El desapego cultural

Mantengo que la peor consecuencia del nocivo intervencionismo de la institución pública en la gestión cultural no es tanto la banalización de sus manifestaciones creativas, como el brutal desapego hacia sus diferentes expresiones que inocula entre la ciudadanía menos aficionada a su consumo. Tengo dicho y escrito que en manos de los políticos el talento se torna contingente y la sociedad lo percibe más como una afición que un valor, que alcanza un perverso matiz de ociosidad para las conciencias menos sensibles y los intelectos más pétreos.

Hoy me he encontrado por fin con un lector que ha comentado el artículo que he publicado en La Opinión. Acostumbrado al denso silencio con el que siempre permanecen mis reflexiones en comparación con el frenesí que despiertan entre la parroquia debates futboleros o políticos, reconozco que me ha emocionado leer esas palabras por mucho que me pese descubrir en ellas el efecto tóxico de esa popular idea de la creación artística y de quienes se empeñan en divulgarla a través de festivales, seminarios, ferias y una cada vez más ingeniosa nómina de formatos con los que, si bien, pretenden un lucro no deja de ser éste magro y volátil, como insegura la estabilidad del negocio.

Reproduzco aquí esas palabras que encontré tras mi artículo, y vaya por delante que respeto y agradezco dicha reflexión e incluso comparto su esencia pues definen quizás inconscientemente esa inquietante realidad a la que me refería antes:

"El Festival de Flamenco de San Pedro del Pinatar es un verdadero 'churro' que no le interesaba a nadie. En los últimos años han tenido que regalar entradas para que pareciera que había gente. El año pasado en la gala del Cigala hubo 48 personas, de los cuales pagaron la entrada 21. ¿De verdad hay que gastar en estas cosas cuando muchos de los proveedores del Ayuntamiento no cobran desde hace más de 3 años y los empleados no saben si podrán cobrar la extra?"

Deberíamos preguntarnos por qué acuden tan pocas personas a un festival, si ha sido eso lo habitual durante sus 19 años de vida y por qué ahora es prescindible, más que aludir al sofisma del destino de esa cantidad de dinero público. Si no me equivoco, los 24.000 euros que ponía el ayuntamiento se dedicaban a pagar los honorarios de los artistas y los organizadores sólo ganaban el dinero de la taquilla. Mal negocio si apenas hay público y, desde luego, sería obligación de los gestores estudiar las causas de ese poco interés y más cuando el cartel combinaba experiencia y juventud, clasicismo y audacia, las entradas tenían un precio de risa y ya lo tenían todo preparado (no sé si saben los políticos lo que eso cuesta). Al parecer, los nuevos regidores del municipio costero no consideran ese esfuerzo suficiente y, a tenor de las finanzas públicas, prefieren descartarlo. La pregunta inmediata sería cuál habría sido su decisión si los conciertos hubiesen estado a rebosar de público y tuviera una imagen similar a la de otras citas de género que se celebran en esta región; ¿lo habrían mantenido a pesar de no tener suficiente dinero para pagar sus prolongadas deudas?


Este es un caso más de cultura dependiente que se debate entre la calidad de sus contenidos y la acogida del público, según unos criterios políticos en los que prevalece la impacto popular de cada acontecimiento que se sufraga con dinero público. El actual modelo cultural público, de clara inspiración economicista, impone unas condiciones al gestor por las que el resultado de la actividad contratada ha de cubrir unas expectativas de imagen y rentabilidad difíciles de asumir, a no ser que se renuncie a la calidad objetiva y a las audacias artísticas en favor de los valores seguros del espectáculo de masas. Sólo así es posible rentabilizar el apoyo institucional y sortear los rigores del recorte presupuestario.

Los patrocinios privados apenas permiten asumir los altísimos costes que exige organizar cualquier actividad que aspire a atraer a un público masivo. Y no tanto por los honorarios de unos artistas que se han visto obligados a ajustar al máximo sus honorarios, ni por el alto precio de unas infraestructuras y unos servicios imprescindibles para garantizar la cobertura del acontecimiento, sino por que hasta ahora ha sido la administración pública la que había soportado el mayor porcentaje del presupuesto. Retirada esa inversión, el patrocinio no es suficiente para mantener el nivel de la cita ni sus garantes están dispuestos a financiar actividades que no ofrezcan una rentabilidad mínima que justifique el gasto. Por otro lado, el impago de las cantidades comprometidas por parte de la institución pública impide a los organizadores cumplir con sus obligaciones contractuales, ensombreciendo la imagen de su negocio y alejando a los inversores privados por no ver dañada su imagen.

Hoy no son pocos los productores, artistas, gestores y proveedores que se sienten defraudados y despreciados por la institución pública. Años de idilio en los que el dinero fluía libre y descontrolado por los miles de municipios de este país, se han convertido en un presente cargado de frustración y ruina que dibuja un incierto futuro en el que nadie sabe en qué se convertirá el mercado cultural. Pues, reducida la financiación pública, ni quienes vieron entonces cómo se aceptaban sus proyectos valientes y minoritarios, ni los que eligieron el camino del espectáculo para ofrecer productos populares saben si hoy tienen sentido sus esfuerzos. El público se ha acostumbrado a consumir cultura gratuita y no entendería que ahora se le cobrase por disfrutar de lo que ayer no costaba nada o muy poco. En la ciudadanía ha arraigado la idea de que el artista se lo lleva todo, y nadie le ha explicado que tras cualquier acontecimiento cultural hay muchísima gente que vive de ello. Es esa gran falacia del acceso universal a la cultura que el político ha vendido a las gentes, la que ha convertido a la creación artística en algo parecido al mobiliario urbano.


Sobre todo porque los políticos han comprobado que sus votantes pueden vivir muy bien sin cultura y, además, les siguen siendo fieles. Deben atender otras necesidades y, sobre todo, mantener con buena salud sus privilegios y los de sus cortesanos. Los demás no cuentan.


Me solidarizo pues con el lector que me recuerda los problemas que sufren los proveedores del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (los mismos que sufren los de todos los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas), pues entre ellos se encontrarán a buen seguro los que proveen de cultura a sus administrados. Y entiendo que la razón por la que considera prescindible el festival al que me refiero sea su escaso atractivo para el público, pues quizás no sea el más adecuado para sus contenidos ni sea merecedor de los mismos. 


Quizás por todo eso sea necesario que la cultura empiece a buscar a ese público que la sepa valorar y, por lo tanto, pague por su consumo un precio justo sin que la institución pública medie lo más mínimo. Quizás sea necesario que aparezcan empresarios capaces de valorar la rentabilidad de esas ofertas y pongan al servicio de los agentes culturales los medios necesarios para llevarlas a cabo. Y quizás sea necesario que dejemos de pensar en que la cultura es para todos, fijándonos exclusivamente en aquellos que realmente la necesita, aunque sea escaso. Quizás sea necesario ajustar los presupuestos para adaptar la oferta a los gustos de cada audiencia, haciendo un esfuerzo común para revalorizar la creación artística mediante el auténtico talento. Y quizás sea necesario exigir a la institución pública renunciar a su participación espuria en el mercado cultural.


Quizás entonces, cuando no se vean atendidos, a muchos de los que hoy la desprecian les nazca la curiosidad.