Riesgos calculados (o eso quiero pensar)

"Ahora que andamos despacio, vamos a contar mentiras.
Por el mar corren las liebres; por el monte, las sardinas".

Quiero pensar que los individuos a quienes los ciudadanos hemos concedido la confianza necesaria para conducir con sensatez la administración pública, hayan calculado bien los riesgos ante una de las crisis socioeconómicas más graves que se han conocido en la Historia del mundo civilizado. Porque sería insensato mantener un discurso esperanzador cuando lo que hace falta es una dosis de coraje inusitada, incluso en perjuicio de un estado del bienestar que ha quedado en entredicho por el control absoluto de algo tan difuso e inabarcable como es el mercado. Los responsables políticos deben plantearse de inmediato si a lo que se aspira es a salvar las estructuras del Estado o supeditarlo a las decisiones de organismos supranacionales, que sólo buscan la estabilidad de un mercado global cautivo de los especuladores.
La naturaleza del dinero se ha difuminado en una niebla de operaciones financieras incontrolables que se llevan a cabo en ignotos espacios, dominados por intereses depredadores que no atienden a la rentabilidad futura sino al beneficio inmediato. Quiero pensar que aún no es tarde para reunir las piezas de la soberanía nacional y recomponer el estado social, al que se debe someter el estado financiero. No al revés. Y para ello, el reconocimiento de la fuerza de trabajo es fundamental, pues un Estado que desprecia a sus trabajadores en beneficio de los inversores jamás podrá prosperar. El capital humano sigue siendo fundamental para el desarrollo económico de los estados, y es necesario cuidarlo en extremo ante las exigencias de un mercado sin escrúpulos que exige menores costes laborales y fiscales.
¿A qué esperan las instituciones europeas para blindar los mercados nacionales de sus miembros? A menos que el fin que se persigue sea precisamente el hundimiento de las economías estatales para rebajar los costes que permitan a las corporaciones invertir con garantías de beneficio, despreciando los derechos laborales y exigiendo unos sacrificios excepcionales a la población con la coartada de la creación de empleo, no entiendo esta pasividad y mucho menos los mensajes esperanzadores en un momento de evidente incertidumbre. Es como ese capitán de barco que aún anima a su tripulación a quedarse en la nave a pesar de que el agua le llega al cuello. ¿Cuándo le haremos frente al enemigo? La fiesta acabó y la basura se acumula; no habrá otra fiesta igual y si la hay los invitados serán muchos menos y más selectos. ¿Dejaremos que se diviertan a nuestra costa una vez más, a cambio de unas cuantas migajas que duran poco y no alimentan nada?
La casta política, que nunca debe olvidar que ocupan esos cargos porque el pueblo así lo ha decidido, debe saber que la paciencia tiene un límite y las reacciones sociales de Francia, Inglaterra, Grecia y ahora Irlanda no son más que ensayos generales de lo que puede suceder si se aprieta demasiado el dogal. El paro no es más que una consecuencia, pues en números absolutos son más los que aún disfrutan del empleo que los que ya no saben si volverán a tener otro, pero la amenaza está ahí y es fruto de inquietud, decepción y suspicacia. Matices que no ayudan a procurar la competitividad necesaria en una economía. Esos riesgos acechan por doquier y los gobiernos deben ser conscientes de que todo puede estallar en cualquier momento. ¿Han calculado ese riesgo o seguirán mintiendo tenazmente?
Los acontecimientos que ilustran esta decadencia del sistema capitalista occidental refuerzan mi certeza de que la casta política ha sido la principal responsable de esta situación. Los bancos, consumidores, mercados y demás agentes de la globalización interpretaron el papel que se les asignó con una eficiencia digna de encomio, por lo que ahora no se les puede señalar como los únicos responsables de un desastre más que anunciado. Los estados aceptaron el frenesí de sus administrados como esos padres que se resignan a que sus hijos molesten a los vecinos con sus juegos, apelando a la inconsciencia de la criatura sin ocultar una mezquina satisfacción al ver como va aprendiendo nuevos hábitos; si el niño causa por fin algún desperfecto no le deberían culpar ante las quejas de los vecinos con aquello de que el pobre no sabe lo que hace. Algo así parece suceder ahora: los bancos ejercieron su negocio, los consumidores aprovecharon las ofertas y el mercado las posibilidades. ¿Qué hacían los Estados mientras los niños alborotaban? Complacerse de lo bien que crecían y lo mucho que aprendían. Ahora tenemos adolescentes maleducados y obesos, que presionan a los padres para que les devuelvan todo aquello que han perdido en el camino o, al menos, les proporcionen otro hogar para destruir. Una ruina, en definitiva.
La resolución de este problema es muy compleja y probablemente carezca de resultado, sobre todo cuando los padres de la criatura están en permanente gresca. Es lamentable que desde que en 2008 se declarara formalmente esta crisis, aún no se haya producido al menos en España ese gesto de grandeza política tan necesario para devolver la confianza a la sociedad, y los partidos estén aún inmersos en un combate tan agresivo como insustancial. ¿Esperan quizás a que los especuladores acaben declarando el combate nulo y los luchadores deban ser atendidos en el mismo hospital y con los mismos medicamentos, mientras el público se marcha a sus casas decepcionado y con la sensación de haber perdido el dinero de la entrada?
Si eso sucediera y España se viera conducida al abismo del rescate financiero, ya no sería aceptable la apatía de una sociedad demasiado confiada. La reacción sería inevitable y necesaria, aunque aún estamos a tiempo de demandar decisiones colegiadas que contribuyan a salvar los pocos muebles que aún quedan en este hogar en ruinas.
Solo un plan consensuado, más allá de intereses electorales, sobre las medidas necesarias para fortalecer la estructura económica y social española, sería un buen paso en el camino de la solución. Ya no cabe la pugna, es necesario que los luchadores vuelvan a sus rincones, reflexionen y decidan acabar con este combate de desgaste que fatiga a la audiencia. Ninguna aspiración política justifica la destrucción de un país, y si quienes tienen el deber de aceptarlo no lo hacen tendrá que ser la sociedad la que se lo demande.