La estafa política

Tras la voluntad popular expresada en los votos recaudados por los partidos sirviéndose de un sistema electoral claramente imperfecto, sus cosechas de escaños se convierten en una mercadería que contribuye a nutrir unas aspiraciones exclusivamente partidistas en las que el interés general adquiere un sentido retórico, supeditado a la condición de coartada para unas estrategias corporativas que alejan aún más si cabe a los políticos de las necesidades reales del territorio de les toca gestionar y, por extensión, de todo el país.

Desde el preciso momento en que los partidos políticos, como corporaciones estructuradas por unas normas de funcionamiento basadas en la disciplina, la lealtad y, solo en determinados casos, las afinidades ideológicas de sus miembros, se arrogan de una legitimidad espuria naturalizada por los apoyos recibidos para negociar entre ellos la gobernabilidad de las instituciones al margen del criterio que mueve a sus respectivos votantes, y con la exclusiva pretensión de garantizar un reparto provechoso de las parcelas del poder, están defraudando todo aquello que les identifica y, por tanto, a quienes les han otorgado su confianza movidos por unos intereses, estos sí, absolutamente legítimos.

No resulta tan paradójico que IU facilite el gobierno de Extremadura al PP con su abstención, como que la derecha acepte esa concesión tras admitir varias de las condiciones impuestas por IU que van rotundamente en contra de su menú político. Unos y otros traicionan así a su electorado. No cabe duda de que hubiese sido mucho más estético el apoyo de IU al PSOE sobre esas premisas, en tanto ambos basan sus políticas en una ideología que contempla unos paradigmas sociales que la derecha relativiza con un ideario más utilitarista, ultraliberal y religioso. La primera pregunta que IU se debería haber hecho es si el PP cumplirá realmente sus compromisos adquiridos cuando gobierne, enfrentándose a los grupos de poder que lo soportan; y la segunda pregunta tendría que haber sido si reservándose la posibilidad de una moción de censura, un cambio de gobierno en plena legislatura contribuirá a estabilizar la gobernabilidad de esa comunidad. Luego debería haber valorado la posibilidad de evitar a la ciudadanía esa incertidumbre con un sencillo pacto de gobierno con un partido de izquierdas que, a buen seguro, hubiese asumido con mayores garantías unas propuestas progresistas. Y por fin deberían haber tenido muy presente que, en resumidas cuentas, tendrán que entenderse con el PSOE para poder llevar a cabo una oposición de bloqueo al Gobierno de derechas, y más si al final este estrambote acaba en moción de censura. Todo ello a menos que estén dispuestos a alinearse con la derecha en su labor de gobierno o, sencillamente, convertirse en esa joven engreída a quien todos quieren sacar a bailar y se permite el lujo de despreciar a sus pretendientes, para luego quedarse sola y desgraciada. Demasiada soberbia para unos tiempos tan difíciles.

No es tampoco de recibo que los nacionalistas catalanes de CiU faciliten la asunción del poder a un partido, el PP, que ha atacado y ataca la idea soberanista que les identifica ante su electorado. El ansia de poder ejerce de bálsamo para el resentimiento y confunde la memoria, pues no de otro modo se puede comprender que ya no pesen los tres millones de firmas que recogió el PP por toda España en contra del Estatut, ni el recurso de inconstitucionalidad que lo mermó, ni las campañas de boicot a los productos catalanes. Por lo visto, cuando de la poltrona se trata en Cataluña son todos españoles. Y al igual, al votante de la derecha centralista en Cataluña le costaría mucho digerir las concesiones que su partido habrá de aceptar con respecto a la estrategia nacionalista, para poder controlar determinados espacios de poder y lograr una notoriedad inusitada en el juego legislativo, de no ser por ese carácter casi deportivo que le imprime a su militancia y que le lleva a considerar la obtención del poder como una victoria sobre el rival, aunque ésta se haya conseguido de forma injusta.

Y aún mucho menos comprensible es que un partido bajo sospecha como Bildu haya accedido al poder en muchos ayuntamientos a causa de la negligencia del resto de partidos políticos, o por los intereses ocultos que mueven a los nacionalistas del PNV en su ansia por recuperar el poder perdido en el País Vasco. Es cierto que Bildu es un partido legal que cuenta con un más que estimable apoyo social. Pero a nadie parece haberle importado que, más allá de sus vínculos con ETA, sus programas de gestión incluyan proyectos claramente perjudiciales para el desarrollo de esa comunidad por la simple razón de que contribuyen a sustanciar un mezquino discurso soberanista. El terrorismo vuelve a ser, en este caso, el árbol que no deja ver un bosque mucho más inquietante, y el resto de partidos han vuelto a caer en el juego perverso de la autodestrucción antes de aunar fuerzas frente a la amenaza del aldeanismo abertzale.

Muchos creen con indulgencia que los partidos políticos tienen derecho a decidir cómo administrar el poder que le otorga el pueblo, lo cual demuestra que en realidad no se votan tanto las propuestas como los gestos y, en infinidad de casos, sencillamente cambian de opción con el mismo espíritu que lo hacen de desodorante: tengo un problema, el que está no me lo resuelve, busco al de enfrente que me promete que tiene la solución. El problema de este criterio tan reduccionista es que otorga una patente de corso al político para asumir el poder y despoja a las propuestas que defienden de toda su naturaleza ideológica.

Sería aceptable la idea de que fuese la lista más votada la que asumiera el poder, de no ser porque esos mismos que la defienden claman a la vez por un modelo electoral más justo que diese más valor al voto. Es evidente que las cuentas electorales no son exactas y, por lo tanto, ha de primar el interés general a la hora de establecer alianzas coherentes que aúnen ideas comunes y proyectos posibles. Es lo que llamo mayoría ideológica que, en tanto se reforma la ley electoral, habría de prevalecer en los acuerdos de gobierno. Dejar que los rencores o el oportunismo dirija los acuerdos políticos no conduce más que al desgobierno, y demuestra un desprecio manifiesto por los problemas reales de la ciudadanía. Una auténtica estafa política.