caso hay medios suficientes para conseguir lo que se considera justo, negociando con el comprador de turno o buscando un mejor postor. Nadie ofrece su trabajo o aspira a ofrecerlo sin recibir, esperar o pretender un pago por ello (ya sea económico o de otra naturaleza). Y la principal cualidad del trabajador, aquello que le confiere la competencia, es el reconocimiento del valor de su esfuerzo. Por eso el principal activo del profesional es la propiedad de su trabajo, entendido como capacidad, habilidad, aptitud, ingenio o talento. Si es así, nadie aceptaría que otros se valiesen arteramente de sus logros para obtener un beneficio sin dar nada a cambio, aprovechando una posición de fuerza o alegalidad. Cuestión distinta es que un profesional ofrezca sus habilidades de forma altruista y cualquiera pueda beneficiarse de ellas libremente, pues en este caso se trata de una decisión personal que, si bien no la creo exenta de pretensiones, es perfectamente aceptable en tanto propietario de esas facultades. No son pocos los científicos o artistas que deciden ceder algún descubrimiento o creación a la comunidad y no por ello se les priva de su autoría y los beneficios que ello les puede reportar.
Tampoco creo que a nadie le agrade mucho que sus semejantes se apropien o disfruten de bienes y servicios que ha pagado o paga regularmente, pues no son una excepción quienes parasitan redes wifi, señales de televisión por satélite e incluso los suministros eléctricos particulares. Ni nadie se compra un coche, le llena el depósito y lo presta a todo el que se lo pide para que comprueben lo cómodo y potente que es, o una casa, la mantiene y se la presta a sus vecinos siempre que quieran para que disfruten de su confort. Quien no sea celoso de su propiedad que dé el primer paso. Pero, ¿y si estos dignos propietarios cobraran por que sus vecinos usen la wifi, el coche y la casa? Estarían en su derecho en tanto pueden disponer de esos bienes como mejor les parezca. Sin embargo deberían regularizar esas actividades asumiendo los costes y riesgos que ello supone o incurrir en la ilegalidad. De ahí que pocos se cuestionen en esos supuestos el valor de la propiedad y el uso de determinados bienes.
¿Por qué en cambio sí se cuestiona en el caso del producto cultural? Fundamentalmente por dos razones que están estrechamente relacionadas: el valor del producto cultural determinado por la concepción social de la cultura. En tanto ésta se entiende como un derecho -o al menos así se han empeñado en que se entienda- y no como un bien, en esencia su consumo no se asocia a un valor material sino estético, determinado ademas por el criterio utilitario de los bienes de consumo, en tanto se requiere un pago por su disfrute o posesión a pesar de todo. Así, la masa no entiende por qué ha de pagar por algo que no sabe muy bien para qué sirve, dura poco y, además, requiere un esfuerzo de comprensión. Esa interpretación del valor real del producto cultural lo convierte en manos de la masa en un objeto fútil cuya posesión no se considera privativa. Y tampoco su autoría, lo cual es el origen del problema.
Así, los profesionales de la cultura aparecen a los ojos de la masa como graciosos proveedores de entretenimiento para los que la aceptación se mide en función de los gustos o preferencias más o menos estacionales. Muy pocos son los que entendemos el valor del esfuerzo creativo y del trabajo que lleva acercar ese producto cultural al consumidor. Sin embargo, la ausencia de percepción de valor del producto que identifica a la masa devalúa a su vez el trabajo del artista, hasta el extremo de reprobar el alto precio que se pide por sus obras. Por otro lado, el individuo se siente inducido por un convencionalismo social a consumir productos culturales aunque no los considere necesarios. Y de esa forma, la convicción de que se paga demasiado por un producto que no lo merece da lugar a la banalización de su posesión y a la demonización del artista, cuyo corolario perverso es verse desposeído del derecho a reivindicar la propiedad de su obra y, por supuesto, obtener los beneficios que le corresponden en justicia.
Como bien de escaso valor, el producto cultural es accesorio para quien lo adquiere -o se ve obligado a adquirirlo- y por eso adquiere una naturaleza solidaria. El intercambio de copias entre particulares es el fruto más prolijo de esa actitud social ante el producto cultural. Pero eso que sin ser ético tampoco deja de ser un pecado venial, que se ha venido cometiendo desde que la tecnología proporcionó las herramientas precisas para ello, y que no sólo ha supuesto un perjuicio menor para la industria cultural sino que en ocasiones servía como medio promocional sencillo y barato, con el dominio de internet ha adquirido rango capital al desmesurar sus dimensiones y dar lugar a la aparición de negocios parásitos que se benefician del trabajo ajeno despreciando su legítima propiedad, con el consentimiento jubiloso de los usuarios que se ven aliviados del innecesario desembolso por un producto al que creen tener derecho a poseer.
Es necesario en este punto hacer una advertencia. Los piratas son aquellos que se lucran con el bien ajeno, siendo los usuarios inocentes voraces con afán acaparador que aprovechan las facilidades que les ofrecen los piratas para obtener los productos culturales clonados. Esa actitud avariciosa es el secreto del éxito para los astutos traficantes de cultura. Los consumidores se convierten así en inocentes coartadas de una industria paralela que atenta contra la estabilidad de la industria. Vanos son los argumentos con que intentan justificar los consumidores su actividad reprobable, pues ni el precio, ni la calidad, ni esas diatribas sentimentales acerca del tren de vida de determinados artistas o la voracidad implacable de los organismos de gestión de derechos son suficientes para rebatir el medio infalible para reprobar esas actitudes supuestamente perversas: adquirir ese producto cultural en otros lugares más económicos -un portal de descargas legales y protegidas, por ejemplo- o no comprarlo. Y en cuanto al tren de vida de los artistas y sus garantes, no veo a nadie sacar el dinero del banco por lo bien que viven los banqueros, ni a un internauta dar de baja el ADSL por lo mucho que cobran los directivos de las compañías de telecomunicaciones, ni sustituir la Coca Cola por un sucedáneo de hipermercado a pesar de ser la bebida del imperio... Afortunadamente no toda la cultura se cuece en despachos de mullidas alfombras aunque las agresiones afectan a todos sus profesionales por igual.
Decía al principio que la ley que pretende controlar este tráfico de productos culturales no es perfecta, sobre todo porque carece de poder pedagógico y contribuye a la confusión que impera sobre este asunto, no sólo entre los usuarios sino también entre los profesionales de la cultura. No se puede negar que la imagen de las agencias de gestión de derechos no corresponde con su verdadera naturaleza, ya sea por no haber sabido explicar bien su cometido y métodos como por la soberbia que ha caracterizado a muchos de sus representantes, aunque tampoco se puede negar que el trato recibido por la opinión pública ha sido también fruto del desconocimiento y de tratamientos tendenciosos por parte de los medios de comunicación. También es un apunte en el debe de la industria cultural su excesiva dependencia de las instituciones públicas, de las que han obtenido una protección que hoy se revela inoperante y que les ha dejado al pairo ante un mercado esclerotizado y múltiples amenazas de entre las que el tráfico cultural es la más importante. Ahora sólo les queda como único salvavidas recomponer el modelo cultural dirigiendo el punto de mira hacia la inversión privada, para lo que espero que la nueva ley de mecenazgo y patrocinio sea un instrumento eficaz y no otro intento cargado de buenas intenciones que se estrelle contra el muro de los intereses políticos.
Porque he de confesar que, siendo imperfecta, estaba convencido de que esta ley iba a ser aprobada en el Congreso. Por eso su rechazo ha sido una decepción enorme no tanto por las consecuencias que acarreará a la cultura española, como por la forma en que se ha desarrollado el proceso. Los políticos han vuelto a anteponer sus intereses electorales a las necesidades de un país a la deriva. Han vuelto a ejercer de corsarios de sus aspiraciones dejando a los piratas vía libre para que sigan contribuyendo a la destrucción de la cultura.
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