El fin de la cultura

La cultura no es un derecho, es una opción. Sólo desde el conocimiento se puede obtener la aptitud necesaria para comprender y valorar las manifestaciones culturales ajenas e incluso, con los debidos estímulos, lograr producir las propias. La educación -y no estrictamente en su concepción académica- es el medio indispensable para alcanzar la cultura como fin. Creer y, más aún, concebir y presentar la cultura como un medio de excelencia es un error esencial que confunde a los individuos y los compartimenta, pues no son pocos los que hasta hace muy poco tiempo los que se sentían excluidos del desarrollo social por su escasa o nula formación cultural. Ese es el motivo por el cual, al irrumpir las leyes del mercado en el ámbito cultural y adaptar la oferta a una demanda difusa, muchos grupos sociales ajenos hasta ahora a la cultura se han visto habilitados para imponer unos gustos que contribuyen a banalizar la producción cultural. En este caso no es la audiencia la que se debe adaptar a un producto cultural objetivamente aceptable sino al revés, lo cual empobrece la oferta y, lo que aún es peor, impone unos criterios de rentabilidad en los que la calidad adquiere un significado laxo y cuestionable.
El error primordial en el proceso de democratización de la cultura radica en su adaptabilidad a una demanda poco instruida, desinformada y complaciente. No sería un problema si se supiera delimitar los conceptos de cultura y espectáculo, creación y entretenimiento, pero la soberbia del mercado impone unas reglas que reducen el ingenio a la nada en favor de propuestas comprensibles por la gran masa, y esas reglas han borrado cualquier frontera sometiendo a la cultura al imperio del espectáculo, y reduciéndola a espacios apartados, minoritarios y poco rentables.
Cómo se explica si no que los artistas más denostados por la crítica especializada (no la advenediza y servil) sean los que más reconocimiento reciben de la sociedad y de las instituciones que la representan (medios de comunicación, organismos públicos y privados que incorporan la cultura como un elemento estético a sus ofertas pero que acaparan la atención mayoritaria del público). La cultura-producto se convierte así en un arma poderosa para aniquilar el desarrollo del sentido crítico de una sociedad que no aspira más que a saciar sus necesidades de ocio con propuestas banales e insustanciales, que se consumen sin esfuerzo y se olvidan con rapidez sin dejar apenas huella ni lograr el propósito esencial de cualquier manifestación artística que es el desarrollo del conocimiento.
Como en otros sectores económicos, la cultura-producto se gestiona desde un número muy reducido de empresas, que controla todo el proceso productivo y se reparte el mercado y los gustos imponiendo tendencias bien calculadas con la seguridad de un consumo tan masivo como fugaz. Alrededor de estos núcleos empresariales orbita toda una constelación de negocios que van desde los que aspiran a ocupar un riconcito entre los elegidos produciendo la misma basura que ellos aunque con menos medios de promoción, hasta los que intentan mantener las esencias de la creación artística con grave riesgo de sus rentas personales, una visibilidad escasa y siempre al borde de la ruina. En medio se encuentra el auténtico grueso de esta especie de disidencia, que transita entre el deseo y la evidencia sumidos en un profundo cinismo que les lleva a predicar las bondades de la auténtica creación a la vez que se afanan por encontrar fórmulas que atraigan al mayor número de consumidores.
Esta estructura es diáfana en el mundo editorial. Frente a los grandes grupos que controlan el mercado de masas con ofertas sonrojantes, se encuentran los miles de pequeños sellos que intentan sobrevivir con propuestas tan interesantes como minoritarias que, no obstante, han de superar unos determinados controles de calidad ya sean marcados por el prestigio del autor (aunque se trate de una obra menor) o por la propia obra en sí (aunque sea una reedición con un nuevo formato y con algún prólogo ad hoc). No queda mucho margen de maniobra para los neófitos o desconocidos, a menos que recurran a editoriales ignotas con un recorrido muy corto. No quiero decir con esto que la labor editorial de todos estos sellos sea menos digna de encomio, sencillamente constato las dificultades que un mercado adocenado impone a una labor audaz que pretende diversificar la oferta y proponer opciones mucho más enriquecedoras para el público.
Sin embargo, un peligro se cierne sobre la creación cultural cuando el artista adapta su ingenio a las exigencias del mercado. No pocos son los creadores que en el deseo de que su obra adquiera visibilidad, se valore y la compren renuncian a sus verdaderas capacidades para producir obras que en absoluto reflejan su genio, en beneficio de la demanda. Ese es un mal que se extiende con demasiada rapidez en un mundo tan mercantilizado como éste y puede ser lo más destructivo que haya conocido el arte en toda su historia.
El mercado es implacable, pero así son sus leyes y en un sistema capitalista no hay mucho más que hacer que echar mano del ingenio y el esfuerzo para hacerse un hueco en él. El inconveniente más grave se produce cuando irrumpe en este mercado el poder público como un elemento activo con un alto poder desequilibrante. Las políticas culturales basadas en el proteccionismo han derivado en una de las versiones más dañinas y perversas de la acción pública en la cultura, tal es un pertinaz e impúdico intervencionismo que ha diseñado un nuevo escenario en la producción cultural marcado por el clientelismo. Lo que empezó con una política de estímulo y apoyo a la producción cultural se ha convertido en una opresiva dependencia que condiciona el desarrollo de la industria cultural con el desagradable contagio a la creatividad. Hoy no hay gestor o empresa cultural que no dependa de las ayudas públicas en su más diversas formas, y ese vasallaje se ha convertido en un arma aniquiladora en manos de determinados políticos para formar un cortejo a mayor gloria de sus aspiraciones personales o de los intereses del partido al que pertenece.
El poder público se habría de conformar con proporcionar al mercado consumidores de cultura instruidos y con sentido crítico mediante programas educativos que aprecien los conocimientos necesarios para valorar la creación artística en todas sus disciplinas, y gestionar con eficiencia los recursos necesarios para que la sociedad pueda acceder a dichos conocimientos y los creadores logren desarrollar sus capacidades con la garantía de poder afrontar las exigencias del mercado con posibilidades reales. Esto se logra mediante el mantenimiento con buena salud de museos, bibliotecas, archivos, filmotecas, etc. y estimulando la formación de grupos de lectura, talleres de escritura, música, teatro, artes plásticas, así como los centros especializados en dichas disciplinas con medios y profesionales apropiados, con el fin de que quienes demuestren sus capacidades puedan desarrollar unas técnicas adecuadas que sirvan como alimento a su creatividad. Y todo sin menosprecio de que los artistas puedan encontrar espacios públicos donde mostrar al público sus obras a cambio de un coste al alcance de cualquiera o bien con actividades abiertas aunque puntuales que sirvan para mostrar la grandeza de esa creación. Así se presentaría la cultura como una opción universal, democrática, que puede ser disfrutada por todo aquel que se sienta atraído por esas actividades o despertar el interés en aquellos a quienes les ha sido vedada o la sienten como algo lejano y extraño. Es una labor ardua que con la adecuada constancia puede conducir al éxito.
Sin embargo, el poder público ha preferido introducirse en la industria cultural como parte activa, despreciando esa cultura de base e imponiendo unos criterios mercantilistas fundamentados en la audiencia. La institución irrumpe en la cultura desde una posición ventajista al sustentar su apuesta con dinero público, convirtiéndose así en un competidor casi invencible y, sobre todo, desleal. El gestor público parte de unos criterios tan fatuos como peligrosos para lograr su propósito: máxima audiencia satisfecha. Contratar a los artistas más conocidos. Pero ser conocido no quiere decir que sea bueno. Invertir todo el dinero que haga falta. Aunque está claro que un mercado libre los precios se regulan en virtud de la oferta y la demanda, existen unos límites que muy pocos profesionales están dispuestos a traspasar a menos que quieran poner en riesgo sus cuentas y su prestigio, por lo que no siempre es el dinero lo que determina la participación de un artista reconocido; tampoco es necesario hacer grandes inversiones en infraestructuras cuando las administraciones disponen de establecimientos adecuados para llevar a cabo dichas actividades. Todo gratis. La única forma de valorar el esfuerzo de un artista es pagar por disfrutar de su obra, aunque el precio sea mínimo.
Todo ello contribuye a pervertir el mercado. No hay administración pública que no gestione su programa cultural a cargo del presupuesto, lo que contribuye a fijar unos precios que no pueden asumir los gestores privados y atraer a una audiencia que jamás conseguirá un establecimiento privado. Para un gestor cultural particular es muy difícil competir con semejante adversario. En primer lugar porque son mucho menos que las administraciones, y más cuando para llevar a cabo cualquier iniciativa debe recurrir al poder público para obtener los correspondientes permisos. ¿Por qué entonces no se oponen? Por una razón de vasallaje. La administración pública recurre a la iniciativa privada para llevar a cabo sus programas a cambio de sustanciosas concesiones que permiten al empresario asegurar su cuenta de resultados. Este clientelismo ha marcado el desarrollo de la industria cultural en los últimos diez años como jamás antes se había conocido, si bien ese magnífico edificio se asentaba sobre unos cimientos muy endebles. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Las dificultades económicas por las que atraviesan las administraciones públicas tienen un reflejo evidente en los recortes de sus presupuestos culturales y en los retrasos a veces inasumibles del pago de las deudas contraídas con los concesionarios de dichas actividades. Sin embargo, la férrea dependencia forjada en todos estos años ha traído como consecuencia la imposibilidad del desarrollo de la industria cultural desde la iniciativa privada en exclusiva. No existe un tejido financiero apropiado para costear todas las actividades que en otro tiempo se llevaban a cabo y, por lo tanto, han ido desapareciendo en perjuicio de una industria que ve ahora cómo no encuentra una demanda suficiente para sus productos por sencillos y banales que sean. El tejido cultural languidece en un páramo de incertidumbre y miseria tan solo sostenido por el empeño de algunas administraciones que se resisten a resignarse a la evidencia, gracias al apoyo de cajas de ahorros y fundaciones militantes que han de pagar favores de otros tiempos.
Otra consecuencia, acaso más nefasta que las anteriores, de este declive de la acción pública ha sido el concepto de cultura que ha arraigado en la opinión pública como un medio de notoriedad para unos cuantos arribistas que han quedado como los garantes de las esencias artísticas gracias al apoyo arbitrario de los responsables políticos, o bien un instrumento para el enriquecimiento de los responsables de los fastos de antaño mediante operaciones financieras sospechosas, e incluso una vía de adoctrinamiento para las masas a causa de unos contenidos adaptados al ideario del partido que ostenta el poder en cada momento. En definitiva, un empobrecimiento de la cultura-producto y una aniquilación de la cultura-concepto.
Pero el resultado más decepcionante, inquietante e irritante ha sido la destrucción del tejido cultural de base en beneficio de grandes acontecimientos de masas cuya coartada ha sido la promoción de los atractivos de un territorio determinado, y que no han dejado más huella que un soplo. Horroriza contemplar cómo todos los establecimientos destinados a la formación cultural de la población van desapareciendo por abandono o descapitalización después de que se hayan invertido cantidades astronómicas en actividades tan descomunales como inanes que han reportado pingües beneficios profesionales y económicos a determinados grupos de políticos y empresarios, a cambio de la ruina de la mayoría de gestores y el desprecio a la sociedad y a los artistas que no se han postrado ante ellos. Sólo hay que analizar los números para comprobar este desastre.
Hace tiempo que tengo claro que la cultura no es competencia de los políticos, que deberían desaparecer las concejalías, consejerías e incluso el ministerio de Cultura, que la institución pública debe disponer los medios necesarios para el desarrollo del conocimiento y la creatividad para que el pueblo se forme, se instruya, adquiera la sabiduría, el criterio y el sentido crítico que servirán de equipaje en su viaje en busca de la cultura.