Adiós a las ideas

Quizás alguna vez se sepa la cantidad de dinero gastada por los responsables de las instituciones públicas en mantener el aparato de propaganda que les permite conservar saludables sus opciones a revalidar el poder que ostentan, y que les confiere una situación social y económica privilegiada inalcanzable por sus propias capacidades. Quizás ese día, la ciudadanía que sufraga semejante disparate se sacuda la apatía y reclame lo que es suyo. Quizás ese día, renazca el espíritu crítico de una sociedad que hasta ahora contempla con indiferencia la indecencia y el mal gusto, la calumnia, la injuria y la banalidad impunes que se intercambian en pretenciosos concilios en los que participan individuos que, en otros tiempos menos permisivos y más selectos, permanecían apartados de los focos o recluidos en pequeños reductos sectarios e inmovilistas. Quizás algún día se aprenda a separar el grano de la paja, a detectar los abusos verbales y la manipulación interesada al servicio de una casta política carente de escrúpulos cuya única aspiración es el beneficio propio, empleando a la sociedad como coartada de sus desmanes. Quizás también ese día llegue demasiado tarde y el daño sea irreparable, por lo que es urgente tomar posiciones y desenmascarar a los farsantes, indentificándolos y mostrando sus vergüenzas.
Sin embargo, hay un obstáculo que hoy parece insalvable: la libre competencia de las empresas que se dedican a la información. ¿Es posible una información de calidad, un regreso a la controversia basada en las ideas y no en las ideologías, cuando las empresas de comunicación basan su futuro en la obtención de beneficios publicitarios determinados por la amplitud de las audiencias? ¿Es la búsqueda de la calidad una batalla perdida, cuando el común de la sociedad se debate entre la ignorancia y el sectarismo? ¿Cuál debería ser el primer paso que encamine la información hacía una vía de sensatez: la instrucción de la sociedad para que exijan unos contenidos adecuados, o que los medios abandonen el vasallaje desafiando al mercado con productos aceptables?
Es claro que en el ámbito privado difícilmente se puede encauzar la oferta hacia productos sanos si antes no se crea una audiencia que los exija, a menos que las autoridades impongan unas normas de conducta inasumibles en un estado de derecho donde la libertad de expresión es un dogma, por lo que deberían ser los propios medios quienes se regulen para adaptarse a un escenario ético más allá de la aceptación de la opinión pública; y, por supuesto, las empresas anunciadoras deben contribuir con sus inversiones a que esto sea así, alejándose de la tentación del beneficio rápido con productos refractarios a los valores morales esenciales.
Sería un ingenuo si pensara que ese proceso se puede convertir en realidad, pues poco o nada puede la moral con la codicia en un mundo excesivamente competitivo, donde no cabe el matiz ni la alternativa. Sólo en el campo de batalla de las audiencias es posible establecer una nueva opción y hacer cambiar el rumbo de los criterios que rigen los contenidos de los medios de comunicación privados. La institución pública asume un papel protagonista en este hipotético proceso, convirtiéndose en ejemplo o banco de pruebas que desarrolle el nuevo modelo de comunicación para luego perfeccionarlo y exportarlo. No quiero decir con esto que dicho modelo sea perfecto en su totalidad, aunque sí puede servir de sustrato para luego edificar sobre él una oferta adaptada a los criterios de estilo y comerciales de cada empresa. La experiencia de los medios estatales en los últimos meses es un claro exponente de que el modelo informativo desapasionado es posible: las crecientes audiencias avalan una oferta de servicio público donde caben el entretenimiento, la información, la divulgación y el debate sin menosprecio de la calidad, con un desarrollo adecuado de las nuevas tecnologías y una variedad de contenido y pluralidad de opiniones sin parangón. Esta es la mejor forma de instruir los gustos y las necesidades informativas de la opinión pública, para desarrollar su espíritu crítico y sus exigencias de calidad.
Todo lo contrario sucede en los medios de comunicación públicos dependientes de las comunidades autónomas, pues al concebirlos como entes de gestión privada tutelados por la gobernación de turno, se les conduce a un estado de profunda esquizofrenia que resulta inconcebible, por cuanto el gestor empresarial ha de servir en exclusiva a unos intereses partidistas que condicionan los contenidos y los criterios de selección de opiniones. Los medios públicos se convierten así en parte de ese fabuloso aparato de propaganda al servicio de la opción política gobernante, proponiendo un modelo que se nutre de la avidez del sector privado y la complacencia de la inversión pública y creando un estado de clientelismo feroz en el que los anunciadores se ven atrapados en una red de favores que reporta una rentabilidad insignificante, ya que las audiencias no acompañan al esfuerzo denodado por cautivarlas. El resultado es una ruina para las arcas públicas y el empobrecimiento de la calidad informativa intolerable.
Sólo privando al gobernante de turno del control absoluto del funcionamiento de los medios de comunicación públicos, mediante fórmulas de arbitraje, control y auditoria por parte de profesionales independientes y capaces, sería posible impedir que estos organismos se conviertan en foros de adoctrinamiento y coacción en manos de individuos indocumentados, serviles, sectarios y zafios. Y todo pagado con el esfuerzo de una sociedad que tiene la obligación de demandar cordura y eficiencia, o al menos la atención que costea. No se puede justificar esta destrucción de la realidad con la coartada del empleo y la libertad de expresión, porque todas las libertades tienen sus límites y, en este caso, el tope está en el respeto a la pluralidad al que están obligadas todas las instituciones públicas.