Los últimos y ya tenues rayos del sol gastan su última broma del día al revelar una impúdica capa de polvo que cubre la mesa sobre la que ahora escribo esto. No ha tenido suficiente con abrasar todas las pocas ideas que se han atrevido a asomar el hocico (lo tienen, lo juro) este lunes insustancial, sino que ahora me muestra el resultado de la espasmódica ceremonia de abrir y cerrar la ventana en busca de esa brisa que, aunque leve, alivie la calentura y contribuya a contener el ya escandaloso consumo de electricidad que necesita el aparato de aire acondicionado para suplir con artificios y estruendos lo que, inclemente, me priva la climatología.
A mediodía he visto al tipo que presenta los pronósticos del tiempo sentenciando que el calor no se irá de aquí en los próximos días, e incluso anuncia que occidente cede sus rigores al oriente con lo que se espera aún más presión aunque aquí llueve sobre mojado como es costumbre. Enseñan imágenes de los termómetros marcando temperaturas indecentes en el norte (los del sur ya ni los sacan, pues no son noticia), y muestran a los hiperbóreos alarmados por el sofoco. Aquí en el sur reside la resignación, porque esto no ha hecho más que empezar y aún quedan muchas semanas para que el cuerpo se acostumbre a la torridez. Pero es difícil, muy difícil soportar el enorme peso de esta condena ya habitual.
Ya se va. Apenas queda un punto luminoso y obstinado que deslumbra al mirarlo. La penumbra del ocaso disipa la visión del polvo sobre la mesa. Pero sé que está ahí y creo que iré a por un trapo para limpiarlo.
lunes, 27 de junio de 2011
Lunes, otra vez.
01,00 h. Lunes, otra vez.....
02,00 h. Lunes, otra vez.....
03,00 h. Lunes, otra vez.....
04,00 h. Lunes, otra vez.....
05,00 h. Lunes, otra vez.....
06,00 h. Lunes, otra vez.....
07,00 h. Lunes, otra vez.....
08,00 h. Lunes, otra vez.....
09,00 h. Lunes, otra vez..... desayunar
10,00 h. Lunes, otra vez.....
11,00 h. Lunes, otra vez.....
12,00 h. Lunes, otra vez.....
13,00 h. Lunes, otra vez.....
14,00 h. Lunes, otra vez.....
15,00 h. Lunes, otra vez..... comer
16,00 h. Lunes, otra vez.....
17,00 h. Lunes, otra vez.....
18,00 h. Lunes, otra vez.....
19,00 h. Lunes, otra vez.....
20,00 h. Lunes, otra vez.....
21,00 h. Lunes, otra vez.....
22,00 h. Lunes, otra vez..... cenar
23,00 h. Lunes, otra vez.....
24,00 h. Fin....
02,00 h. Lunes, otra vez.....
03,00 h. Lunes, otra vez.....
04,00 h. Lunes, otra vez.....
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viernes, 24 de junio de 2011
El desapego cultural
Mantengo que la peor consecuencia del nocivo intervencionismo de la institución pública en la gestión cultural no es tanto la banalización de sus manifestaciones creativas, como el brutal desapego hacia sus diferentes expresiones que inocula entre la ciudadanía menos aficionada a su consumo. Tengo dicho y escrito que en manos de los políticos el talento se torna contingente y la sociedad lo percibe más como una afición que un valor, que alcanza un perverso matiz de ociosidad para las conciencias menos sensibles y los intelectos más pétreos.
Los patrocinios privados apenas permiten asumir los altísimos costes que exige organizar cualquier actividad que aspire a atraer a un público masivo. Y no tanto por los honorarios de unos artistas que se han visto obligados a ajustar al máximo sus honorarios, ni por el alto precio de unas infraestructuras y unos servicios imprescindibles para garantizar la cobertura del acontecimiento, sino por que hasta ahora ha sido la administración pública la que había soportado el mayor porcentaje del presupuesto. Retirada esa inversión, el patrocinio no es suficiente para mantener el nivel de la cita ni sus garantes están dispuestos a financiar actividades que no ofrezcan una rentabilidad mínima que justifique el gasto. Por otro lado, el impago de las cantidades comprometidas por parte de la institución pública impide a los organizadores cumplir con sus obligaciones contractuales, ensombreciendo la imagen de su negocio y alejando a los inversores privados por no ver dañada su imagen.
Hoy no son pocos los productores, artistas, gestores y proveedores que se sienten defraudados y despreciados por la institución pública. Años de idilio en los que el dinero fluía libre y descontrolado por los miles de municipios de este país, se han convertido en un presente cargado de frustración y ruina que dibuja un incierto futuro en el que nadie sabe en qué se convertirá el mercado cultural. Pues, reducida la financiación pública, ni quienes vieron entonces cómo se aceptaban sus proyectos valientes y minoritarios, ni los que eligieron el camino del espectáculo para ofrecer productos populares saben si hoy tienen sentido sus esfuerzos. El público se ha acostumbrado a consumir cultura gratuita y no entendería que ahora se le cobrase por disfrutar de lo que ayer no costaba nada o muy poco. En la ciudadanía ha arraigado la idea de que el artista se lo lleva todo, y nadie le ha explicado que tras cualquier acontecimiento cultural hay muchísima gente que vive de ello. Es esa gran falacia del acceso universal a la cultura que el político ha vendido a las gentes, la que ha convertido a la creación artística en algo parecido al mobiliario urbano.
Sobre todo porque los políticos han comprobado que sus votantes pueden vivir muy bien sin cultura y, además, les siguen siendo fieles. Deben atender otras necesidades y, sobre todo, mantener con buena salud sus privilegios y los de sus cortesanos. Los demás no cuentan.
Me solidarizo pues con el lector que me recuerda los problemas que sufren los proveedores del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (los mismos que sufren los de todos los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas), pues entre ellos se encontrarán a buen seguro los que proveen de cultura a sus administrados. Y entiendo que la razón por la que considera prescindible el festival al que me refiero sea su escaso atractivo para el público, pues quizás no sea el más adecuado para sus contenidos ni sea merecedor de los mismos.
Quizás por todo eso sea necesario que la cultura empiece a buscar a ese público que la sepa valorar y, por lo tanto, pague por su consumo un precio justo sin que la institución pública medie lo más mínimo. Quizás sea necesario que aparezcan empresarios capaces de valorar la rentabilidad de esas ofertas y pongan al servicio de los agentes culturales los medios necesarios para llevarlas a cabo. Y quizás sea necesario que dejemos de pensar en que la cultura es para todos, fijándonos exclusivamente en aquellos que realmente la necesita, aunque sea escaso. Quizás sea necesario ajustar los presupuestos para adaptar la oferta a los gustos de cada audiencia, haciendo un esfuerzo común para revalorizar la creación artística mediante el auténtico talento. Y quizás sea necesario exigir a la institución pública renunciar a su participación espuria en el mercado cultural.
Quizás entonces, cuando no se vean atendidos, a muchos de los que hoy la desprecian les nazca la curiosidad.
Hoy me he encontrado por fin con un lector que ha comentado el artículo que he publicado en La Opinión. Acostumbrado al denso silencio con el que siempre permanecen mis reflexiones en comparación con el frenesí que despiertan entre la parroquia debates futboleros o políticos, reconozco que me ha emocionado leer esas palabras por mucho que me pese descubrir en ellas el efecto tóxico de esa popular idea de la creación artística y de quienes se empeñan en divulgarla a través de festivales, seminarios, ferias y una cada vez más ingeniosa nómina de formatos con los que, si bien, pretenden un lucro no deja de ser éste magro y volátil, como insegura la estabilidad del negocio.
Reproduzco aquí esas palabras que encontré tras mi artículo, y vaya por delante que respeto y agradezco dicha reflexión e incluso comparto su esencia pues definen quizás inconscientemente esa inquietante realidad a la que me refería antes:
"El Festival de Flamenco de San Pedro del Pinatar es un verdadero 'churro' que no le interesaba a nadie. En los últimos años han tenido que regalar entradas para que pareciera que había gente. El año pasado en la gala del Cigala hubo 48 personas, de los cuales pagaron la entrada 21. ¿De verdad hay que gastar en estas cosas cuando muchos de los proveedores del Ayuntamiento no cobran desde hace más de 3 años y los empleados no saben si podrán cobrar la extra?"
Deberíamos preguntarnos por qué acuden tan pocas personas a un festival, si ha sido eso lo habitual durante sus 19 años de vida y por qué ahora es prescindible, más que aludir al sofisma del destino de esa cantidad de dinero público. Si no me equivoco, los 24.000 euros que ponía el ayuntamiento se dedicaban a pagar los honorarios de los artistas y los organizadores sólo ganaban el dinero de la taquilla. Mal negocio si apenas hay público y, desde luego, sería obligación de los gestores estudiar las causas de ese poco interés y más cuando el cartel combinaba experiencia y juventud, clasicismo y audacia, las entradas tenían un precio de risa y ya lo tenían todo preparado (no sé si saben los políticos lo que eso cuesta). Al parecer, los nuevos regidores del municipio costero no consideran ese esfuerzo suficiente y, a tenor de las finanzas públicas, prefieren descartarlo. La pregunta inmediata sería cuál habría sido su decisión si los conciertos hubiesen estado a rebosar de público y tuviera una imagen similar a la de otras citas de género que se celebran en esta región; ¿lo habrían mantenido a pesar de no tener suficiente dinero para pagar sus prolongadas deudas?
Este es un caso más de cultura dependiente que se debate entre la calidad de sus contenidos y la acogida del público, según unos criterios políticos en los que prevalece la impacto popular de cada acontecimiento que se sufraga con dinero público. El actual modelo cultural público, de clara inspiración economicista, impone unas condiciones al gestor por las que el resultado de la actividad contratada ha de cubrir unas expectativas de imagen y rentabilidad difíciles de asumir, a no ser que se renuncie a la calidad objetiva y a las audacias artísticas en favor de los valores seguros del espectáculo de masas. Sólo así es posible rentabilizar el apoyo institucional y sortear los rigores del recorte presupuestario.
Este es un caso más de cultura dependiente que se debate entre la calidad de sus contenidos y la acogida del público, según unos criterios políticos en los que prevalece la impacto popular de cada acontecimiento que se sufraga con dinero público. El actual modelo cultural público, de clara inspiración economicista, impone unas condiciones al gestor por las que el resultado de la actividad contratada ha de cubrir unas expectativas de imagen y rentabilidad difíciles de asumir, a no ser que se renuncie a la calidad objetiva y a las audacias artísticas en favor de los valores seguros del espectáculo de masas. Sólo así es posible rentabilizar el apoyo institucional y sortear los rigores del recorte presupuestario.
Los patrocinios privados apenas permiten asumir los altísimos costes que exige organizar cualquier actividad que aspire a atraer a un público masivo. Y no tanto por los honorarios de unos artistas que se han visto obligados a ajustar al máximo sus honorarios, ni por el alto precio de unas infraestructuras y unos servicios imprescindibles para garantizar la cobertura del acontecimiento, sino por que hasta ahora ha sido la administración pública la que había soportado el mayor porcentaje del presupuesto. Retirada esa inversión, el patrocinio no es suficiente para mantener el nivel de la cita ni sus garantes están dispuestos a financiar actividades que no ofrezcan una rentabilidad mínima que justifique el gasto. Por otro lado, el impago de las cantidades comprometidas por parte de la institución pública impide a los organizadores cumplir con sus obligaciones contractuales, ensombreciendo la imagen de su negocio y alejando a los inversores privados por no ver dañada su imagen.
Hoy no son pocos los productores, artistas, gestores y proveedores que se sienten defraudados y despreciados por la institución pública. Años de idilio en los que el dinero fluía libre y descontrolado por los miles de municipios de este país, se han convertido en un presente cargado de frustración y ruina que dibuja un incierto futuro en el que nadie sabe en qué se convertirá el mercado cultural. Pues, reducida la financiación pública, ni quienes vieron entonces cómo se aceptaban sus proyectos valientes y minoritarios, ni los que eligieron el camino del espectáculo para ofrecer productos populares saben si hoy tienen sentido sus esfuerzos. El público se ha acostumbrado a consumir cultura gratuita y no entendería que ahora se le cobrase por disfrutar de lo que ayer no costaba nada o muy poco. En la ciudadanía ha arraigado la idea de que el artista se lo lleva todo, y nadie le ha explicado que tras cualquier acontecimiento cultural hay muchísima gente que vive de ello. Es esa gran falacia del acceso universal a la cultura que el político ha vendido a las gentes, la que ha convertido a la creación artística en algo parecido al mobiliario urbano.
Sobre todo porque los políticos han comprobado que sus votantes pueden vivir muy bien sin cultura y, además, les siguen siendo fieles. Deben atender otras necesidades y, sobre todo, mantener con buena salud sus privilegios y los de sus cortesanos. Los demás no cuentan.
Me solidarizo pues con el lector que me recuerda los problemas que sufren los proveedores del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (los mismos que sufren los de todos los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas), pues entre ellos se encontrarán a buen seguro los que proveen de cultura a sus administrados. Y entiendo que la razón por la que considera prescindible el festival al que me refiero sea su escaso atractivo para el público, pues quizás no sea el más adecuado para sus contenidos ni sea merecedor de los mismos.
Quizás por todo eso sea necesario que la cultura empiece a buscar a ese público que la sepa valorar y, por lo tanto, pague por su consumo un precio justo sin que la institución pública medie lo más mínimo. Quizás sea necesario que aparezcan empresarios capaces de valorar la rentabilidad de esas ofertas y pongan al servicio de los agentes culturales los medios necesarios para llevarlas a cabo. Y quizás sea necesario que dejemos de pensar en que la cultura es para todos, fijándonos exclusivamente en aquellos que realmente la necesita, aunque sea escaso. Quizás sea necesario ajustar los presupuestos para adaptar la oferta a los gustos de cada audiencia, haciendo un esfuerzo común para revalorizar la creación artística mediante el auténtico talento. Y quizás sea necesario exigir a la institución pública renunciar a su participación espuria en el mercado cultural.
Quizás entonces, cuando no se vean atendidos, a muchos de los que hoy la desprecian les nazca la curiosidad.
lunes, 20 de junio de 2011
La estafa política
Tras la voluntad popular expresada en los votos recaudados por los partidos sirviéndose de un sistema electoral claramente imperfecto, sus cosechas de escaños se convierten en una mercadería que contribuye a nutrir unas aspiraciones exclusivamente partidistas en las que el interés general adquiere un sentido retórico, supeditado a la condición de coartada para unas estrategias corporativas que alejan aún más si cabe a los políticos de las necesidades reales del territorio de les toca gestionar y, por extensión, de todo el país.
Desde el preciso momento en que los partidos políticos, como corporaciones estructuradas por unas normas de funcionamiento basadas en la disciplina, la lealtad y, solo en determinados casos, las afinidades ideológicas de sus miembros, se arrogan de una legitimidad espuria naturalizada por los apoyos recibidos para negociar entre ellos la gobernabilidad de las instituciones al margen del criterio que mueve a sus respectivos votantes, y con la exclusiva pretensión de garantizar un reparto provechoso de las parcelas del poder, están defraudando todo aquello que les identifica y, por tanto, a quienes les han otorgado su confianza movidos por unos intereses, estos sí, absolutamente legítimos.
No resulta tan paradójico que IU facilite el gobierno de Extremadura al PP con su abstención, como que la derecha acepte esa concesión tras admitir varias de las condiciones impuestas por IU que van rotundamente en contra de su menú político. Unos y otros traicionan así a su electorado. No cabe duda de que hubiese sido mucho más estético el apoyo de IU al PSOE sobre esas premisas, en tanto ambos basan sus políticas en una ideología que contempla unos paradigmas sociales que la derecha relativiza con un ideario más utilitarista, ultraliberal y religioso. La primera pregunta que IU se debería haber hecho es si el PP cumplirá realmente sus compromisos adquiridos cuando gobierne, enfrentándose a los grupos de poder que lo soportan; y la segunda pregunta tendría que haber sido si reservándose la posibilidad de una moción de censura, un cambio de gobierno en plena legislatura contribuirá a estabilizar la gobernabilidad de esa comunidad. Luego debería haber valorado la posibilidad de evitar a la ciudadanía esa incertidumbre con un sencillo pacto de gobierno con un partido de izquierdas que, a buen seguro, hubiese asumido con mayores garantías unas propuestas progresistas. Y por fin deberían haber tenido muy presente que, en resumidas cuentas, tendrán que entenderse con el PSOE para poder llevar a cabo una oposición de bloqueo al Gobierno de derechas, y más si al final este estrambote acaba en moción de censura. Todo ello a menos que estén dispuestos a alinearse con la derecha en su labor de gobierno o, sencillamente, convertirse en esa joven engreída a quien todos quieren sacar a bailar y se permite el lujo de despreciar a sus pretendientes, para luego quedarse sola y desgraciada. Demasiada soberbia para unos tiempos tan difíciles.
No es tampoco de recibo que los nacionalistas catalanes de CiU faciliten la asunción del poder a un partido, el PP, que ha atacado y ataca la idea soberanista que les identifica ante su electorado. El ansia de poder ejerce de bálsamo para el resentimiento y confunde la memoria, pues no de otro modo se puede comprender que ya no pesen los tres millones de firmas que recogió el PP por toda España en contra del Estatut, ni el recurso de inconstitucionalidad que lo mermó, ni las campañas de boicot a los productos catalanes. Por lo visto, cuando de la poltrona se trata en Cataluña son todos españoles. Y al igual, al votante de la derecha centralista en Cataluña le costaría mucho digerir las concesiones que su partido habrá de aceptar con respecto a la estrategia nacionalista, para poder controlar determinados espacios de poder y lograr una notoriedad inusitada en el juego legislativo, de no ser por ese carácter casi deportivo que le imprime a su militancia y que le lleva a considerar la obtención del poder como una victoria sobre el rival, aunque ésta se haya conseguido de forma injusta.
Y aún mucho menos comprensible es que un partido bajo sospecha como Bildu haya accedido al poder en muchos ayuntamientos a causa de la negligencia del resto de partidos políticos, o por los intereses ocultos que mueven a los nacionalistas del PNV en su ansia por recuperar el poder perdido en el País Vasco. Es cierto que Bildu es un partido legal que cuenta con un más que estimable apoyo social. Pero a nadie parece haberle importado que, más allá de sus vínculos con ETA, sus programas de gestión incluyan proyectos claramente perjudiciales para el desarrollo de esa comunidad por la simple razón de que contribuyen a sustanciar un mezquino discurso soberanista. El terrorismo vuelve a ser, en este caso, el árbol que no deja ver un bosque mucho más inquietante, y el resto de partidos han vuelto a caer en el juego perverso de la autodestrucción antes de aunar fuerzas frente a la amenaza del aldeanismo abertzale.
Muchos creen con indulgencia que los partidos políticos tienen derecho a decidir cómo administrar el poder que le otorga el pueblo, lo cual demuestra que en realidad no se votan tanto las propuestas como los gestos y, en infinidad de casos, sencillamente cambian de opción con el mismo espíritu que lo hacen de desodorante: tengo un problema, el que está no me lo resuelve, busco al de enfrente que me promete que tiene la solución. El problema de este criterio tan reduccionista es que otorga una patente de corso al político para asumir el poder y despoja a las propuestas que defienden de toda su naturaleza ideológica.
Sería aceptable la idea de que fuese la lista más votada la que asumiera el poder, de no ser porque esos mismos que la defienden claman a la vez por un modelo electoral más justo que diese más valor al voto. Es evidente que las cuentas electorales no son exactas y, por lo tanto, ha de primar el interés general a la hora de establecer alianzas coherentes que aúnen ideas comunes y proyectos posibles. Es lo que llamo mayoría ideológica que, en tanto se reforma la ley electoral, habría de prevalecer en los acuerdos de gobierno. Dejar que los rencores o el oportunismo dirija los acuerdos políticos no conduce más que al desgobierno, y demuestra un desprecio manifiesto por los problemas reales de la ciudadanía. Una auténtica estafa política.
Desde el preciso momento en que los partidos políticos, como corporaciones estructuradas por unas normas de funcionamiento basadas en la disciplina, la lealtad y, solo en determinados casos, las afinidades ideológicas de sus miembros, se arrogan de una legitimidad espuria naturalizada por los apoyos recibidos para negociar entre ellos la gobernabilidad de las instituciones al margen del criterio que mueve a sus respectivos votantes, y con la exclusiva pretensión de garantizar un reparto provechoso de las parcelas del poder, están defraudando todo aquello que les identifica y, por tanto, a quienes les han otorgado su confianza movidos por unos intereses, estos sí, absolutamente legítimos.
No resulta tan paradójico que IU facilite el gobierno de Extremadura al PP con su abstención, como que la derecha acepte esa concesión tras admitir varias de las condiciones impuestas por IU que van rotundamente en contra de su menú político. Unos y otros traicionan así a su electorado. No cabe duda de que hubiese sido mucho más estético el apoyo de IU al PSOE sobre esas premisas, en tanto ambos basan sus políticas en una ideología que contempla unos paradigmas sociales que la derecha relativiza con un ideario más utilitarista, ultraliberal y religioso. La primera pregunta que IU se debería haber hecho es si el PP cumplirá realmente sus compromisos adquiridos cuando gobierne, enfrentándose a los grupos de poder que lo soportan; y la segunda pregunta tendría que haber sido si reservándose la posibilidad de una moción de censura, un cambio de gobierno en plena legislatura contribuirá a estabilizar la gobernabilidad de esa comunidad. Luego debería haber valorado la posibilidad de evitar a la ciudadanía esa incertidumbre con un sencillo pacto de gobierno con un partido de izquierdas que, a buen seguro, hubiese asumido con mayores garantías unas propuestas progresistas. Y por fin deberían haber tenido muy presente que, en resumidas cuentas, tendrán que entenderse con el PSOE para poder llevar a cabo una oposición de bloqueo al Gobierno de derechas, y más si al final este estrambote acaba en moción de censura. Todo ello a menos que estén dispuestos a alinearse con la derecha en su labor de gobierno o, sencillamente, convertirse en esa joven engreída a quien todos quieren sacar a bailar y se permite el lujo de despreciar a sus pretendientes, para luego quedarse sola y desgraciada. Demasiada soberbia para unos tiempos tan difíciles.
No es tampoco de recibo que los nacionalistas catalanes de CiU faciliten la asunción del poder a un partido, el PP, que ha atacado y ataca la idea soberanista que les identifica ante su electorado. El ansia de poder ejerce de bálsamo para el resentimiento y confunde la memoria, pues no de otro modo se puede comprender que ya no pesen los tres millones de firmas que recogió el PP por toda España en contra del Estatut, ni el recurso de inconstitucionalidad que lo mermó, ni las campañas de boicot a los productos catalanes. Por lo visto, cuando de la poltrona se trata en Cataluña son todos españoles. Y al igual, al votante de la derecha centralista en Cataluña le costaría mucho digerir las concesiones que su partido habrá de aceptar con respecto a la estrategia nacionalista, para poder controlar determinados espacios de poder y lograr una notoriedad inusitada en el juego legislativo, de no ser por ese carácter casi deportivo que le imprime a su militancia y que le lleva a considerar la obtención del poder como una victoria sobre el rival, aunque ésta se haya conseguido de forma injusta.
Y aún mucho menos comprensible es que un partido bajo sospecha como Bildu haya accedido al poder en muchos ayuntamientos a causa de la negligencia del resto de partidos políticos, o por los intereses ocultos que mueven a los nacionalistas del PNV en su ansia por recuperar el poder perdido en el País Vasco. Es cierto que Bildu es un partido legal que cuenta con un más que estimable apoyo social. Pero a nadie parece haberle importado que, más allá de sus vínculos con ETA, sus programas de gestión incluyan proyectos claramente perjudiciales para el desarrollo de esa comunidad por la simple razón de que contribuyen a sustanciar un mezquino discurso soberanista. El terrorismo vuelve a ser, en este caso, el árbol que no deja ver un bosque mucho más inquietante, y el resto de partidos han vuelto a caer en el juego perverso de la autodestrucción antes de aunar fuerzas frente a la amenaza del aldeanismo abertzale.
Muchos creen con indulgencia que los partidos políticos tienen derecho a decidir cómo administrar el poder que le otorga el pueblo, lo cual demuestra que en realidad no se votan tanto las propuestas como los gestos y, en infinidad de casos, sencillamente cambian de opción con el mismo espíritu que lo hacen de desodorante: tengo un problema, el que está no me lo resuelve, busco al de enfrente que me promete que tiene la solución. El problema de este criterio tan reduccionista es que otorga una patente de corso al político para asumir el poder y despoja a las propuestas que defienden de toda su naturaleza ideológica.
Sería aceptable la idea de que fuese la lista más votada la que asumiera el poder, de no ser porque esos mismos que la defienden claman a la vez por un modelo electoral más justo que diese más valor al voto. Es evidente que las cuentas electorales no son exactas y, por lo tanto, ha de primar el interés general a la hora de establecer alianzas coherentes que aúnen ideas comunes y proyectos posibles. Es lo que llamo mayoría ideológica que, en tanto se reforma la ley electoral, habría de prevalecer en los acuerdos de gobierno. Dejar que los rencores o el oportunismo dirija los acuerdos políticos no conduce más que al desgobierno, y demuestra un desprecio manifiesto por los problemas reales de la ciudadanía. Una auténtica estafa política.
martes, 7 de junio de 2011
La revolución pierde plano
Andreu Buenafuente regaló anoche unos minutos de voz e imagen a los revoltosos, con la presencia en su programa de dos chicos procedentes de las acampadas de Barcelona y Madrid. Uno de ellos, creo que el madrileño, dijo algo muy lúcido: "El movimiento terminará como los medios quieran". Ya sea por indiferencia o en primera línea porque les hayan corrido a palos. Lo demás me sonó a retórica y mucha dispersión de ideas. Buena voluntad no les falta, pero siguen viviendo un sueño al margen de una realidad que cada día les resta protagonismo. Hoy apenas un pequeño titular perdido en los medios digitales de izquierdas, y algunos más o menos llamativos aunque tendenciosos en los de derechas. La revolución pierde plano mientras sus némesis toman posesión de sus flamantes cargos, ajenos no tanto a lo que sucede en sus plazas públicas como a lo que se cuece en ellas.
Los titulares a los que me refiero destacan acciones aisladas de unos cuantos de estos revoltosos, ya sea frente a la Asamblea de Madrid, donde esta mañana se repartían el botín, o en un supermercado de Murcia, en el que un grupo de ellos pretendía llevarse sin pagar un montón de artículos con la intención de repartirlos a los pobres. En ambos casos, la acción ha terminado en fracaso y sólo han conseguido estimular los prejuicios de quienes ya se pronunciaron el pasado 22 de mayo, concediendo a la derecha todo el poder posible en España. Me pregunto si ambos grupos obraban mandatados por el consenso asambleario que rige las acampadas, o sencillamente se movían por iniciativa propia aprovechando el barullo. Pues lo que sí resulta alarmante es que se lleven a cabo semejantes actos en nombre de un movimiento que, hasta ahora, ha demostrado una extraordinaria capacidad de organización aunque no pueda decir lo mismo en lo que respecta a la decisión.
Otro de los comentarios que escuché anoche en el programa del cómico catalán fue que la revuelta cívica no niega el sistema, dado que sus demandas se circunscriben a lo que el propio sistema les garantiza. Pero me pregunto si en esas acampadas todos piensan igual, y si disponen de la fortaleza e instrumentos suficientes para impedir acciones incontroladas en su nombre de quienes sí abjuran del sistema. Y sobre todo que, superada la primera impresión, el público seguirá aceptando o apoyando unas acciones que empiezan a no tener amo. El movimiento se enfrenta a su mayor peligro, tal es su propia indefinición, pues sin un programa concreto y un interlocutor válido de nada les va a servir el esfuerzo.
Dentro de muy pocos meses, en España se puede producir un giro crucial para los intereses de muchos ciudadanos y entonces habrá que reflexionar sobre si han tenido sentido muchas de las decisiones que se han tomado estos días. Una prueba es que esta revolución espontánea y romántica ya no ejerce la presión que en sus inicios produjo sobre los partidos políticos, que contemplaron cómo un grupo de ciudadanos era capaz de organizarse para expresar su descontento y desafiar al propio sistema desde una posición pacífica y constructiva. Ahora la atención la empiezan a monopolizar aquellos que se sienten perjudicados por esta revuelta, y será a ellos a quienes atiendan primero sobre todo porque son los que sí garantizan votos. Así el futuro del movimiento cívico se antoja incierto.
Es cierto que los medios de comunicación tendrán mucho que ver en la resolución del conflicto, pues de ellos depende que lo sucedido hasta ahora se tenga en cuenta como una llamada de atención que se puede reproducir en cualquier momento, o simplemente quede en una anécdota pintoresca de unos cuantos jóvenes jugando a la revolución. Bajo las tiendas de campaña está la respuesta, pues si cuando desaparezcan de la vía pública el espíritu que las levantó sigue vivo en los foros sociales y recaba los apoyos políticos e intelectuales precisos para reforzar el discurso y sus demandas, es muy posible que los políticos tengan que tenerles en cuenta en sus estrategias, pues de esa forma habrán demostrado una capacidad de movilización hasta hoy exclusiva de la extrema derecha cristiana.
Ahora bien, si borrada la huella de la revolución regresa la indiferencia, la resignación o, lo que es peor, la usurpación por las tendencias más radicales y militantes del espíritu que movió la revuelta, nada se habrá conseguido y volveremos a entregar a los individuos que se nutren de nuestro esfuerzo todos los argumentos para que nada cambie.
Quizás los concentrados tomen esta tarde la decisión de levantar el campamento en Madrid y vuelvan a sus vidas en busca de descanso y serenidad. Será el momento de reflexionar sobre las lecciones aprendidas y una de ellas es la inviabilidad del modelo asambleario. No es nada nuevo, pues todas las experiencias similares que han acontecido en el pasado resultaron en rotundos fracasos, al demostrar que el ser humano expresa su condición de sujeto en la subjetividad y, por lo tanto, son los particularismos los que determinan sus decisiones. Quizás las demandas genéricas susciten el consenso que luego estalla en la práctica o los medios para lograrlas, sin contar con la contrariedad de quienes no ven incorporadas las propias. Es necesario tener en cuenta además que en una sociedad competitiva el consenso es concebido más como un riesgo que un valor, pues busca una uniformidad que nadie está dispuesto a asumir al creer que siempre habrá quien obtenga mayores beneficios a costa de cualquier acción común.
Muchas manos en un plato tocan a rebato, proclama la sabiduría popular. La democracia parlamentaria es imperfecta en su ejecución, pero se apoya en un concepto teórico indispensable para su funcionamiento como es la representatividad.
Es cierto que el actual modelo se ha pervertido pero no tanto por su naturaleza como por la aplicación que del mismo hacen los partidos políticos, al supeditar esa representatividad a la etiqueta corporativa sin que en la oferta medien la aptitud de las personas, mas allá de la imagen publica del líder, construida a su medida, y las de las personas con atribuciones orgánicas de cierta relevancia. De ahí abajo como si colocan al Pato Donald.
Es obvia la necesidad de reformar ese modelo de elección de las personas que, al fin y al cabo, van a asumir una labor crucial para el desarrollo de un territorio y a vivir de nuestros impuestos, para que su responsabilidad para con la ciudadanía sea efectiva. La imposición de listas abiertas y un nuevo diseño del mapa electoral serian dos pasos efectivos para alcanzar la meta de una democracia más directa y efectiva; el tercero seria la reforma del actual sistema electoral, aunque ya no seria tan urgente si las otras dos medidas proporcionan a los ciudadanos un resultado apreciable.
El modelo representativo permite concretar las ideas y estructurarlas en un discurso coherente que refuerce con argumentos la demanda o propuesta que se plantee ante la asamblea. En el interno de cada grupo se ha de producir el debate interno que permita moldear ese discurso, y la disidencia no ha de pagarse con la expulsión o el ostracismo sino que ha de convertirse en el elemento moderador de esa controversia, evitando así las disciplinas que determinan la voluntad de los miembros de un grupo determinado y acercan a las mayorías absolutas al despotismo. La responsabilidad adquirida por cada miembro del grupo, otorgada por su elección directa por los ciudadanos de su comunidad, contribuye a ese debate interno cuando se susciten propuestas de alcance general que, en algunos de sus puntos, puedan ser contrarias a los intereses de algún miembro o grupo de ellos.
Este sistema sin ser perfecto tampoco, por el ejercicio de los grupos de presión, al menos da una oportunidad a la confrontación de ideas y a la moderación en la toma de decisiones, aunque solo sea por evitar el riesgo de la disidencia en decisiones trascendentales para el desarrollo de un territorio o para las aspiraciones políticas del grupo. La acción de órganos de supervisión o arbitraje que detecten y analicen las propuestas controvertidas dotarían de equilibrio al discurso y reforzarían el programa en virtud de unos intereses generales, despreciando aquellos que sólo atendieran a los de un grupo determinado, aunque disfrute del apoyo mayoritario.
El establecimiento de unas normas de aseo ético de carácter general para el acceso al cargo público, con un rango legislativo suficiente que obligue a los partidos políticos a aceptarlas, permitiría que éstos se viesen obligados a configurar sus órganos de dirección y, por supuesto, sus candidaturas con personas que cumpliesen dichos requisitos. No habría que dejar resquicio legal alguno para la trampa, a fin de que si en un principio se viesen tentados a ello, la necesidad impusiera el hábito y, de esa forma, se regenerara la vida política. Pues en el ejercicio de la política delito y negligencia casi son sinónimos.
Es indecente contemplar con qué satisfacción y desprecio por las más mínimas concepciones morales asumen sus cargos algunos individuos señalados por la Justicia, o se premia con jactancia a quienes han demostrado una ineptitud manifiesta en el ejercicio de sus labores públicas, primando la lealtad o el poder orgánico sobre la eficiencia.
Y así seguirá siendo mientras no se rompa el vínculo que une dinero y poder. Por un lado, los partidos políticos se han convertido en monstruosas corporaciones que necesitan de un enorme capital para financiar su funcionamiento. Por otro, el control de los presupuestos públicos determina el dominio de los medios de producción a través de la contratación de servicios. De esa forma los gobiernos de distinto rango (estatal, autonómico, municipal, etc.) disponen de un arma poderosísima para apresar voluntades y generar un clientelismo que determina una ingente cantidad de voto cautivo. La falta de control en las cuentas públicas debido fundamentalmente a la existencia de unos órganos de supervisión, los tribunales de cuentas, absolutamente dependientes de los gobiernos, y la lentitud de la justicia a la hora de investigar irregularidades en la gestión de esos fondos, lastrada fundamentalmente por las piruetas legales de los letrados que asisten a los investigados, proporcionan un espacio de impunidad que los partidos políticos aprovechan para obtener esos réditos necesarios para su supervivencia. Esta red clientelar determina las políticas que se llevan a cabo en toda España, y de ahí nacen proyectos innecesarios, delirantes o improductivos que sólo logran levantar sospechas y deterioran la salud económica de un país. Asimismo, quizás ahí se encuentre la razón que explica la presencia de determinados individuos en las instituciones ocupando cargos para los que no son aptos.
La financiación de los partidos políticos es el origen de todos los males que aquejan a nuestra democracia, y la imposibilidad de fiscalizar esas cuentas sólo agrava el problema. Una ley que obligue a la supervisión de los ingresos y gastos de esas fastuosas corporaciones contribuiría a sanear la vida pública, impidiendo de esa forma el trasiego de capitales desde los rincones más oscuros de nuestra economía. Cerrando ese cauce, las instituciones públicas se verían obligadas a ejecutar sus presupuestos siguiendo criterios de eficiencia y equidad.
Aunque para lograr todo esto es necesario que los organismos de supervisión y control sean efectivamente independientes, con miembros elegidos por profesionales de cada sector que, eso sí, habrían de rendir cuentas ante el poder legislativo y solicitar autorización para llevar a cabo acciones que determinaran cambios sustanciales en la estructura del sistema democrático. Mientras esos órganos rectores de la justicia o la economía sigan dirigidos por personas impuestas por los partidos políticos, difícilmente se podrá establecer un régimen de garantías que dé confianza al ciudadano.
Todas estas ideas son las que se esconden bajo las plazas revueltas de España. Sólo es necesario reunirlas y encontrar quien las sepa proponer ante el poder. El ciudadano español espera propuestas audaces y posibles, y basta con que esas ideas obtengan la difusión precisa para que el movimiento del 15 M empiece a tener sentido.
Los titulares a los que me refiero destacan acciones aisladas de unos cuantos de estos revoltosos, ya sea frente a la Asamblea de Madrid, donde esta mañana se repartían el botín, o en un supermercado de Murcia, en el que un grupo de ellos pretendía llevarse sin pagar un montón de artículos con la intención de repartirlos a los pobres. En ambos casos, la acción ha terminado en fracaso y sólo han conseguido estimular los prejuicios de quienes ya se pronunciaron el pasado 22 de mayo, concediendo a la derecha todo el poder posible en España. Me pregunto si ambos grupos obraban mandatados por el consenso asambleario que rige las acampadas, o sencillamente se movían por iniciativa propia aprovechando el barullo. Pues lo que sí resulta alarmante es que se lleven a cabo semejantes actos en nombre de un movimiento que, hasta ahora, ha demostrado una extraordinaria capacidad de organización aunque no pueda decir lo mismo en lo que respecta a la decisión.
Otro de los comentarios que escuché anoche en el programa del cómico catalán fue que la revuelta cívica no niega el sistema, dado que sus demandas se circunscriben a lo que el propio sistema les garantiza. Pero me pregunto si en esas acampadas todos piensan igual, y si disponen de la fortaleza e instrumentos suficientes para impedir acciones incontroladas en su nombre de quienes sí abjuran del sistema. Y sobre todo que, superada la primera impresión, el público seguirá aceptando o apoyando unas acciones que empiezan a no tener amo. El movimiento se enfrenta a su mayor peligro, tal es su propia indefinición, pues sin un programa concreto y un interlocutor válido de nada les va a servir el esfuerzo.
Dentro de muy pocos meses, en España se puede producir un giro crucial para los intereses de muchos ciudadanos y entonces habrá que reflexionar sobre si han tenido sentido muchas de las decisiones que se han tomado estos días. Una prueba es que esta revolución espontánea y romántica ya no ejerce la presión que en sus inicios produjo sobre los partidos políticos, que contemplaron cómo un grupo de ciudadanos era capaz de organizarse para expresar su descontento y desafiar al propio sistema desde una posición pacífica y constructiva. Ahora la atención la empiezan a monopolizar aquellos que se sienten perjudicados por esta revuelta, y será a ellos a quienes atiendan primero sobre todo porque son los que sí garantizan votos. Así el futuro del movimiento cívico se antoja incierto.
Es cierto que los medios de comunicación tendrán mucho que ver en la resolución del conflicto, pues de ellos depende que lo sucedido hasta ahora se tenga en cuenta como una llamada de atención que se puede reproducir en cualquier momento, o simplemente quede en una anécdota pintoresca de unos cuantos jóvenes jugando a la revolución. Bajo las tiendas de campaña está la respuesta, pues si cuando desaparezcan de la vía pública el espíritu que las levantó sigue vivo en los foros sociales y recaba los apoyos políticos e intelectuales precisos para reforzar el discurso y sus demandas, es muy posible que los políticos tengan que tenerles en cuenta en sus estrategias, pues de esa forma habrán demostrado una capacidad de movilización hasta hoy exclusiva de la extrema derecha cristiana.
Ahora bien, si borrada la huella de la revolución regresa la indiferencia, la resignación o, lo que es peor, la usurpación por las tendencias más radicales y militantes del espíritu que movió la revuelta, nada se habrá conseguido y volveremos a entregar a los individuos que se nutren de nuestro esfuerzo todos los argumentos para que nada cambie.
Quizás los concentrados tomen esta tarde la decisión de levantar el campamento en Madrid y vuelvan a sus vidas en busca de descanso y serenidad. Será el momento de reflexionar sobre las lecciones aprendidas y una de ellas es la inviabilidad del modelo asambleario. No es nada nuevo, pues todas las experiencias similares que han acontecido en el pasado resultaron en rotundos fracasos, al demostrar que el ser humano expresa su condición de sujeto en la subjetividad y, por lo tanto, son los particularismos los que determinan sus decisiones. Quizás las demandas genéricas susciten el consenso que luego estalla en la práctica o los medios para lograrlas, sin contar con la contrariedad de quienes no ven incorporadas las propias. Es necesario tener en cuenta además que en una sociedad competitiva el consenso es concebido más como un riesgo que un valor, pues busca una uniformidad que nadie está dispuesto a asumir al creer que siempre habrá quien obtenga mayores beneficios a costa de cualquier acción común.
Muchas manos en un plato tocan a rebato, proclama la sabiduría popular. La democracia parlamentaria es imperfecta en su ejecución, pero se apoya en un concepto teórico indispensable para su funcionamiento como es la representatividad.
Es cierto que el actual modelo se ha pervertido pero no tanto por su naturaleza como por la aplicación que del mismo hacen los partidos políticos, al supeditar esa representatividad a la etiqueta corporativa sin que en la oferta medien la aptitud de las personas, mas allá de la imagen publica del líder, construida a su medida, y las de las personas con atribuciones orgánicas de cierta relevancia. De ahí abajo como si colocan al Pato Donald.
Es obvia la necesidad de reformar ese modelo de elección de las personas que, al fin y al cabo, van a asumir una labor crucial para el desarrollo de un territorio y a vivir de nuestros impuestos, para que su responsabilidad para con la ciudadanía sea efectiva. La imposición de listas abiertas y un nuevo diseño del mapa electoral serian dos pasos efectivos para alcanzar la meta de una democracia más directa y efectiva; el tercero seria la reforma del actual sistema electoral, aunque ya no seria tan urgente si las otras dos medidas proporcionan a los ciudadanos un resultado apreciable.
El modelo representativo permite concretar las ideas y estructurarlas en un discurso coherente que refuerce con argumentos la demanda o propuesta que se plantee ante la asamblea. En el interno de cada grupo se ha de producir el debate interno que permita moldear ese discurso, y la disidencia no ha de pagarse con la expulsión o el ostracismo sino que ha de convertirse en el elemento moderador de esa controversia, evitando así las disciplinas que determinan la voluntad de los miembros de un grupo determinado y acercan a las mayorías absolutas al despotismo. La responsabilidad adquirida por cada miembro del grupo, otorgada por su elección directa por los ciudadanos de su comunidad, contribuye a ese debate interno cuando se susciten propuestas de alcance general que, en algunos de sus puntos, puedan ser contrarias a los intereses de algún miembro o grupo de ellos.
Este sistema sin ser perfecto tampoco, por el ejercicio de los grupos de presión, al menos da una oportunidad a la confrontación de ideas y a la moderación en la toma de decisiones, aunque solo sea por evitar el riesgo de la disidencia en decisiones trascendentales para el desarrollo de un territorio o para las aspiraciones políticas del grupo. La acción de órganos de supervisión o arbitraje que detecten y analicen las propuestas controvertidas dotarían de equilibrio al discurso y reforzarían el programa en virtud de unos intereses generales, despreciando aquellos que sólo atendieran a los de un grupo determinado, aunque disfrute del apoyo mayoritario.
El establecimiento de unas normas de aseo ético de carácter general para el acceso al cargo público, con un rango legislativo suficiente que obligue a los partidos políticos a aceptarlas, permitiría que éstos se viesen obligados a configurar sus órganos de dirección y, por supuesto, sus candidaturas con personas que cumpliesen dichos requisitos. No habría que dejar resquicio legal alguno para la trampa, a fin de que si en un principio se viesen tentados a ello, la necesidad impusiera el hábito y, de esa forma, se regenerara la vida política. Pues en el ejercicio de la política delito y negligencia casi son sinónimos.
Es indecente contemplar con qué satisfacción y desprecio por las más mínimas concepciones morales asumen sus cargos algunos individuos señalados por la Justicia, o se premia con jactancia a quienes han demostrado una ineptitud manifiesta en el ejercicio de sus labores públicas, primando la lealtad o el poder orgánico sobre la eficiencia.
Y así seguirá siendo mientras no se rompa el vínculo que une dinero y poder. Por un lado, los partidos políticos se han convertido en monstruosas corporaciones que necesitan de un enorme capital para financiar su funcionamiento. Por otro, el control de los presupuestos públicos determina el dominio de los medios de producción a través de la contratación de servicios. De esa forma los gobiernos de distinto rango (estatal, autonómico, municipal, etc.) disponen de un arma poderosísima para apresar voluntades y generar un clientelismo que determina una ingente cantidad de voto cautivo. La falta de control en las cuentas públicas debido fundamentalmente a la existencia de unos órganos de supervisión, los tribunales de cuentas, absolutamente dependientes de los gobiernos, y la lentitud de la justicia a la hora de investigar irregularidades en la gestión de esos fondos, lastrada fundamentalmente por las piruetas legales de los letrados que asisten a los investigados, proporcionan un espacio de impunidad que los partidos políticos aprovechan para obtener esos réditos necesarios para su supervivencia. Esta red clientelar determina las políticas que se llevan a cabo en toda España, y de ahí nacen proyectos innecesarios, delirantes o improductivos que sólo logran levantar sospechas y deterioran la salud económica de un país. Asimismo, quizás ahí se encuentre la razón que explica la presencia de determinados individuos en las instituciones ocupando cargos para los que no son aptos.
La financiación de los partidos políticos es el origen de todos los males que aquejan a nuestra democracia, y la imposibilidad de fiscalizar esas cuentas sólo agrava el problema. Una ley que obligue a la supervisión de los ingresos y gastos de esas fastuosas corporaciones contribuiría a sanear la vida pública, impidiendo de esa forma el trasiego de capitales desde los rincones más oscuros de nuestra economía. Cerrando ese cauce, las instituciones públicas se verían obligadas a ejecutar sus presupuestos siguiendo criterios de eficiencia y equidad.
Aunque para lograr todo esto es necesario que los organismos de supervisión y control sean efectivamente independientes, con miembros elegidos por profesionales de cada sector que, eso sí, habrían de rendir cuentas ante el poder legislativo y solicitar autorización para llevar a cabo acciones que determinaran cambios sustanciales en la estructura del sistema democrático. Mientras esos órganos rectores de la justicia o la economía sigan dirigidos por personas impuestas por los partidos políticos, difícilmente se podrá establecer un régimen de garantías que dé confianza al ciudadano.
Todas estas ideas son las que se esconden bajo las plazas revueltas de España. Sólo es necesario reunirlas y encontrar quien las sepa proponer ante el poder. El ciudadano español espera propuestas audaces y posibles, y basta con que esas ideas obtengan la difusión precisa para que el movimiento del 15 M empiece a tener sentido.
lunes, 6 de junio de 2011
No podré dormir
Las palabras han decidido esta mañana prolongar el descanso dominical. Las ideas, mientras, contemplan la holganza sin atreverse a rechistar. He tomado el café de cada mañana sentado en la terraza del bar de siempre, he observado a los clientes que había a mi alrededor comiendo sus tostadas, y he escuchado sus conversaciones banales, he podido consumir el periódico local que estaba libre aunque no he hallado nada que me llamara la atención, he leído por internet el resto de la prensa y todo sigue igual de anodino que ayer. Vuelvo a casa, abro el balcón, observo a la gente pasear por la calle, entrar y salir del ambulatorio, pero hoy no percibo almas sino cáscaras humanas que deambulan sin sentido, no me llegan sus conversaciones fortuitas y en la terraza del bar de abajo, adonde nunca voy, apenas se ha sentado alguien. Aniquilo mi bienintencionado propósito de reducir el consumo de tabaco, por ver si la nicotina las estimula y alguna disiente de la pereza y me permite escribir durante más de un minuto seguido sin tener que suplicar lucidez. Ni siquiera el plátano de media mañana con todo su potasio y demás nutrientes del intelecto ha sido capaz de seducirlas. Allí siguen echadas consumiendo mi paciencia. Se acerca la hora de comer y pienso en la siesta que luego dormiré. Quizás entonces, cuando el sueño empiece a dar sentido al vacío que me llena, sea cuando alguna de estas esquivas y caprichosas palabras decida salir a dar un paseo. Y entonces no podré dormir.
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