La revolución pierde plano

Andreu Buenafuente regaló anoche unos minutos de voz e imagen a los revoltosos, con la presencia en su programa de dos chicos procedentes de las acampadas de Barcelona y Madrid. Uno de ellos, creo que el madrileño, dijo algo muy lúcido: "El movimiento terminará como los medios quieran". Ya sea por indiferencia o en primera línea porque les hayan corrido a palos. Lo demás me sonó a retórica y mucha dispersión de ideas. Buena voluntad no les falta, pero siguen viviendo un sueño al margen de una realidad que cada día les resta protagonismo. Hoy apenas un pequeño titular perdido en los medios digitales de izquierdas, y algunos más o menos llamativos aunque tendenciosos en los de derechas. La revolución pierde plano mientras sus némesis toman posesión de sus flamantes cargos, ajenos no tanto a lo que sucede en sus plazas públicas como a lo que se cuece en ellas.


Los titulares a los que me refiero destacan acciones aisladas de unos cuantos de estos revoltosos, ya sea frente a la Asamblea de Madrid, donde esta mañana se repartían el botín, o en un supermercado de Murcia, en el que un grupo de ellos pretendía llevarse sin pagar un montón de artículos con la intención de repartirlos a los pobres. En ambos casos, la acción ha terminado en fracaso y sólo han conseguido estimular los prejuicios de quienes ya se pronunciaron el pasado 22 de mayo, concediendo a la derecha todo el poder posible en España. Me pregunto si ambos grupos obraban mandatados por el consenso asambleario que rige las acampadas, o sencillamente se movían por iniciativa propia aprovechando el barullo. Pues lo que sí resulta alarmante es que se lleven a cabo semejantes actos en nombre de un movimiento que, hasta ahora, ha demostrado una extraordinaria capacidad de organización aunque no pueda decir lo mismo en lo que respecta a la decisión.


Otro de los comentarios que escuché anoche en el programa del cómico catalán fue que la revuelta cívica no niega el sistema, dado que sus demandas se circunscriben a lo que el propio sistema les garantiza. Pero me pregunto si en esas acampadas todos piensan igual, y si disponen de la fortaleza e instrumentos suficientes para impedir acciones incontroladas en su nombre de quienes sí abjuran del sistema. Y sobre todo que, superada la primera impresión, el público seguirá aceptando o apoyando unas acciones que empiezan a no tener amo. El movimiento se enfrenta a su mayor peligro, tal es su propia indefinición, pues sin un programa concreto y un interlocutor válido de nada les va a servir el esfuerzo.
Dentro de muy pocos meses, en España se puede producir un giro crucial para los intereses de muchos ciudadanos y entonces habrá que reflexionar sobre si han tenido sentido muchas de las decisiones que se han tomado estos días. Una prueba es que esta revolución espontánea y romántica ya no ejerce la presión que en sus inicios produjo sobre los partidos políticos, que contemplaron cómo un grupo de ciudadanos era capaz de organizarse para expresar su descontento y desafiar al propio sistema desde una posición pacífica y constructiva. Ahora la atención la empiezan a monopolizar aquellos que se sienten perjudicados por esta revuelta, y será a ellos a quienes atiendan primero sobre todo porque son los que sí garantizan votos. Así el futuro del movimiento cívico se antoja incierto.


Es cierto que los medios de comunicación tendrán mucho que ver en la resolución del conflicto, pues de ellos depende que lo sucedido hasta ahora se tenga en cuenta como una llamada de atención que se puede reproducir en cualquier momento, o simplemente quede en una anécdota pintoresca de unos cuantos jóvenes jugando a la revolución. Bajo las tiendas de campaña está la respuesta, pues si cuando desaparezcan de la vía pública el espíritu que las levantó sigue vivo en los foros sociales y recaba los apoyos políticos e intelectuales precisos para reforzar el discurso y sus demandas, es muy posible que los políticos tengan que tenerles en cuenta en sus estrategias, pues de esa forma habrán demostrado una capacidad de movilización hasta hoy exclusiva de la extrema derecha cristiana.


Ahora bien, si borrada la huella de la revolución regresa la indiferencia, la resignación o, lo que es peor, la usurpación por las tendencias más radicales y militantes del espíritu que movió la revuelta, nada se habrá conseguido y volveremos a entregar a los individuos que se nutren de nuestro esfuerzo todos los argumentos para que nada cambie.


Quizás los concentrados tomen esta tarde la decisión de levantar el campamento en Madrid y vuelvan a sus vidas en busca de descanso y serenidad. Será el momento de reflexionar sobre las lecciones aprendidas y una de ellas es la inviabilidad del modelo asambleario. No es nada nuevo, pues todas las experiencias similares que han acontecido en el pasado resultaron en rotundos fracasos, al demostrar que el ser humano expresa su condición de sujeto en la subjetividad y, por lo tanto, son los particularismos los que determinan sus decisiones. Quizás las demandas genéricas susciten el consenso que luego estalla en la práctica o los medios para lograrlas, sin contar con la contrariedad de quienes no ven incorporadas las propias. Es necesario tener en cuenta además que en una sociedad competitiva el consenso es concebido más como un riesgo que un valor, pues busca una uniformidad que nadie está dispuesto a asumir al creer que siempre habrá quien obtenga mayores beneficios a costa de cualquier acción común.


Muchas manos en un plato tocan a rebato, proclama la sabiduría popular. La democracia parlamentaria es imperfecta en su ejecución, pero se apoya en un concepto teórico indispensable para su funcionamiento como es la representatividad.


Es cierto que el actual modelo se ha pervertido pero no tanto por su naturaleza como por la aplicación que del mismo hacen los partidos políticos, al supeditar esa representatividad a la etiqueta corporativa sin que en la oferta medien la aptitud de las personas, mas allá de la imagen publica del líder, construida a su medida, y las de las personas con atribuciones orgánicas de cierta relevancia. De ahí abajo como si colocan al Pato Donald.


Es obvia la necesidad de reformar ese modelo de elección de las personas que, al fin y al cabo, van a asumir una labor crucial para el desarrollo de un territorio y a vivir de nuestros impuestos, para que su responsabilidad para con la ciudadanía sea efectiva. La imposición de listas abiertas y un nuevo diseño del mapa electoral serian dos pasos efectivos para alcanzar la meta de una democracia más directa y efectiva; el tercero seria la reforma del actual sistema electoral, aunque ya no seria tan urgente si las otras dos medidas proporcionan a los ciudadanos un resultado apreciable.


El modelo representativo permite concretar las ideas y estructurarlas en un discurso coherente que refuerce con argumentos la demanda o propuesta que se plantee ante la asamblea. En el interno de cada grupo se ha de producir el debate interno que permita moldear ese discurso, y la disidencia no ha de pagarse con la expulsión o el ostracismo sino que ha de convertirse en el elemento moderador de esa controversia, evitando así las disciplinas que determinan la voluntad de los miembros de un grupo determinado y acercan a las mayorías absolutas al despotismo. La responsabilidad adquirida por cada miembro del grupo, otorgada por su elección directa por los ciudadanos de su comunidad, contribuye a ese debate interno cuando se susciten propuestas de alcance general que, en algunos de sus puntos, puedan ser contrarias a los intereses de algún miembro o grupo de ellos.


Este sistema sin ser perfecto tampoco, por el ejercicio de los grupos de presión, al menos da una oportunidad a la confrontación de ideas y a la moderación en la toma de decisiones, aunque solo sea por evitar el riesgo de la disidencia en decisiones trascendentales para el desarrollo de un territorio o para las aspiraciones políticas del grupo. La acción de órganos de supervisión o arbitraje que detecten y analicen las propuestas controvertidas dotarían de equilibrio al discurso y reforzarían el programa en virtud de unos intereses generales, despreciando aquellos que sólo atendieran a los de un grupo determinado, aunque disfrute del apoyo mayoritario.


El establecimiento de unas normas de aseo ético de carácter general para el acceso al cargo público, con un rango legislativo suficiente que obligue a los partidos políticos a aceptarlas, permitiría que éstos se viesen obligados a configurar sus órganos de dirección y, por supuesto, sus candidaturas con personas que cumpliesen dichos requisitos. No habría que dejar resquicio legal alguno para la trampa, a fin de que si en un principio se viesen tentados a ello, la necesidad impusiera el hábito y, de esa forma, se regenerara la vida política. Pues en el ejercicio de la política delito y negligencia casi son sinónimos.


Es indecente contemplar con qué satisfacción y desprecio por las más mínimas concepciones morales asumen sus cargos algunos individuos señalados por la Justicia, o se premia con jactancia a quienes han demostrado una ineptitud manifiesta en el ejercicio de sus labores públicas, primando la lealtad o el poder orgánico sobre la eficiencia.


Y así seguirá siendo mientras no se rompa el vínculo que une dinero y poder. Por un lado, los partidos políticos se han convertido en monstruosas corporaciones que necesitan de un enorme capital para financiar su funcionamiento. Por otro, el control de los presupuestos públicos determina el dominio de los medios de producción a través de la contratación de servicios. De esa forma los gobiernos de distinto rango (estatal, autonómico, municipal, etc.) disponen de un arma poderosísima para apresar voluntades y generar un clientelismo que determina una ingente cantidad de voto cautivo. La falta de control en las cuentas públicas debido fundamentalmente a la existencia de unos órganos de supervisión, los tribunales de cuentas, absolutamente dependientes de los gobiernos, y la lentitud de la justicia a la hora de investigar irregularidades en la gestión de esos fondos, lastrada fundamentalmente por las piruetas legales de los letrados que asisten a los investigados, proporcionan un espacio de impunidad que los partidos políticos aprovechan para obtener esos réditos necesarios para su supervivencia. Esta red clientelar determina las políticas que se llevan a cabo en toda España, y de ahí nacen proyectos innecesarios, delirantes o improductivos que sólo logran levantar sospechas y deterioran la salud económica de un país. Asimismo, quizás ahí se encuentre la razón que explica la presencia de determinados individuos en las instituciones ocupando cargos para los que no son aptos.


La financiación de los partidos políticos es el origen de todos los males que aquejan a nuestra democracia, y la imposibilidad de fiscalizar esas cuentas sólo agrava el problema. Una ley que obligue a la supervisión de los ingresos y gastos de esas fastuosas corporaciones contribuiría a sanear la vida pública, impidiendo de esa forma el trasiego de capitales desde los rincones más oscuros de nuestra economía. Cerrando ese cauce, las instituciones públicas se verían obligadas a ejecutar sus presupuestos siguiendo criterios de eficiencia y equidad.


Aunque para lograr todo esto es necesario que los organismos de supervisión y control sean efectivamente independientes, con miembros elegidos por profesionales de cada sector que, eso sí, habrían de rendir cuentas ante el poder legislativo y solicitar autorización para llevar a cabo acciones que determinaran cambios sustanciales en la estructura del sistema democrático. Mientras esos órganos rectores de la justicia o la economía sigan dirigidos por personas impuestas por los partidos políticos, difícilmente se podrá establecer un régimen de garantías que dé confianza al ciudadano.


Todas estas ideas son las que se esconden bajo las plazas revueltas de España. Sólo es necesario reunirlas y encontrar quien las sepa proponer ante el poder. El ciudadano español espera propuestas audaces y posibles, y basta con que esas ideas obtengan la difusión precisa para que el movimiento del 15 M empiece a tener sentido.