¡Es la guerra!

Agosto de 2011 ya ha adquirido la entidad suficiente para aparecer en las cronologías, que servirán de guía a los historiadores del futuro para explicar a sus contemporáneos los hitos fundamentales de lo que con seguridad considerarán el mayor golpe conocido al estado del bienestar. El mundo desarrollado libra este mes una de sus batallas más intensas en la peculiar pero cruenta guerra que estalló el 2 de abril de 2009, tras la declaración formal de hostilidades al poder financiero que se produjo en la cumbre del G20 celebrada en Londres.

Allí, los países más desarrollados del planeta creyeron consolidar un plan de acción para hacer frente a una aparente crisis de los modelos económicos capitalistas vigentes durante la primera década del siglo XXI, motivada por los excesos de los mercados financieros amparados por gobiernos de inspiración ultraliberal liderados por la administración republicana en Estados Unidos. La catástrofe de las hipotecas basura en ese país se reveló como síntoma inequívoco del agotamiento del sistema monetarista adoptado por los estados por imposición del mercado global al que pertenecen, ya sea de forma individual o colectiva. Dicho sistema tenía su máxima expresión en las políticas de estímulo del consumo privado y de inversión inmobiliaria, aunque bajo esos grandes epígrafes se ocultara un modelo económico basado en la libertad de acción absoluta de los mercados financieros y su enorme dominio sobre las tesorerías nacionales. Los estados confiaron el desarrollo de sus sociedades a los mercados, sirviéndose de ellos para financiar sus proyectos y, al mismo ritmo, hipotecando su libertad de acción con una acumulación excesiva de deuda que habría de servir de arma al poder financiero para su previsible defensa ante un eventual cambio de rumbo en las acciones de gobierno, encaminadas a preservar el estado del bienestar.

La primera reunión del G20, en noviembre de 2008 en Washington, sirvió para que las atribuladas naciones acordaran una declaración de intenciones que, sin embargo, no suponía entonces un riesgo para la estabilidad de los mercados, toda vez que aún creían que éstos contribuirían a resolver un problema que consideraban solidario. Agotadas las medidas de distensión, meros guiños que incluyeron ingentes paquetes de ayudas estatales a los bancos para salvarlos de la quiebra y, por parte del mercado financiero, sacrificios rituales como el de Lehman Brothers o la intervención alemana de determinadas entidades lastradas por inversiones demasiado arriesgadas, pronto se comprobó que aquellos gestos no iban a evitar que estallara la guerra.

La rebeldía del gobierno islandés, al negarse a pagar la deuda que tenía contraída con bancos británicos, y el inicio de un proceso de profunda reconversión de su sistema financiero en el que no se contemplaba satisfacer al mercado financiero sino preservar la estabilidad presupuestaria del estado, y salvar así su modelo económico y social, desató los recelos y la ansiedad en el poder económico global que temía un contagio de otras economías, con el peligro cierto de una suspensión de pagos general que lo hubiese colocado en una situación muy delicada.

Las cumbres de Londres primero y Pittsburgh después, en las que las naciones morosas mostraron su intención de reformar el capitalismo con medidas contundentes de control de los mercados financieros, y la decisión de algunos estados de echar mano de su presupuesto para estimular la economía a base de grandes inversiones que generaran un aumento de la productividad y, con ella, del empleo, sirvieron para que el poder financiero iniciara su implacable ofensiva. Curiosamente fue en Estados Unidos, hasta entonces adalid del modelo ultraliberal y en ese momento gobernado por los demócratas, donde se inició esta vuelta a la economía social con varias iniciativas que inquietaron a los mercados. Sin embargo, el empeño de la administración de Obama por ampliar los derechos civiles contribuyó a debilitar su posición frente a la reacción del poder financiero. La costosísima reforma sanitaria y la reducción de los gastos en defensa, por poner dos ejemplos, trajeron consigo un aumento de la deuda y una progresiva reducción de las inversiones privadas en sectores productivos estratégicos -la intervención estatal de General Motors para salvar a la empresa de la quiebra fue un ejemplo manifiesto de esa decadencia-, y proporcionó nuevas armas al mercado que no iba a consentir que le hicieran perder el control sobre sus negocios y mucho menos mermar las posibilidades de obtener más riqueza. El fracaso de las medidas de estímulo se reflejó en un deterioro de la economía productiva y un aumento del paro, lo que elevó el descontento popular que fue bien aprovechado por sus rivales republicanos para recuperar el poder legislativo en el país y, además, convertirse en los garantes en Washington de los intereses de la oligarquía estadounidense.

Ese mismo correlato se repitió en todos aquellos países que imitaron la iniciativa. El aumento del déficit público causado por esas políticas presupuestarias mermaron la capacidad de los estados para hacer frente a la deuda pendiente con los inversores privados, y ese fue el flanco por donde los mercados han lanzado su ataque. En una acción conjunta sin precedentes, bancos, aseguradoras y fondos de inversión atacan sin piedad a los estados imponiendo su ley. Para ello han contado con el apoyo de las agencias de calificación, la ambigüedad de muchas naciones que aún disfrutan de solidez económica y una legión de especuladores sin escrúpulos ocultos en países gobernados por regímenes totalitarios o en paraísos fiscales; y se han aprovechado de los corsés políticos de los diferentes gobernantes, quienes anteponen sus intereses electorales a la necesidad de atender las necesidades generales de las sociedades que administran, y sobre todo de la debilidad de las instituciones supranacionales que, como la Unión Europea, se ven incapaces de consensuar medidas que atajen la presión de los mercados sobre algunos de sus miembros, al carecer de una norma común de obligado cumplimiento y quedar al arbitrio de los intereses particulares de los estados que la componen.

La caída en desgracia de Grecia, Portugal e Irlanda, y el asedio despiadado sobre España e Italia no son más que hitos de una cacería sin cuartel que ya se ha cobrado su pieza mayor, Estados Unidos. Y sólo la amenaza que se cierne sobre países como Francia o Bélgica puede dar lugar a una necesaria reacción de los estados soberanos frente a los ataques del mercado. Un contraataque que, sin embargo, tendrá poca relevancia si antes no participan en él países como Alemania, Holanda e incluso el Reino Unido, pues sólo de esa forma las instituciones comunitarias europeas dispondrán de los apoyos necesarios para diseñar una política común que fortalezca las economías nacionales, mediante medidas proteccionistas que contrarresten los ataques de los especuladores y permitan la estabilidad necesaria para garantizar el pago de la enorme deuda que acumulan los estados o, al menos, permitan la reestructuración de la misma de forma que se imponga la responsabilidad común de todos los implicados sin que sean los ciudadanos quienes deban sufrir las consecuencias más nefastas.

Esa reacción de las naciones necesita del concurso de otros países desarrollados como Japón, Canadá, Corea del Sur o Australia y otros emergentes como Brasil, India, México o Argentina, donde aún impera la libertad política. Todos ellos pueden acumular la fuerza suficiente para contrarrestar el avance de democracias imperfectas como las de Rusia, Sudáfrica o Indonesia, y tiranías como las que dominan Arabia Saudí y China. Lo paradójico es que son estos dos últimos países, junto a algunas dictaduras del Golfo Pérsico, los que se han convertido en tierras de promisión para Europa y Estados Unidos, controlando buena parte de la deuda soberana de estas naciones y determinando en buena medida el desarrollo de sus economías.

Triste futuro para las democracias tradicionales si han de someterse a los designios de los tiranos. No carece de ironía comprobar como los todopoderosos países desarrollados malvenden su estabilidad a quienes abominan de los derechos humanos, al ser incapaces de encontrar una vía común que les libre del acoso de sus acreedores. Una vez más la mezquina ambición paraliza a nuestros gobernantes sin que las innumerables víctimas que están causando sus indecisiones sirvan para recordarles que también ellos pertenecieron a esa masa que hoy contempla desolada cómo el mundo libre se aboca al abismo, incapaz de evitar la victoria de la dictadura del dinero.